Luciano Gómez arremete contra los ecologistas por cuestionar un proyecto «solvente» con «ardiles burocráticos»
El sindicato UGT ha salido al paso de la anulación, por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), de la Autorización Ambiental Unificada (AAU) concedida por la Junta de Andalucía para la explotación de la mina de Riotinto en 2014, un hecho que, pese a que Atalaya Riotinto Minera, la empresa que opera en la mina, aseguró que sólo pone en cuestión «cuestiones formales» y no tendrá efectos sobre la actividad minera, es en cambio, para UGT, motivo de «preocupación para el presente y el futuro económico de una comarca sustentada principalmente por esta actividad».
Así lo ha advertido el propio sindicato. El secretario general de UGT-FICA Huelva, Luciano Gómez, ha tachado la sentencia judicial del TSJA como «un inesperado jarro de agua fría para nuestra provincia y un motivo de preocupación serio», hasta el punto de que ha indicado que ello puede generar «un posible cierre de la mina, aunque sea temporal», lo que a su vez, añade, sitúa en un «horizonte incierto» a los 1.500 trabajadores que a su entender genera la mina entre puestos directos, indirectos e inducidos, quienes «temen volver al vivir el fantasma del paro», agrega.
Desde UGT no esperaban que «después de un proceso exigente, lento y muy complicado, con una Junta de Andalucía muy vigilante, nos encontremos a día de hoy con estos problemas administrativos», han señalado desde el sindicato, que también ha indicado que incluso hubo movilizaciones de los trabajadores en el momento del proceso de la autorización medioambiental por el gobierno autonómico.
El sindicato arremete directamente contra el movimiento ecologista, ya que fue Ecologistas en Acción la organización que solicitó la supresión de la AAU. «No es lógico que un proyecto que está funcionando de manera solvente se esté cuestionando por el movimiento ecologista con ardides administrativos y/o burocráticos que perjudican gravemente la estabilidad en el empleo de cientos de familia en una de las zonas más de deprimidas de Europa», ha insistido Luciano Gómez.
Desde UGT-FICA critican «el extremismo alarmista y catastrofista» con el que los ecologistas, a su juicio, manejan los aspectos industriales de la provincia de Huelva, pues considera que «lo único que consiguen es que los únicos perjudicados sean los trabajadores y trabajadoras que pierden sus empleos traumáticamente», apunta el secretario general de UGT-FICA.
En este sentido, el sindicato emplaza a la empresa y a la Junta de Andalucía a que hagan bien los deberes y este asunto quede zanjado rápidamente, al tiempo que anuncia que, por parte de la representación de los trabajadores, se hará una ronda de contactos con los políticos y las administraciones de la zona para mostrarles «nuestro apoyo y pedir una solución inmediata, no descartando tener que movilizarnos para conseguirla», concluye.
La sentencia del TSJA, tal y como informó Tinto Noticias a través de esta publicación, no realiza ningún reproche a la actuación de la empresa minera, pues sólo se basa en que no se sometieron a información pública algunos de los documentos presentados por la compañía. Por su parte, la empresa destacó que la anulación de la AAU no afectará a la actividad minera y que sólo obedece a «cuestiones formales», como se indica en esta información, una tesis compartida también por la Junta de Andalucía, que anunció la presentación de un recurso contra la sentencia judicial, tal y como informó este periódico a través de esta publicación.