Vecinos todos de la Cuenca Minera de Riotinto, fueron las primeras víctimas del Golpe de Estado franquista en todo el territorio español
El Golpe de Estado franquista, del que hace unos días se cumplía el 84 aniversario, provocó numerosos asesinatos de vecinos de la Cuenca Minera de Riotinto, los primeros el 19 de julio de 1936 en La Pañoleta (Camas), donde perdieron la vida un total de 16 personas de la comarca, todos pertenecientes a la Columna Minera.
Así se denominó al dispositivo organizado por el Gobierno de la República para acabar con el alzamiento franquista, para lo que los integrantes de la Columna Minera partieron desde Nerva en dirección a Sevilla, pasando por varios pueblos como Valverde del Camino o San Juan del Puerto, donde se iban incorporando nuevos miembros.
Sin embargo, poco antes de su llegada a la capital hispalense, en el municipio sevillano de Camas, sufrieron una emboscada promovida por quien en principio era el máximo responsable de la columna, el comandante León Gregorio Haro Lumbreras, que traicionó con ello a las autoridades republicanas de Huelva y cumplió las órdenes del golpista Gonzalo Queipo de Llano Sierra.
La emboscada dio al traste con el cometido de este dispositivo y acabó con la vida, ese mismo día, de 16 integrantes de la columna, todos ellos de la Cuenca Minera de Riotinto. Sus nombres son Ricardo Caballero Calleja, de Riotinto (41 años), Bernardino Díaz Vázquez, de Riotinto (39 años), Andrés García Llanes, de Nerva (26 años), Francisco Iglesias Monterrubio, de Riotinto (30 años), Felipe Jara Maya, de Nerva (37 años), Cayetano Muñoz Maestre, de Riotinto (25 años), Domingo Pachón ¿?, de Riotinto (24 años), José Palma Pedrero, de Riotinto (35 años), Domingo Pavón Fernández, de Riotinto (25 años), Joaquín Piedad Lorenzo, de Nerva (26 años), Policarpo Rodríguez Requejo, de Riotinto (27 años), y Francisco Salgado Mariano, de Riotinto (35 años).
A ellos hay que sumar otros cuatro asesinados de los que aún se desconocen sus nombres, pero no la edad aproximada, fijada en el informe forense en 20, 25, 40 y 45 años. Además, cabe resaltar que de esos 16 asesinados, 14 perdieron la vida en La Pañoleta y, otros dos, Andrés García Llanes y Joaquín Piedad Lorenzo, en el municipio vecino de Sanlúcar la Mayor, a donde llegaron ya malheridos en su intento de huida.
Estas fueron las primeras 16 personas que perdieron la vida como consecuencia del Golpe de Estado del 18 de julio del 36 no solo de la Cuenca Minera de Riotinto, sino también de toda España, pues fueron los primeros asesinados por los golpistas en todo el territorio nacional, con lo que se convirtieron en los protomártires españoles de la Democracia Republicana.
Con estos 16 asesinados, TINTO NOTICIAS -El periódico de la Cuenca Minera de Riotinto- inicia una serie en la que dará a conocer los nombres de todas las víctimas del Golpe de Estado conocidas hasta el momento en esta comarca, para lo que este periódico se basará en las investigaciones publicadas hasta el momento y recopiladas para esta redacción por el presidente de la Asociación de Memoria Histórica de la Provincia de Huelva y autor de la obra ‘Memorias Recuperadas. El Campillo-Salvochea’, Fernando Pineda.
Una de las figuras imprescindibles en la de la explotación de las Minas de Río Tinto ha sido LIEBERTO WOLTERS VONSIOHIELM – (Estocolmo, 1665 – Riotinto, 1727).
Las minas llevaban unos 1.300 años sin trabajarse, desde el tiempo de los romanos, y Lieberto Wolters solicitó al Rey Felipe V la concesión para la explotación de las minas, creando una sociedad denominada “COMPAÑÍA DE LAS MINAS DE RIO TINTO Y ARACENA”.
Su nombre original era LIEBERT WOLTERS VON SJÖHJELM y al transcribirse al castellano se le modificó el apellido materno por otro más legible, Vonsiohielm.
Se ignora la causa que de haber venido a España a principios del siglo XVIII, pero lo que se sabe es que formó parte en la guerra de Sucesión española.
En 1719 se hallaba en Vigo ejerciendo el oficio de buzo, a través de una compañía que pretendía extraer del fondo de las Rías Bajas, las riquezas que aportara desde América la Flota de Nueva España al mando del general Manuel Velasco, hundida en 1702; la más rica que había venido de América, con 20 millones de pesos en plata y otros tantos en valor de las mercancías.
El hundimiento de la flota de barcos llegado desde las Indias Occidentales se conoce como la Batalla de Rande, situada en el estrecho de Rande, en Redondela, en la ría gallega de Vigo. Una batalla entre la flota anglo-holandesa contra la flota hispano-francesa, ocurrida el 23 de octubre de 1702, y en la que participaron 90 navíos, más de 3.000 cañones y murieron unas 2.000 personas entre los dos bandos. Tal fue la repercusión que tuvo esta batalla, que cuando la noticia del Desastre de Vigo se extendió por todo el país, provocó que cundiese el pánico entre la ciudadanía. Casi todos pensaron que toda la plata se había perdido y por ese motivo se crearon las “Cajas de Socorro y Montes de Piedad”, como es el caso de CajaMadrid, creada el 3 de diciembre de 1702.
Flota hundida en el estrecho de Rande. Grabado de la época. Archivo General de Indias. Publicada por Instituto de Estudios Vigueses.
Pasados los años de esa batalla, el 25 de marzo de 1719 Lieberto Wolters, que tenía conocimientos de mecánica y era de carácter emprendedor y atrevido, elevó al Rey Felipe V solicitud de Autorización para buscar y extraer el gran caudal oculto bajo las aguas; Concesión que se le otorgó por 300 ducados.
Se formalizó el asiento escritura por término de tres años, con el compromiso de entregar a las Cajas Reales la tercera parte del valor de cuanto sacara del fondo de la bahía.
Para los trabajos, Wolters adquiere el navío “Duque de Gloston” que le costó 630 reales, barato para la época. En este barco instala una plataforma y la maquinaria necesaria para la inmersión de 3 buceadores, llegados desde Suecia. De esta forma, desde la plataforma trabaja con una campana de madera forrada de cobre. Wolters había ideado un traje de cuero para bucear y un casco conectado a una larga manga que llegaba hasta la superficie.
Placa de cobre con instrucciones. Museo del Mar de Galicia. Publicada por Instituto de Estudios Vigueses.
La fotografía anterior es una placa de cobre que estaba en la campana que utilizaron los buceadores de Wolters. Está escrita en ruso antiguo y en ella están grabadas las indicaciones para comunicarse los buzos con la superficie.
En 1721 Wolters es denunciado tanto por vender mercancía que luego no saca de la ría, como por emitir acciones de su compañía que no obtiene beneficios. Durante esos años había extraído de las profundidades varios cañones de bronce y de hierro, anclas, tablas, balas y palanquetas, con alguna que otra moneda suelta adherida, tasándose en 3.068 reales de vellón los efectos que se habían de repartir.
Grabado de 1871. Los Galeones de Vigo. Ediciones RP 2005. Yago Abilleira Crespo
A pesar de ello, sus problemas económicos se acentuaron y LIEBERTO WOLTERS traspasó los derechos de la cédula de concesión a uno de sus socios.
Después de este infructuoso éxito, a finales de 1722 LIEBERTO WOLTERS se retiró a Madrid viviendo pobremente bajo la protección del embajador de Baviera, al cual le había conocido en Vigo, prendándose de la honradez y excelente trato.
Durante esa época WOLTERS se había quedado sorprendido de la cantidad de minas de oro y de plata que había en España y quiso seguir la huella de las incalculables riquezas que habían conseguido los Condes Fúcares que con Felipe II abrieron las minas de Guadalcanal.
De esta forma, LIEBERTO WOLTERS a sus 60 años de edad, solicitó en 1725, a su majestad el Rey Felipe V, el arriendo por 30 años de las Minas de oro y plata de Guadalcanal, Rio Tinto, Cazalla, Aracena y Galaroza.
