Categoría: Historia

Nerva 1936. Historias de vida: Tres hermanos, tres suertes, tres muertes

Al andar se hace camino
y al volver la vista atrás,
se ve la senda que nunca,
se ha de volver a pisar
(Antonio Machado)

Aquel fatídico día del 18-7-1936 supuso el comienzo de un amplísimo periodo, en el que miles de familias nervenses y de toda la Cuenca Minera, a imagen y semejanza de tantas y tantas otras en otras tierras de España, vieron truncadas sus vidas, sus expectativas, sus destinos. De repente, un brutal hachazo cercenó sus corazones ….

En la madrugada de ese día, entrando el 19, Miguel Guerrero González acababa de abandonar el domicilio familiar de sus padres en Nerva, en la calle Viriato, 37, a donde había acudido para visitar a su madre enferma.

Miguel, de 41 años, casado con una nervense, Isabel Carballo Bernal, con quien tuvo dos hijos, Manuel e Isabel, residía en la calle San Bartolomé, 27. Era capataz de la RTCL, en la Corta Filón Sur. Había nacido en el Cerro de Andévalo, aunque pronto se avecindó en Nerva junto a sus progenitores. Su padre se llamaba Manuel Antonio Guerrero, portugués de Santa Barbara de Nexe, el cual también había trabajado en la RTCL, y su madre, Milagros González Fernández, natural de Carmona (Sevilla). Estos tuvieron seis hijos: Miguel, Carmen, Antonio, Pilar, Elena y Ubaldo.

Había ingresado en la Compañía con 13 años en 1907, como pinche. Desde entonces había pasado por una serie de clases de trabajos y destinos en las minas, hasta alcanzar la categoría de capataz que desempeñaba en 1936.

Como decíamos, Miguel, una vez en la calle, en torno a las 12 de la noche, fue abordado por un grupo de personas que (según su declaración en el Consejo de Guerra de 9-8-1936) le obligaron “a ir con ellos a Huelva”…. Se estaban reclutando hombres en la Cuenca para constituir la llamada Columna Minera y marchar en apoyo de la Sevilla resistente al golpe de estado militar. Columna que comandaban los diputados onubenses en el Congreso Luis Cordero Bel (Partido Republicano Federal) y Juan Gutiérrez Prieto (PSOE).

Columna Minera en estos tiempos, en cierta medida, rescatada del olvido gracias al magnífico libro de Rafael Adamuz, titulado ‘La Memoria Varada’, publicado en 2014, que nos acercó a la identidad individual de sus componentes. Por cierto, que Rafael nos anuncia para muy pronto la aparición de una versión ampliada de su obra con aporte de nuevos contenidos.

Y también como no, agradecer al Grupo de Camas de la Asociación ‘Memoria, Libertad y Cultura Democrática’, quienes junto a la Coordinadora de la Cuenca Minera de Riotinto para la Memoria Histórica organizan cada 19 de Julio, desde hace unos años, un homenaje a la Columna Minera en La Pañoleta, y por tanto dan memoria a aquellos sucesos.

La Columna Minera fue traicionada por el siniestro comandante de la Guardia Civil y posterior Gobernador Civil y Militar de Huelva Gregorio Haro Lumbreras, que aparentaba ser fiel a la república y, sin embargo, advirtió a Queipo de su llegada. Cayeron emboscados en La Pañoleta donde murieron muchos de ellos y apresaron a 68. En el Consejo de Guerra, celebrado en la Audiencia de Sevilla (sin garantías legales), fueron decretadas 67 condenas a muerte (Miguel fue uno de ellos) y una de 20 años de reclusión a Manuel Rodríguez Méndez, salvado por el atenuante de ser menor de 18 años.

Miguel Guerrero González, encerrado junto a sus compañeros, y después de permanecer en unas condiciones paupérrimas en el barco Cabo Carvoeiro, anclado en el Guadalquivir, fue fusilado el 31 de Agosto de 1936 en Sevilla, junto a los demás miembros de la Columna en diferentes puntos de la ciudad y La Pañoleta. Eso sí, se aseguraron de asesinarlos después de haber tomado el total control de la Cuenca Minera. Sus cuerpos fueron arrojados en una fosa común del cementerio sevillano. Ochenta y dos años después, en 2018, parece que se iniciarán los trabajos para proceder a la búsqueda y exhumación de sus restos. Surge una lucecita de esperanza.