LIEBERTO WOLTERS se fue a vivir a la Aldea de Rio Tinto, hoy Nerva, que en aquella época contaba con 80 habitantes y logró el objeto de su instancia; Como decía Rúa Figueroa, se creía con suficiente inteligencia, práctica y capacidad para el desagüe de las minas inundadas y formó las bases para la creación de una compañía para la explotación de las citadas minas.
El Asiento o Real Cédula de concesión de las minas fue suscrito el 16 de junio de 1725 por el Rey con la sola condición de que a su término pasasen a la Real Hacienda todos los edificios, ingenios y demás utensilios que allí se hubiesen establecido.
En septiembre de ese mismo año Wolters publicó un folleto de 25 páginas que tituló MANIFIESTO en el que insertaba el Asiento celebrado con el Gobierno precedido de las riquezas de las 5 minas y así llamar la atención a posibles socios para la creación de su empresa y explotación de las minas.
A este Manifiesto acompañaba Wolters las condiciones para la formación de la compañía compuesta de 2.000 acciones a 50 doblones de a dos escudos de oro cada una, reservándose el asentista 700 acciones (libres de todos gastos) y con ellas la presidencia de la Sociedad y la facultad de nombrar un Director, un Veedor, un Contador y un Tesorero.
Llegaron a inscribirse más de 60 interesados, entre ellas muchas damas de la corte. Aunque este proyecto fue rudamente impugnado, prodigando a su autor toda clase de epítetos y punzantes epigramas, calificándolo de embustero, estafador y hereje (por ser de otra religión distinta a la católica).
Folletos publicados en noviembre de 1725 en contra del proyecto de Wolters.
La empresa creada, una de las primeras sociedades anónimas españolas se llamaba “COMPAÑÍA Y ASIENTO DE LAS MINAS DE GUADALCANAL, CAZALLA, ARACENA, GALAROZA Y RIO TINTO”.
Con las 700 acciones que tenía Wolters le establecía el derecho a poder contratar a los empleados. En diciembre de 1725 solo había podido colocar la mitad de las 2.000 acciones ofrecidas.
Una vez colocadas todas las acciones, en tan solo 5 meses de 1726 se convocaron más de 28 Juntas Generales de Accionistas de la Compañía; los socios rivalizaron para ser elegidos directivos y estaban en contra de Wolters por que tenía el poder de una de las minas más valiosas de España. Para ello contrataron al ingeniero alemán Roberto Shee para realizar un informe sobre las diferentes minas del Asiento y emitir una valoración sobre la Concesión.
Wolters había comprado en el extranjero dos bombas para desaguar las minas y comenzar la explotación junto con varios trabajadores llegados desde las minas de Shala en Suecia, pero como los accionistas no se ponían de acuerdo y no tenía dinero para pagar el transporte de la maquinaria ni los salarios de los trabajadores, tuvo que empeñar sus joyas para realizar estos pagos y comenzar los trabajos.
En medio de todo este desorden, desesperado Wolters pidió la intervención al Consejo de Hacienda para resolver las continuas disputas y la respuesta fue a través de un real decreto del 4 de julio de 1727 por el que se disolvía la compañía y se creaban dos empresas nuevas. Una compuesta por todos los socios menos Wolters, que le concedían las minas de Guadalcanal, Cazalla y Galaroza, denominándose “COMPAÑÍA ESPAÑOLA”.
La otra compañía estaba formada solo por Wolters con las 700 acciones que poseía, constituyéndose la empresa que llevaría por nombre “COMPAÑÍA DE MINAS DE RIO TINTO Y ARACENA”.
Pueblo de Riotinto a principios del S.XX
Una copia de este decreto llegó a manos de LIEBERTO WOLTERS pocos días antes de su muerte ocurrida el 26 de julio de 1727 y al conocer su contenido nombró a su sobrino Samuel Tiquet (uno de los obreros llegados desde Suecia) heredero y sucesor de la compañía. Tiquet, al igual que su tío Wolters, no llegó a casarse, ni a tener descendencia.
A pesar de que Samuel Tiquet tuvo un comienzo muy difícil respecto a las propiedades de los terrenos, la producción y el accionariado, en 1747 contrata como administrador a Francisco Tomás Sanz y reinicia la producción de cobre a unos niveles espectaculares.
LIEBERTO WOLTERS VONSIOHIELM fue sepultado en la falda sur del Cerro de Salomón, en el camino que conduce desde el Cerro de las Vacas a la fábrica de Planes. Hasta la llegada de los ingleses en 1873, el sitio de su sepultura era conocido como El Hoyo de D. Liberto.
Cerro de las Vacas. Joaquín Ezquerra del Bayo – 1852
LIEBERTO WOLTERS puso las bases hace 295 años para la creación de una gran empresa y aunque no llegó a conocer el gran potencial que suponía Rio Tinto, con el tiempo se transformó en una de las mayores empresas mineras del mundo y su nombre sonaría y aún suena por toda la esfera mundial.
BIBLIOGRAFÍA
– Abilleira Crespo, Y. – 2005. Los Galeones de Vigo. RP Ediciones. – Aldana, L. – 1875. Las minas de Rio Tinto en el transcurso de siglo y medio. Estab. Tipográfico de Pedro Núñez. Madrid – Avery, D. – 1985. Nunca en el cumpleaños de la reina Victoria. Editorial Labor. – Instituto de Historia y Cultura Naval. Tomo 6 -Desastre en Vigo. – Maffei, E. y Rúa Figueroa, R. – 1872. Apuntes para una Biblioteca Española. Imprenta J.M. Lapuente. Madrid – Patiño Gómez, R. – 2019. Instituto de Estudios Vigueses. Revista nº 24 diciembre 2019. Personajes de Rande. – Rúa Figueroa, R. – 1859. Ensayo sobre la historia de las Minas de Rio-Tinto. Imprenta viuda Antonio Yenes.
Dicen que las penas, compartidas, son menos penas. Pero yo no estoy de acuerdo con esto. Porque hay penas, dolores e injusticias que resulta imposible hacerlas más pequeñas; por más tiempo que pase y por más que se compartan. Más bien se hacen más grandes, más injustas y dolorosas cuando descubres que se repiten. Al fin y al cabo, cada uno tiene sus penas, aunque a veces parezcan las mismas.
Hoy es cuatro de febrero, pero también podría ser 21 de diciembre, y escribiría lo mismo o algo parecido. Una fecha marcada con sangre dentro de todo el que conoce parte de la historia reciente de la provincia de Huelva y, concretamente, de las Minas de Riotinto (o de Iquique, si fuera 21 de diciembre).
En un rincón de la provincia de Huelva, hace 132 años…
Tal día como hoy, el 4 de febrero de 1888, los soldados del Regimiento de Pavía, bajo el mando del teniente coronel, Ulpiano Sánchez, disparaban a quemarropa contra una muchedumbre que se reunió pacíficamente frente al Ayuntamiento del antiguo pueblo de Riotinto para reclamar mejoras en sus precarias condiciones de trabajo. Las balas no distinguieron a hombres de mujeres ni de niños y, tras los disparos, todo se llenó de un silencio que aún perdura. Un silencio eterno que no ayuda a que la herida cicatrice.
Sin duda alguna, será difícil que vuelva a sufrir tanto delante de un folio en blanco, como cuando me tocó escribir los pasajes de “Tierra de Cobre y Sangre” que se referían a estos episodios. Con estas palabras, vuelvo a solidarizarme con la historia de un pueblo y su gente, y a gritar parte de su silencio para que lo sucedido no quede en el olvido. Una forma de compartir su dolor y su pena, sin que con ello mengüen.
En medio del desierto de Atacama, casi veinte años después de aquello…
Algo similar sucedió en Iquique, en Chile, a más de nueve mil kilómetros de distancia de estas tierras, en fechas muy próximas, con protagonistas casi idénticos y un desenlace igual de trágico y funesto. Una historia tan parecida como macabra.
Iquique es una ciudad costera de chile, al oeste del desierto de Atacama, una tierra inhóspita en medio de la nada que, como ocurría con Riotinto, tenía un tesoro en sus entrañas. Y si el cobre era el tesoro que guardaban las tierras de Riotinto; en Iquique, lo era el salitre, el llamado oro blanco, que no era otra cosa que una mezcla de nitratos de sodio y potasio, productos muy cotizados en la elaboración de fertilizantes y en la fabricación de explosivos (tan cotizado como las piritas sulfurosas de Riotinto).
Paisaje de la oficina Tricolor en el desierto de Atacama
El gobierno chileno dejó la explotación de este recurso en manos extranjeras, mayoritariamente inglesas. “Humberstone” y “Santa Laura”, en la Región de Tarapacá, vinieron a ser algo parecido a lo que fue la Riotinto Company Limited en la provincia de Huelva. Y John Thomas North, conocido como “el Rey del Salitre”, vendría a ser una mezcla de nuestro Mr. Browning (el “Rey de Huelva”) y Hugh Matheson. Amparados por el gobierno chileno y ayudados de mano de obra barata, las empresas se enriquecieron rápidamente (lo mismo ocurrió en Riotinto). Iquique se convirtió en el principal puerto de salida del oro blanco que tanta demanda tenía en Europa. Y esta ciudad fue conectada con los principales centros de explotación gracias al ferrocarril (algo así como la Huelva de Chile)
A la llamada del salitre y huyendo de la pobreza, hasta el norte de Chile llegaron trabajadores de todo el país, también de Bolivia, Perú y Argentina (algo similar ocurrió en Riotinto, aunque aquí, la llamada fue desde el sur).
En el desierto más inhóspito del mundo, se crearon las llamadas oficinas salitreras. Centros de explotación del salitre que se convirtieron en enclaves aislados y casi autosuficientes y que reunían la administración, las viviendas de los trabajadores, pulperías (que venían a ser algo parecido al economato de Riotinto, comercios en manos de los mismos dueños de las oficinas salitreras), iglesias, escuelas y centros de entretenimiento. Evidentemente, los dirigentes de las oficinas salitreras vivían en unas condiciones que nada tenían que ver con las condiciones que tenían que sufrir los obreros. Por lo general, vivían en barrios aislados, caracterizados por la arquitectura de estilo clásico de ultramar britanico (algo así como el barrio de Bellavista en Riotinto). La oficina salitrera contaba con guardia policial privada (los guardiñas de allí) para controlar las trifulcas y altercados que eran típicos en núcleos donde se hacinaban miles de personas venidos de todas partes (también eso ocurría en Riotinto).
Las condiciones de trabajo en las explotaciones eran inhumanas (en Iqueque y en Riotinto), a los trabajadores no se les pagaba un sueldo en metálico, sino en fichas que solamente podían emplear en las pulperías y los centros de venta que también eran propiedad de la empresa que estaba al frente de la oficina salitrera (algo como aquellos vales que se usaban en estas tierras). Entre 1902 y 1906 hubo casi 200 conatos de huelga apoyados por un sindicalismo que cada vez tomaba más fuerza (impulsado por sus respectivos “Maximilianos Tornets” chilenos).
La “Huelga grande de Tarapacá” (y su dramático parecido a nuestro “Año de los tiros”)
El día 15 de diciembre de 1907, más de 2.000 obreros llegaron hasta Iquique (nuestro “Riotinto Chileno”) para reclamar mejoras en sus condiciones laborales (de alguna forma, algo parecido a lo que se pedía en nuestro cuatro de febrero de 1888). Los huelguistas fueron conducidos por el ejército hasta una escuela con la excusa de garantizar el orden público. La mañana del día 16, algunos representantes de los trabajadores, fueron escoltados por el ejército para presentar sus peticiones al intendente Carlos Eastman (el equivalente a nuestro gobernador civil, Agustín Bravo y Joven) y al general Roberto Silva (el “Ulpiano Sánchez” de allí).
No hubo acuerdo (aquí tampoco) y las negociaciones se repitieron sin resultado satisfactorio para ninguna de las partes (igual que en Riotinto). Conforme pasaban los días, iban llegando más obreros salitreros a la ciudad. El 19 de diciembre había entre diez y doce mil trabajadores en Iquique (un número similar de manifestantes acudió a la multitudinaria manifestación que terminaría trágicamente en Riotinto, aquel fatídico 4 de febrero de 1888)
Varios días después, el intendente se reunión con los representantes salitreros para poner fin a la llamada “Huelga Grande”, dispuesto, incluso a pagar la mitad de los aumentos de salarios que pedían los obreros (aquí, que yo sepa, los poderes públicos no se “mojaron” tanto). Pero los empresarios argumentaron que no era un asunto de dinero, sino de moralidad y respeto, y que si cedían a la presión de los huelguistas, perderían autoridad en las oficinas salitreras (más de lo mismo).
Y nombraron a un representante de los empresarios y a uno de los trabajadores (el Maximiliano Tornet de allí), y hubo más negociaciones, pero no hubo acuerdo (en ningún sitio). Y los empresarios cedían lo mínimo, y los trabajadores decidieron mantener el movimiento hasta que sus peticiones fueran atendidas, evitando cualquier acto violento (desconozco si también allí había una banda de música, como en la plaza de Riotinto).
A las 14h. del 21 de diciembre, el intendente informó al Presidente de la República que utilizaría medidas de fuerza, tras agotar todas las posibilidades de negociación (En Riotinto, que yo sepa, nadie informó de nada, y todo sucedió bajo la “supervisión” de Agustín Bravo y Joven, el Gobernado Civil), considerando que aquellos mineros suponían un riesgo de seguridad pública.
Movilizó a sus tropas y ordenó a los oficiales que desalojaran a los trabajadores que estaban en la Escuela Santa María (el equivalente a la plaza del Ayuntamiento de Riotinto). Los mineros se negaron a irse y el general Silva Renard (el “Ulpiano Sánchez” chileno), amenazó con disparar si no lo hacían.
A las 15:45h. (a las 16;30h. ocurrió en Riotinto, casi dos décadas antes) tuvo lugar la primera descarga. En principio, tendrían que haber disparado a la azotea, pero los soldados dispararon hacia la puerta de la escuela arguyendo que se habían producido tiros desde el interior (la misma excusa argumentaron los soldados que dispararon a quemarropa contra los manifestantes en la plaza de Riotinto).
No se tiene certeza de cuantas personas murieron durante esa jornada (ni en Iquique, ni en Riotinto). Los datos oficiales señalaban a 30 trabajadores muertos (en Riotinto, oficialmente fueron “solo” 12). Aunque se especula que, en realidad, unos 1.500 mineros perdieron la vida en Iquique (más de 200, se dice que fueron asesinados en Riotinto). En cualquier caso, una sola muerte ya era demasiado (en los dos sitios).
Las autoridades chilenas, algún tiempo después, elevaron hasta 126 el número de víctimas (En Riotinto los mantuvieron en 12, pero muchas casas de la cuenca minera permanecieron cerradas tras lo ocurrido) Los documentos redactados por la autoridades señalaron a los obreros como los responsables de lo ocurrido (también en Riotinto).
Esto ocurrió un 21 de diciembre de 1907 en Iquique, una ciudad de Chile o, tal vez, un 4 de febrero de 1888 en la Cuenca Minera de Riotinto, un día como hoy de hace 132 años.
Dice un proverbio que “el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra”. Esta vez, “la misma piedra” estaba a más de 9.000 kilómetros de distancia…
Una Orden de 1938 que prohibió denominar a las personas con nombres como Acracia, Amapola o Libertad se cebó especialmente en la comarca
La necesidad de conocer nuestra historia reciente es enorme. Sus protagonistas aún continúan con nosotros y no siempre son toreros, futbolistas, folclóricas o políticos. Los verdaderos protagonistas son ciudadanos con los que nos cruzamos día a día en las calles de nuestras ciudades y pueblos.
Sin lugar a dudas el suceso más relevante del siglo pasado en nuestro país es el golpe de estado de julio de 1936, un suceso tan estudiado como desconocido que sigue sorprendiendo por la capacidad de transformación social que ejerció.
Una consecuencia de aquel golpe fue el cambio de nombre de las personas, esa identidad personal que, por efímera que sea, nos acompaña incluso desde antes de nacer. Todos y cada uno de nosotros tenemos un nombre, simple o compuesto, heredado o decidido, raro o común, el nombre que nos identifica y distingue.