No acabó aquí la tragedia de la familia Guerrero González. Pocos días antes, el 26 de agosto, día en el que las tropas del ejército sublevado toman Nerva, apresan a su hijo menor, Ubaldo, nacido en Nerva, de 26 años, barbero de profesión, soltero, y sin más delito que pertenecer a una familia reconocidamente de izquierdas. Ese mismo día, también se llevaron al marido de la hija mayor de la familia, Carmen. Se llamaba Enrique Moya Núñez, de 40 años, barrenero en la RTCL y natural de Castillo de las Guardas (Sevilla). Carmen y Enrique eran padres de una hija, Carmen.

Según testimonios orales transmitidos por familiares ya fallecidos, vieron cómo a Ubaldo y Enrique los sacaron las tropas fascistas ensangrentados y con señales evidentes de haber sido torturados, y fueron montados en una camioneta, junto a otros presos, camino de su trágico destino. ¿Dónde fueron asesinados y dónde arrojados sus cuerpos?…. Las dos cármenes quedarían tristemente inscritas aquel día, como viuda y huérfana de padre. A día de hoy, 82 años después, seguimos sin tener noticias de donde fueron asesinados y arrojados sus cuerpos, si en Nerva o en cualquier cuneta de la provincia. A finales del 2017 se procedió al inicio de trabajos en las fosas comunes del cementerio de Nerva. Albergamos esperanzas (aun siendo conscientes de la dificultad que entrañan estos procesos) de que su destino fuera el cementerio nervense y de que esos trabajos nos puedan dar alguna luz sobre estos seres queridos para que sus restos puedan ser enterrados dignamente.

El único miembro varón de la familia Guerrero González, aun con vida después del 31 de agosto, era Antonio.

Antonio Guerrero González (1903), natural de Nerva, más conocido como ‘el Sastre’, afiliado a CNT-FAI, a la sazón en 1936 empleado del Ayuntamiento de Nerva y extrabajador de la RTCL (con 16 años trabajaba en el departamento de Fundición), tras la toma de Nerva por las tropas fascistas, huye con una columna denominada Rio Tinto-Nerva, vía Extremadura. Columna en la que ejerció el mando Antonio Molina Vázquez (secretario de la CNT nervense), y él como lugarteniente, alcanzando finalmente Madrid. Allí formó parte (entre otras unidades) de la 77 Brigada Mixta, alcanzando el grado de comandante, y en el estertor de la contienda estuvo al mando de la 9ª División del Ejército Republicano. Alcanzó el grado de Mayor de Milicias, junto a Antonio Molina Vázquez.

Durante la Guerra, actuó en los frentes de Ciudad Universitaria, Usera, Pingarrrón, Arganda y Cuesta de la Reina. Al final de ella llegó al puerto de Alicante, intentando salir de España, donde, junto a miles de republicanos, fue capturado. Pasó por los campos de concentración de los Almendros y Albatera (en Alicante) y de allí a la cárcel de Orihuela. Más tarde fue conducido a Madrid y durante tres años recluido en las cárceles de Santa Engracia, Santa Rita y Yeserías, donde fue puesto en libertad el 4-2-1942.

En Septiembre de 1942, fue detenido nuevamente en Madrid y encarcelado en la prisión de Porlier junto a otro nervense, José Noja Diañez, teniente y ayudante suyo en la 77 B.M. Ambos fueron juzgados en consejo sumarísimo y resultaron condenados a muerte por el delito de adhesión a la rebelión militar, siendo ejecutados el 12-8-1944 en Carabanchel Alto (Madrid).