Durante la Primera República Española, la asignación de nombres anarquistas era una práctica extendida entre quienes no se consideraban católicos. La desafección hacia el poder ejercido desde la curia católica y la extensión de ideales libertarios amplió el onomástico, basado hasta entonces en nombres bíblicos o salidos del Santoral, con nombres como Acracia, Germinal, Amapola, Libertad, Libertario, Perseguido, etc.
El golpe de estado de 1936 y la posterior guerra civil, convertida casi de inmediato en guerra santa por el nacional catolicismo, se ceba de forma dramática no solo contra los ideales libertarios, igualitarios y fraternales de la república, sino también sobre los nombres por su significado anticlerical, anarquista, libertario o simplemente por no encontrarse dentro de los cánones establecidos por la Iglesia.
Una orden publicada en el Boletín Oficial del Estado el 21 de mayo de 1938, consultada por TINTO NOTICIAS -El periódico de la Cuenca Minera de Riotinto-, señala que la Real Orden de 9 de mayo de 1919 «derivó, con el objeto de introducir nombres adecuados a la ideología de aquel Gobierno, mediante un razonamiento paradójico, y confundiendo el interés público con el político, a la consecuencia de admitir como nombres palabras que expresaban conceptos tendenciosos que decían encarnados en su régimen, como Libertad y Democracia, o los nombres de las personas que habían intervenido en la revolución ruso-judía, a la que la fenecida república tomaba como modelo y arquetipo».
«La España de Franco no puede tolerar… la intromisión de nombres que pugnan con su nueva constitución política», continúa la Orden, tras lo que señala, por un lado, que «es preciso, por lo tanto, volver al sentido tradicional en la imposición de nombres a los recién nacidos», y por otro, que el criterio anterior «debe ser reformado para la España Católica en el sentido de que sólo puedan imponerse a los católicos los nombres contenidos en el Santoral Romano».
En base a ello, tal y como se expone a continuación en el artículo 1º de esta nueva Orden, «en lo sucesivo, al practicar las inscripciones de nacimiento, cuidarán los Registradores Civiles de que no se impongan a los recién nacidos nombres abstractos, tendenciosos o cualquiera otros que no sean los contenidos en el Santoral Romano para los católicos, pudiendo -eso sí- admitir nombres de personas de la antigüedad que disfrutaron de honrosa celebridad».
La Orden afectó especialmente a personas de la Cuenca Minera de Riotinto, como algunas, por ejemplo, a quienes sus padres habían puesto los nombres de Acracia, Olga y Violeta y que posteriormente tuvieron que ser bautizadas con los nombres de Gracia, María del Carmen o Margarita, respectivamente. Son solo tres de los muchos ejemplos que se dieron en la comarca minera, una zona en la que se había extendido de manera especial aquella tendencia iniciada en la Primera República de asignación de nombres anarquistas.
En 1859 Ramón Rúa Figueroa, Ingeniero del Cuerpo de Minas, escribió en su libro “Ensayo sobre la historia de las minas de Rio-Tinto”: – El origen de las explotaciones minero-metalúrgicas del término de Minas de Rio-Tinto se pierde en la noche de los tiempos. Examinadas con detenimiento las escorias se descubren dos edades de producción distintas, que representan otras tantas dominaciones: la de los fenicios, que cargaba sus naves con la plata de la Bética y la de los romanos, ese pueblo que sitiado por Alarico reducía sus ídolos a moneda para comprar la libertad-.
Desde que los romanos abandonaron las minas en el siglo V hasta que se reanudó de nuevo la explotación en el siglo XVIII, pasaron más de 13 siglos en el olvido y apenas hay constancia de trabajos en las minas por parte de otros pueblos.
Mas tarde, en 1725 una Real Orden de Felipe V le concede Asiento y concierta con Lieberto Wolters Vonsiohielm caballero sueco de nación, que se encargue del trabajo y beneficio de las Minas de plata de Rio-Tinto, Guadalcanal, Cazalla, Aracena y Galarosa por un periodo de 30 años. Sin embargo, Lieberto Wolters no pudo ver cumplido su sueño ya que tan solo dos años más tarde falleció, dejando su legado a su sobrino Samuel Manuel Tiquet.
Pero en 1747 llega a las minas uno de los más controvertidos personajes de la historia de Rio-Tinto, Francisco Thomas Sanz, el sastre de Valencia. Para unos el impulsor de la primera minería subterránea moderna de Rio-Tinto y principal responsable del incremento de producción de cobre, que lo consideran como el verdadero “reformador”. (3). Para otros, un personaje que sembró el desorden con su más que dudosa honradez y que practicó el nepotismo e injustificadas reclamaciones hasta su muerte en 1800. Sufrió, además, varios intentos de asesinatos de los cuales salió airoso.
El hecho es que contribuyó notablemente a poner en funcionamiento la empresa minera. Y así lo reconoció Samuel Tiquet, ya que a su muerte nombró a Sanz albaceas y administrador de las minas. Y así se lo reconoció también el antiguo pueblo de Riotinto al rotularle una calle con su nombre, la calle principal del pueblo donde estaba el club de los ingleses, la calle Sanz.
Como administrador de las minas se hizo cargo en 1758 cuando tenía 14 trabajadores y las revertió a la Corona en 1778 con 780 trabajadores.
El 31 de julio de 1762 trabajando los operarios de Rio-Tinto en una antigua galería, se encontraron una lámina de cobre con una inscripción dedicada al emperador romano Nerva. Este sería el nombre que le pondrían a la aldea de Rio-Tinto cuando se segregó de Zalamea en 1885.
Pero en lo que estuvo francamente desafortunado Sanz, fue en su mencionado nepotismo. Sus colaboradores familiares no poseían la capacidad y la habilidad que él demostró. Su hermano Gabriel, impulsor de la construcción del Sepulcro de Zalamea en 1776, llegó a ser tachado de “charlatán presuntuoso”; su yerno Atanasio José Rodríguez, tesorero, fue conocido como “el satanás de las minas”, por su prepotencia y abuso de poder; y su nieto Vicente de Letona, contable y después gerente de las minas, no pudo desvincularse de las presiones negativas que ejercía sobre él el clan familiar.
Llamado ante el éxito de su hermano Francisco Thomas Sanz, Gabriel Alejandro Sanz empezó a trabajar de Fiel en la entrada del carbón, Pagador de operarios y Capataz de barrenería en el año 1750, nombrado por el asentista Samuel Tiquet.
Seis años después, en 1756, le despachó el título de Contador y Pagador con el sueldo de 250 ducados, el cual no fue efectivo, ya que las minas no producían para sufragar estos gastos. Además se le agregó durante 4 años el trabajo de Escribano habilitado para las minas por el Juez conservador D. Martín Alonso Bolaños. Aparte de ello, también hacía otros trabajos solicitados por Tiquet como Correos y correspondencia o asistirle en su larga enfermedad.
En 1760 siendo administrador de las minas su hermano Francisco Thomas, le confirió a Gabriel Alejandro amplios poderes, ya que estaba en la necesidad de adquirir fondos con que sostener las minas y seguir sus pleitos; de esta forma, le aumentó su sueldo a 300 ducados anuales.
Posteriormente en 1770, viendo como trabajaba Gabriel, le volvió a otorgar el título de Director de las minas, pero con el desempeño también de la Contaduría, habiendo de servir uno y otro cargo por el sueldo de 500 ducados anuales.
En estos años, siendo director de las minas y estando casado con la zalameña Feliciana García Beato, cursó en 1776 una solicitud al Cabildo reclamando una extensión de terreno para construir en él una ermita que se llamaría del Santo Sepulcro, “para que se venere con mayor culto una imagen de Nuestro Señor Sepultado”, con la finalidad original, que aún se conserva hoy, de emular el sepulcro donde fue enterrado Jesús de Nazaret tras su muerte en la cruz.
Esta obra se coronó con la colocación de una campana en la espadaña del sepulcro y en la intervención para su restauración en el año 2013 salió a la luz la inscripción del promotor de la obra del sepulcro y padrino de la campana Gabriel Alejandro Sanz, el cual dedicó el nombre de la misma a San José.
El cargo de Contador Director de las minas lo tuvo por 9 años, hasta que en 1779 se le separó de la Contaduría de las Reales Minas de cobre de Rio-Tinto.
Pero Gabriel Alejandro era muy optimista y solo cuando su hermano Francisco Thomas cesó como administrador de las minas en 1783, comenzó a sufrir apuros económicos. En una carta de las muchas que escribió al Consejo de Hacienda, fechada el 30 de junio de 1790 desde Zalamea, a Pedro de Lerena, Ministro de Hacienda con Carlos IV, le dice que desde que lo separaron de la Contaduría sin tener antecedentes, ni haber el más leve motivo, perdió la salud de tal modo que no logró restituir su robustez y le solicita un empleo al servicio del rey e incluso que pueda vestir con el uniforme oficial similar al de los ingenieros franceses.
Su tiempo libre lo dedicó a realizar experimentos científicos y a escribir y publicar artículos como “los usos del lino”, “el cuidado de las abejas” o “una nueva forma de producir cobre por un proceso químico” en el que pretendía demostrar que el cobre de cementación era un hierro teñido de cobre lamentándose del descrédito que esto ocasionaba a los cobres españoles. No concebía que el hierro se disolviese en las aguas vitriólicas para reemplazar el cobre, quedando Gabriel Alejandro para la Real Sociedad Patriótica de Sevilla, según un informe del 12 de mayo de 1791, como un charlatán presuntuoso.
Lo cierto es que Gabriel Alejandro Sanz contribuyó de manera positiva a la institución de una de las más arraigadas tradiciones que perduran casi 250 años después, en el viernes santo de la Semana Santa Zalameña, la Vía Sacra, que comienza en las puertas de la iglesia y termina en la ermita del Santo Sepulcro, habiendo realizado un recorrido similar al que realizó Jesús de Nazaret en su camino al calvario.
Sus restos fueron trasladados en 1983 y reposan debajo del monumento a las víctimas de la represión del Cementerio de la Soledad, según se revela en una nueva publicación de la Amhph, realizada por José María García Márquez y Miguel Ángel Harriero
La primera exhumación de una víctima del franquismo que tuvo lugar en democracia fue la de un vecino de Zalamea la Real, concretamente la de Domingo Fernández Seisdedos, ejecutado en Huelva a los 21 años de edad el 30 de septiembre de 1937 tras ser condenado a la pena de muerte.
La exhumación se produjo en 1983 en una de las fosas comunes del cementerio municipal de La Soledad de Huelva, concretamente en el patio tercero del Sector San Marcos, tras lo que sus restos fueron depositados donde posteriormente fue levantado un monumento en homenaje a las víctimas de la represión, precisamente el monumento que puede apreciarse en la imagen que ilustra esta información, tomada en 2011, en la que aparece su hermano Emilio Fernández Seisdedos, fallecido hace unos años.
Así se recoge en ‘Las fosas comunes del Cementerio de la Soledad y la represión militar en Huelva (1936-1944), una obra de la Asociación de Memoria Histórica de la Provincia de Huelva realizada por el historiador José María García Márquez y el investigador Miguel Ángel Harriero, quienes han podido conocer este hecho tras consultar a un empleado del cementerio y a una sobrina de la víctima exhumada, María del Carmen Fernández Reyes, hija de Emilio Fernández Seisdedos.
Según les indicó el empleado, la exhumación se produjo «en los días anteriores a la finalización de la obra» con la que se levantó el citado monumento, tras lo que el traslado de los restos se pudo llevar a cabo por las plantas que delimitaban la fosa, tal y como les informó la propia Fernández Reyes a través de un testimonio recogido en la publicación, consultada por TINTO NOTICIAS -El Periódico de la Cuenca Minera de Riotinto-.
El citado estudio revela que las fosas comunes del cementerio de La Soledad cuentan con al menos 1.437 víctimas del franquismo enterradas entre 1936 y 1944, de las que se conoce la identidad de 1.099. De ellas, un total de 68 residían en la Cuenca Minera de Riotinto: 20 en Zalamea la Real, 17 en El Campillo (Salvochea), 16 en Nerva, 12 en Minas Riotinto, dos en Campofrío y una en La Granada de Riotinto, tal y como informó este periódico a través de esta publicación, en la que se indican los nombres de estas 68 victimas y las circunstancias de su muerte.
Una investigación de la Asociación de Memoria Histórica de la Provincia de Huelva, realizada por José María García Márquez y Miguel Ángel Harriero, desvela la identidad de 1.099 represaliados que se encuentran en las fosas comunes de ‘La Soledad’
Las fosas comunes del cementerio de La Soledad de Huelva capital cuentan con al menos 1.437 víctimas del franquismo. Ese es el número de represaliados enterrados en el camposanto onubense entre 1936 y 1944 que han podido ser documentados en un nuevo estudio, en el que también se desvela la identidad de 1.099 de esas víctimas, de las que 68 residían en la Cuenca Minera de Riotinto: 20 en Zalamea la Real, 17 en El Campillo (Salvochea), 16 en Nerva, 12 en Minas Riotinto, dos en Campofrío y una en La Granada de Riotinto.
Estas son algunas de las conclusiones de un nuevo trabajo de investigación de la Asociación de Memoria Histórica de la Provincia de Huelva (Amhph), denominado ‘Las fosas comunes del cementerio de La Soledad y la represión militar en Huelva (1936-1944)’ y realizado por el historiador José María García Márquez y el investigador Miguel Ángel Harriero, quienes han documentado la disposición de las fosas a través de esta publicación, que fue presentada este lunes en el Salón de Plenos de la Diputación Provincial de Huelva.
Cándido Caro Valonero, ejecutado por pena de muerte el 3 de septiembre de 1937
Alfonso Castilla Delgado, ejecutado por pena de muerte el 20 de agosto de 1937
Juan Domínguez Delgado, muerto por bando de guerra el 15 de diciembre de 1936
Rafael Domínguez García, muerto en prisión el 15 de febrero de 1942
Dolores Fernández Moreno, muerta en prisión el 20 de febrero de 1939
Domingo Fernández Seisdedos, ejecutado por pena de muerte el 30 de septiembre de 1937
Rufino García Delgado, ejecutado por pena de muerte el 6 de diciembre de 1939
Rafael García Falcón, ejecutado por pena de muerte el 30 de septiembre de 1937
Antonio García Millán, muerto en prisión el 23 de abril de 1943
Felipe Gómez Márquez, muerto en prisión el 4 de julio de 1941
Francisco Gómez Pichardo, muerto en prisión el 3 de agosto de 1941
Diego Gutiérrez Valle, muerto en prisión el 29 de junio de 1941
Gumersindo León Delgado, muerto en prisión el 15 de julio de 1941
Carmelo Malo Hacha, muerto en prisión el 11 de diciembre de 1941
Álvaro Moreno Romero, ejecutado por pena de muerte el 6 de diciembre de 1939
Juan María Nogales Núñez, ejecutado por pena de muerte el 4 de septiembre de 1937
Florencio Ramírez Pérez, muerto en prisión el 21 de mayo de 1941
Manuel Ramírez Pérez, muerto en prisión el 21 de abril de 1941
Juan Rodríguez Mena, muerto en prisión el 22 de junio de 1941
Manuel Serrano Ramírez, ejecutado por pena de muerte el 28 de agosto de 1937
De El Campillo (Salvochea)
Juan Aguilar Guerrero, ejecutado por pena de muerte el 30 de diciembre de 1941
Graciano Expósito Iglesias, ejecutado por pena de muerte el 6 de diciembre de 1939
Antonio Gómez Vázquez, muerto en prisión el 20 de mayo de 1938
Joaquín González Félix, ejecutado por pena de muerte el 28 de agosto de 1937
Tomás Monteagudo Rodríguez, muerto en prisión el 8 de abril de 1942
Manuel Monteagudo Rodríguez, ejecutado por pena de muerte el 20 de diciembre de 1941
Manuel Moreno Romero, ejecutado por pena de muerte el 13 de mayo de 1937
Manuel Noguera García, ejecutado por pena de muerte el 7 de noviembre de 1939
Damián Oliva López, ejecutado por pena de muerte el 13 de enero de 1939
Recaredo Pérez Domínguez, ejecutado por pena de muerte el 7 de noviembre de 1939
Juan Pozuelo Díaz, ejecutado por pena de muerte el 1 de abril de 1937
Manuel Rodríguez Rodríguez, ejecutado por pena de muerte el 7 de noviembre de 1939
Manuel Rodríguez Ruiz, muerto en prisión el 10 de junio de 1941
Joaquín Rodríguez Simeón, muerto en prisión el 12 de septiembre de 1941
Sebastián Rodríguez Vázquez, ejecutado por pena de muerte el 17 de octubre de 1937
José Trigo Carrasco, muerto en prisión el 20 de abril de 1941
Juan Vázquez Bernal, muerto en prisión el 29 de abril de 1941
De Nerva
Antonio Calero Rodríguez, muerto en prisión el 24 de julio de 1939
Francisco Cordero Cortés, muerto en prisión el 29 de abril de 1942
Gregorio Delgado Gelado, muerto en prisión el 19 de septiembre de 1941
Urbano Domínguez Delgado, ejecutado por pena de muerte el 15 de septiembre de 1943
Antonio Domínguez Esteban, muerto en prisión en abril de 1942
Ramón Fernández Delgado, muerto en prisión el 24 de marzo de 1942
Vicente Ferrer Vargas, muerto en prisión el 4 de enero de 1942
Francisco García Aradilla, ejecutado por pena de muerte el 15 de septiembre de 1943
Juan García Torices, muerto en prisión el 10 de septiembre de 1943
Enrique Herrada Domínguez, ejecutado por pena de muerte el 17 de abril de 1939
Antonio Infantes Martín, muerto en prisión el 12 de mayo de 1941
Juan Jurado Olmedo, muerto en prisión en julio de 1941
Antonio Martín Pagador, muerto en prisión el 26 de abril de 1942
Emilio Prado Castilla, muerto en prisión el 17 de noviembre de 1940
Demófilo Romero Lancha, ejecutado por pena de muerte el 21 de julio de 1937
Rafael Vázquez Moreno, muerto en prisión el 1 de agosto de 19411
De Minas de Riotinto
José Alonso Hernández, ejecutado por pena de muerte el 30 de enero de 1942
Guillermo Augusto Rodríguez, muerto en prisión el 13 de marzo de 1942
José Cortés Parra, muerto en prisión el 28 de junio de 1941
Emilio Gómez González, muerto en hospital por herida de arma de fuego el 21 de septiembre de 1940
Antonio López Cáceres, ejecutado por pena de muerte el 31 de julio de 1940
Juan López González, muerto en prisión el 15 de agosto de 1941
Manuel López González, muerto en prisión el 15 de junio de 1941
José Ortega Feria, muerto en prisión el 25 de junio de 1941
Pedro Rodríguez Acevedo, muerto en prisión el 7 de abril de 1941
Antonio Rodríguez Caballero, muerto en prisión el 2 de marzo de 1942
Francisco Rúa Ríos, ejecutado por pena de muerte el 28 de agosto de 1937
Manuel Sánchez Díaz, muerto en prisión el 28 de julio de 1941
De Campofrío
Alfonso López Pérez, muerto en prisión el 2 de abril de 1942
Benjamín Ruiz Martín, muerto en prisión el 1 de abril de 1942
De La Granada de Riotinto
Benito Burguillo Martín, muerto en prisión el 7 de mayo de 1941
El estudio es fruto del proyecto ‘Investigación y Difusión sobre la Fosa Común del Cementerio Municipal (La Soledad) de Huelva’, desarrollado por la Asociación de Memoria Histórica de la Provincia de Huelva (Amhph), que ha contado para ello con una subvención de la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, concedida el 12 de noviembre de 2018.
Antes, la Amhph, presidida por el campillero Fernando Pineda, firmó un convenio con el Ayuntamiento de la capital que permitió a la asociación la digitalización de los documentos necesarios para avanzar con la mayor rapidez posible en la búsqueda de la identidad de las víctimas.
La entidad memorialista impulsó este proyecto tras recibir, por parte de familiares de víctimas del franquismo, numerosas peticiones de ayuda para la exhumación de las fosas comunes del cementerio de La Soledad, donde recientemente se llevó a cabo, a instancias de su nieta, la exhumación del vecino de El Cerro de Andévalo Pedro Masera Polo, que aún está pendiente del informe sobre su identidad en base al ADN entregado, a pesar de que en su Expediente de Defunción y Enterramiento consta el lugar exacto de su inhumación.
El objetivo del proyecto era encontrar los nombres de los aún desconocidos, conocer el total de los asesinados allí inhumados, localizar con mayor precisión las inhumaciones y exhumaciones producidas y, por último, aminorar los riesgos de errores que aparecen frecuentemente en este tipo de trabajos.
Los autores
Los autores del estudio ‘Las fosas comunes del cementerio de La Soledad y la represión militar en Huelva (1936-1944)’ son el historiador José María García Márquez, conocido en Huelva por ser el encargado de la digitalización de los expedientes de los Consejos de Guerra Sumarísimos de Urgencia, abiertos al público en la web de la Diputación Provincial, y el investigador Miguel Ángel Harriero Capilla, responsable de Investigación de la Amhph.
El nuevo trabajo de investigación fue presentado este lunes en el Salón de Plenos de la Diputación Provincial de Huelva en un acto que contó con la presencia, además del presidente de la asociación y de los autores del estudio, del presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, y de la concejala del Ayuntamiento de Huelva Esther Cumbreras.
Doy a conocer el testimonio que me dejó mi madre sobre el asesinato de su padre, Miguel Moreno Castilla, en agosto de 1936:
En el mes de julio, cuando ella tenía 11 años, de madrugada llegaron a la casa muchos escopeteros a llevarse a mi abuelo a la cárcel del pueblo (Salvochea, actualmente El Campillo).
Mi abuelo, su padre, contaba ella, era una persona muy trabajadora, afable. Nunca le puso una mano encima para pegarle. Con mirarla tenía suficiente.
Era el electricista del pueblo y también comerciante. Tenían una tienda en su domicilio que regentaba su madre ayudada por su hermana de 16 años. Además su madre era modista y confeccionaba delantales, vestidos, ropa para llevar a la mina y bolsas para la comida.
Mi madre era la que le llevaba a la cárcel la comida a mi abuelo a diario. Cuenta que los asesinos cogieron a la patrona del pueblo con una cuerda por el cuello y la arrastraban por toda la calle principal y diciendo: «rezarle ahora».
A las varias semanas llegaron sus hermanos diciendo que se oía que les iban a quemar la casa donde vivían y tuvieron que huir a Zalamea la Real.
Al llegar dos escopeteros le hicieron a mi madre quitarse la cruz que llevaba colgada al cuello. Antes de quemar la casa pusieron un camión delante de ella y la saquearon, para después poner bombas y quemarla.
Yo he visto las losas sueltas y quemadas del suelo, pues mi abuela no tenía dinero para arreglarlo. También las rejas de la casa estaban torcidas hasta que hace varios años se arreglaron.
A mi abuelo Miguel lo pusieron en un carro de la carne, le rociaron de gasolina y le prendieron fuego. De él solo apareció la dentadura postiza, según me contó mi madre.
Ella se preguntaba: «¿porque le hicieron esto a un hombre que no pertenecía a ningún partido político y que era bueno, afable?».
Actualmente, esto lo intentan tapar todos los que dicen que son progresistas. Yo me considero progresista con la mente abierta y todo lo que he conseguido en la vida ha sido a base de mi trabajo, pero la realidad de lo que hizo la izquierda en la guerra civil no se debe ocultar como según mi visión se está haciendo.
Espero con este escrito no molestar a nadie, solo dignificar la memoria y sufrimiento de mi madre y su familia. Gracias.
María José Cuevas, nieta de Miguel Moreno Castilla
Aunque pueda parecer lo contrario, la investigación histórica requiere de cierta preparación intelectual que, pese a que no tenga que adquirirse necesariamente en la Universidad, asegure que los textos que salgan de ella cumplan con unos mínimos de rigurosidad.
Así, no es concebible que un historiador digno de tal nombre se limite a reproducir los documentos que, efectivamente, son la base de su trabajo. Muy al contrario, quien pretende escribir Historia tiene la obligación de someter sus fuentes a una revisión profunda, en la que se las critica y contextualiza en el momento en el que fueron producidas.
Si no fuera así, seguiríamos pensando que Roma fue fundada por dos gemelos que fueron amamantados por una loba, que Santiago Apóstol guiaba a las huestes cristianas durante la Reconquista o que los sevillanos del s. XVII terminaron con la epidemia de peste por haberse encomendado a la Virgen.
Por otra parte, además de la revisión documental, los historiadores están obligados a conocer la bibliografía referente a su tema de estudio para, de un lado, evitar creer que han descubierto unos documentos que ya han sido usados por otros y, por otro, impregnarse de las posibles interpretaciones a las que se puede llegar en base a ellos. Si además controlan la literatura que les afecta más lateralmente, sin lugar a dudas, sus obras serán mucho más ricas en todos los sentidos.
Por último, siendo la Historia una disciplina que aspira a ser científica, nadie que la practique puede dar sus relatos como definitivos, porque la verdad histórica es algo así como la utopía de Galeano:
«La utopía está en el horizonte. Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte se desplaza diez pasos más allá. Por mucho que camine, nunca la alcanzaré. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso: sirve para caminar.».
Es decir, que la labor del historiador, aparte de requerir unas dotes intelectuales que aseguren un mínimo de calidad a sus producciones, también necesita de una honestidad mínima para no creer en ningún momento que sus relatos son definitivos o que son poseedores de una verdad absoluta que, por cierto, sólo está en manos de las deidades.
La razón de que haya descrito, aunque haya sido sucintamente, cuáles son las premisas básicas de la labor historiográfica no es otra que salir al paso de un artículo, aparecido hace poco más de una semana en este mismo medio, en el que los autores se refirman en el relato tradicional acerca del incendio de la cárcel de Salvochea durante el 25 de agosto de 1936.
En su artículo, Moreno Bolaños y Hernández Vallecillo no sólo utilizan una documentación que es sobradamente conocida por los investigadores desde hace años, sino que además la dotan de una legitimidad que está muy lejos de tener.
En el segundo de los aspectos, el referente al contenido de la documentación utilizada, los autores hacen uso de los expedientes resultantes de los Consejos Sumarísimos a los que algunos salvocheanos fueron sometidos después de que su pueblo “cayera” en manos de los golpistas. Estos documentos, lo sabe cualquiera que haya tenido un acercamiento aunque sea lateral a la justicia del primer franquismo, pueden ser utilizados para estudiar muchos aspectos de la vida durante la II República y el periodo abierto tras el golpe de Estado, pero siempre teniendo en cuenta que en aquél momento no puede hablarse de una justicia “independiente” y muchísimo menos carente de intencionalidad política: se estaba produciendo un genocidio y los jueces, que además solían ser militares sin ningún tipo de preparación jurídica, estaban plenamente implicados en él. Es decir, que la separación de poderes y la independencia judicial que, como se suele decir, caracteriza a los regímenes liberal-democráticos, simplemente, no existía en la España de Franco.
Esta circunstancia, que no es baladí, no es la única a considerar en la documentación judicial empleada por Moreno Bolaños y Hernández Vallecillo, sino que también hay que considerar otras que imponen que esos expedientes tengan que ser considerados con la mayor de las cautelas:
1. Que el clima en el que se vivía era del terror más absoluto, lo que sin lugar a dudas condicionaría de forma determinante las declaraciones de los testigos en los procesos judiciales.
2. Que esas declaraciones tenían lugar en los mismos cuartelillos de la Guardia Civil en los que se torturaba y muchas veces se asesinaba a los detenidos, lo que imponía adaptar lo que se dijese a la necesidad de evitar ser víctimas de la “justicia”.
3. Que la mayoría de las declaraciones que utilizan los autores repiten, casi literalmente, el mismo relato. Circunstancia esta que evidencia que hay “algo” detrás de las mismas.
4. Que los acusados declaraban después de haber sido coaccionados, muchas veces de forma violenta, y sin las más mínimas garantías de defensa: presunción de inocencia, presencia del abogado defensor, etc.
5. Que los “juzgados” solían serlo por prácticamente todo lo que hubiera ocurrido en sus municipios, desde los incendios de las iglesias hasta los insultos proferidos a los derechistas, independientemente de que estuviera demostrada su participación en todos ellos.
Aparte de esto, es de señalar que en los expedientes judiciales a los que me estoy refiriendo suele haber informes acerca de los acusados que, además de ser casi siempre copias exactas unos de otros, estaban firmados por las cuatro figuras base del Estado franquista en los municipios: el cura, el alcalde, el jefe de FET y de las JONS y el comandante de puesto de la Guardia Civil.
Con todo, creo que ha quedado claro que los relatos que aparecen en esa documentación son sesgados, adaptados a unos intereses políticos muy determinados e influenciados por unas circunstancias que, cuanto menos, deben ser tenidas en cuenta. Si todo ello no se considera, hay que señalarlo, se corre el riesgo de no construir un relato historiográfico mínimamente creíble y de algo mucho más grave: dotar de legitimidad a las instituciones fruto de un golpe de Estado y nacidas para amparar un genocidio.
Para evitar caer en esto último, suele recurrirse a unos relatos alternativos que también deben ser sometidos a crítica. En el caso que me ocupa, lo autores recurren a los textos aparecidos en la prensa provincial, a las actas de los Plenos del Ayuntamiento de 1937 y a las anotaciones del sacerdote de El Campillo en el libro de bautismos. Tanto unos como los otros son producto de las consideradas “víctimas de los rojos” y, valga decirlo, reproducen la misma relación de los hechos que aparece en la documentación judicial. Además, en el caso de la prensa hay que decir que estaba sometida a censura militar, lo que significa la ausencia de cualquier versión que contradiga a la que podríamos denominar “oficial”.
Obviamente, en la medida de que se trata de versiones dadas por la misma parte, estos relatos no demuestran que los salvocheanos fueran los responsables del incendio de la cárcel, sino que son una evidencia de que entre los afines a los alzados había unanimidad a la hora de culpabilizarlos de tal suceso. Yo no voy a decir que no lo hicieran, no creo que sea posible hacerlo al menos con la rotundidad acusadora del artículo al que vengo respondiendo, pero sí que voy a afirmar que Salvochea fue bombardeada tanto por tierra como por aire y que es posible que una de aquellas bombas callera en la cárcel, máxime cuando es de sobras conocido que sus habitantes huyeron del pueblo en aquellos mismos momentos y que se desconoce dónde cayeron los artefactos explosivos.
En lo referente a la documentación en sí, ya he avanzado que no se trata de ningún hallazgo ni que aporte datos inéditos, sino todo lo contrario:
1. Los expedientes de los Consejos Sumarísimos están digitalizados y son accesibles a cualquier persona que quiera consultarlos, por estar alojados en la web de la Diputación Provincial de Huelva desde hace varios años. Yo mismo los llevo consultando desde el año 2012 y me consta, porque así se afirma en la propia página que los alberga, que empezaron a digitalizarse 6 años antes.
2. La prensa provincial de la época también está digitalizada y es de libre acceso, pudiéndose consultar tanto en la página web del Ayuntamiento de Huelva (La Provincia y El Diario de Huelva entre otras cabeceras) como en la de la ya mencionada Diputación (Odiel y alguno más).
3. La colección completa de El Socialista está disponible, también desde hace años, en la web de la Fundación Pablo Iglesias (no “Fondo”, por cierto).
4. El relato que el párroco de El Campillo dejó anotado en el Libro de Bautismos apareció publicado en un libro de 1968 que, para más inri, es citado con bastante frecuencia por quienes nos dedicamos al estudio de los años 30 en esta zona: Juan Ordóñez Márquez: La apostasía de las masas y la persecución religiosa en la provincia de Huelva. 1931-1936, Madrid, CSIC, 1968, p. 157.
5. Los documentos albergados en los distintos Registros Civiles, además de ser de acceso público, carecen de interés sobre el particular por tratarse de meros certificados de defunción.
6. Los Libros de actas capitulares del Ayuntamiento de Salvochea-El Campillo están al alcance de cualquiera y han sido utilizados en multitud de ocasiones. Por ejemplo, en el libro que escribieron varios investigadores de la Universidad de Huelva hace algunos años y que, por cierto, coincide con este artículo a la hora de culpabilizar a los salvocheanos del incendio de la cárcel (Mª Dolores Ferrero Blanco, Cristóbal García García y José Manuel Vázquez Lazo: El Campillo. De la independencia a la democracia, Huelva, Servicio de publicaciones de la Universidad de Huelva y Ayto. de El Campillo, 2007, pp. 201-210).
En conclusión, sin entrar en los aspectos formales de un artículo que más bien parece una mera relación de nombres y datos, creo que está bien claro que el texto de Moreno Bolaños y Hernández Vallecillo no puede considerarse, ni de lejos, como algo novedoso y muchísimo menos como la obra de historiadores propiamente dichos. Todo ello no tiene por qué suponer algo negativo, de hecho me parece muy loable que alguien dedique su tiempo a la investigación histórica sin ser esta su profesión, pero en este caso existe una carencia interpretativa que no podía pasar por alto, la de considerar legítimos los juicios franquistas.
Por este motivo he decidido contestar, pero también porque estoy plenamente convencido de que la labor del historiador pasa por la búsqueda de una verdad inalcanzable, pero cercana si se emplean los medios adecuados. Lo he hecho sin acritud, no puedo tenerla hacia personas a las que ni siquiera conozco, y espero no haberla generado.
Hace casi 600 años, en el año 1425, se aprobaron las Reglas de la Hermandad de San Vicente Mártir de Zalamea la Real.
El culto a San Vicente se extendió en la España cristiana en los siglos XIV y XV por la creencia popular de que San Vicente intercedía en los casos de sequía y epidemia. En Zalamea y en todo su término jurisdiccional, desde El Villar hasta El Ventoso, desde El Buitrón hasta Hermitaños, según se desprende de las reglas de la Hermandad, se había producido una epidemia de peste que había provocado que una gran parte de la población falleciera. Este hecho fue el que motivó la necesidad de elegir a un santo que protegiera a los habitantes contra aquellas enfermedades que no se podían curar sanitariamente.
En Las Reglas de la Hermandad de San Vicente, que datan de 1425, se nombran a los hermanos de esta hermandad para que ofrezcan comidas y bebidas a los pobres y a los necesitados, incluso ofrecer los rendimientos o rentas de las tierras que poseen como obras de caridad.
En la página 6 de estas antiguas reglas, dice “Juan de las Armas mandó,…, otra suerte de tierras que está en el sitio de El Cerro de El Campillo, al sitio que llaman del Hornillo para que su renta la repartan los hermanos en pan y queso y vino a todos los que vinieren a hacer oración por los difuntos así niños como hombres y mujeres pobres…”.
En este texto antiguo, que hoy día conserva una copia de 1638 la Hermandad de Zalamea, se menciona por primera vez en la historia el lugar de El Campillo, como El Cerro de El Campillo.
Este primer asentamiento, posiblemente de pastores y agricultores, formaría el conocido hoy en día como El Campillo Viejo, en la ladera norte del actual pueblo, mirando hacía la sierra y hacia el río Odiel, como actualmente hace Traslasierra, quizá por ser los primeros pobladores para coger el azeche del río en el mes de agosto y pagar al arzobispo de Sevilla; o para ir a trabajar a los molinos harineros del río. Cerca del pueblo estaba la cantera de piedras de ruedas de molino.
Por tanto, no es de descartar que a principio del siglo XV, hacia el año 1400, hubiera un asentamiento poblacional o una agrupación de casas que, sin formar todavía una aldea, se conociera ese lugar como “El Cerro de El Campillo”.
En el año 1535 se aprueban las Ordenanzas Municipales de Zalamea (documento en pergamino de gran valor histórico que se conserva en muy buen estado) en las que se recogen los aspectos económicos locales, costumbres, reglas y normas de la colectividad, como limitaciones para encender fuego, cría de cerdos, cotos de caza etc.
En este libro se nombran las primeras casas de El Campillo; y de otros lugares como, El Zumajo o el Monte del Hornillo. Y dice así: “
“… a los corrales del Zumajo…y… donde junta el camino de El Campillo en el de los molinos… y los corrales de Juan Bernal bajo las casas de El Campillo…”
Posteriormente, a finales del siglo XVIII los párrocos del reino de Sevilla, al que pertenecían las provincias de Sevilla, Huelva, Cádiz, la zona sur de Badajoz y el partido de Antequera en Málaga, recibieron a instancias del Arzobispo el encargo de realizar una descripción detallada del lugar de su ministerio, según un cuestionario que se le había enviado, para confeccionar un mapa cartográfico de toda la geografía de España y de los que se recibieron cerca de 200 mapas.
De esta forma en el año 1785 el párroco de la vicaría de Zalamea la Real, Dn. Joseph Phelipe Serrano le respondía al Arzobispo: “…es Villa y cabeza de Vicaría; es Realenga,…..,. Al presente tiene el casco de esta Villa 366 vecinos; pero en su término y jurisdicción tiene las Aldeas y Montes siguientes. / … / Traslasierra, con 34 vecinos, al Norte de esta Villa, y distante de ella quasi media legua; Campillo, con 37 vecinos (aprox. 148 habitantes), al Nordeste de esta Villa y distante de ella media legua.” Y continúa este párroco nombrando más de 20 aldeas, y escribe:” Y todas las dichas Poblaciones son antiquísimas de tiempo inmemorial, y no ay noticia alguna de sus principios y fundaciones.”
En 1845 Pascual Madoz publica el Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar y en la edición dedicada a Huelva, escribe de El Campillo: Aldea, con alcalde pedáneo en la provincia de Huelva, partido judicial de Valverde del Camino, término jurisdiccional de Zalamea la Real. Población 61 vecinos (aprox. 244 habitantes). En estos años, El Campillo sigue siendo una aldea cuyas principales actividades económicas son la agricultura y la ganadería. Las Reales Minas de Río Tinto vuelven a ser explotadas por la Hacienda del Estado y el descontrol y desgobierno hacen que no se explote con una rentabilidad satisfactoria, por lo que el número de trabajadores en la mina era muy bajo.
A principios del siglo XX con la apertura de la mina a cielo abierto de Corta Atalaya, en la masa San Dionisio, y la desaparición del antiguo pueblo de Riotinto, debido principalmente a un derrumbamiento de unas 200 casas en el año 1908, El Campillo experimentó un mayor aumento de población, llegando a alcanzar en 1914 los 3.840 habitantes.
El Campillo se expandió hacia el cerro que actualmente ocupa, el cerro al que hoy en día se sigue llamando como hace 6 siglos Cerro del Hornillo, el cual lo podemos localizar en la zona que actualmente ocupa el parque de Los Cipreses, en busca de las nuevas conexiones con el ferrocarril minero y de un terreno menos abrupto para construir el nuevo pueblo.
Un pueblo moderno, conformado por calles rectilíneas y diferente a las calles tipo árabe, irregulares y estrechas del viejo pueblo; un pueblo creado al igual que la planificación urbanística de las ciudades romanas, en base a dos calles principales: calle Sevilla (Decumano, orientación Este-Oeste) y calle Constitución (Cardo, orientación Norte-Sur) y con la plaza en el centro para la confluencia de la población.
Curiosamente hoy día, en el año 2019, todavía hay una calle de El Campillo rotulada con el nombre del patrón de Zalamea, patrón que fue de la aldea de El Campillo. Es la calle principal del viejo Campillo, la Calle San Vicente.
El Campillo, el Viejo Campillo, un lugar que mira hacia la sierra, un lugar con más de 600 años de historia.
Fuentes consultadas:
Reglas de la Hermandad de San Vicente Mártir de Zalamea la Real. Año de 1425. Facsímil de Cistus Jara – 2016
Ordenanzas Municipales de Zalamea. Año de 1535. Facsímil de Cistus Jara – 2013
Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar – Pascual Madoz – 1845-1850
El Rincón Onubense – Manuel Hidalgo Caballero – Diputación de Huelva – 1980