Ambos fueron culpados, junto a otros, entre los días posteriores al 18-7 y la toma de Nerva el 26-8, de tomar parte activa y directa en la destrucción de la iglesia de Nerva, de saqueos en casas particulares, así como en detenciones de personas. Asimismo, de marchar con un numeroso grupo de milicianos a pueblos donde “sembraron la desolación y el crimen”. Dichos pueblos fueron Castillo de las Guardas, Aracena, Aroche, Higuera de la Sierra, Alájar, Rosal de la Frontera y la Palma del Condado, así como Huelva capital.

Antonio (el Sastre) estaba casado con Luisa Almaraz Vázquez, natural de Valverde del Camino, con quien tuvo dos hijos: Antonio y otro fallecido a temprana edad. Cabría señalar como dato a conocer igualmente en el relato de esta tragedia de hechos concatenados que un hermano de Luisa, y por tanto cuñado del Sastre, Juan Almaraz Vázquez, de 19 años, igualmente de Valverde, fue también integrante de la Columna Minera, ejecutado en Sevilla el 31 de agosto de 1936.

En la familia no tuvimos noticia alguna del final de Antonio, ni de su periplo en la Guerra Civil, si había muerto, ni cómo ni dónde, hasta el año 2010, y ello después de numerosas indagaciones en archivos militares y estatales. Empezamos a conocer su “historia de vida y muerte”, gracias al magnífico historiador Jose Mª García Márquez, que nos puso en camino, remitiéndonos a la noticia de su detención en Madrid (ABC de Madrid, Septiembre 1942), junto a otro nervense, José Noja Diáñez. De ese hilo tiramos hasta alcanzar a conocer su trágico final.

Así pues, el curso de las vidas de cientos de miles de hogares deshechos por tanta represión, por tantas víctimas, quedaron marcadas diametralmente, y todos (en su condición de vencidos) afrontaron el trance, buscando, cada uno a su forma, el retomar sus vidas, y pelearon lo indecible por seguir adelante.

Ochenta y dos años después, los descendientes de aquellos hombres y mujeres, defensores de la causa republicana y del gobierno legal constituido, seguimos portando su antorcha, la de la libertad y la justicia. Aspiramos a que se conozcan sus historias, para que nunca caigan en el olvido sus vidas, sus luchas, que no fueron en vano y por ende, a desenterrar sus maltrechos huesos arrojados en cualquier fosa, en cualquier cuneta.

Gracias al impagable trabajo de tantos y tan abnegados y buenos historiadores e investigadores, buceando en las fuentes, en la jungla del marasmo laberíntico de los archivos españoles, y a los ímprobos esfuerzos del movimiento memorialista, es seguro que ese olvido nunca se producirá.

Quisiera aprovechar la tribuna de Tinto Noticias para ejemplificar el esfuerzo de estas asociaciones en la figura de varios compañeros de los que siempre van en vanguardia: Cecilio Gordillo, Paqui Maqueda y Raúl Sánchez (en Sevilla y tantos y tantos lugares de nuestra Andalucía); y en Huelva y su Cuenca Minera, a Fernando Pineda, Miguel Ángel Harriero y Juan Barba. Gracias a todos ellos, extensible a miles de compañeros más. Sin todos ellos, sin su empeño diario, no habríamos llegado hasta aquí.

Pero no hay que cejar en estas tareas, voluntad no nos falta. Es imprescindible, como decía Antonio Machado, aprender de “la senda que nunca se ha de volver a pisar”. Y que esa enseñanza se trasmita a los jóvenes de este país desde las escuelas, como una asignatura fundamental. En estos tiempos de tanta incertidumbre y retroceso se hace vital este mensaje.

Quisiera terminar apelando a la esperanza, que nos impulsa a seguir trabajando para que la memoria de nuestros antepasados salga a la luz, que sus nombres se dignifiquen. Este país tiene una deuda profunda con ellos. Que la Verdad resplandezca, que se les haga Justicia y sus nombres e historias sean Reparados.

Dice la esperanza: un día
la verás, si bien esperas.
Dice la desesperanza:
sólo tu amargura es ella.
Late, corazón… No todo
se lo ha tragado la tierra

(Antonio Machado)

Luchemos con esperanza. De la tierra aflorará la Verdad.

Miguel Guerrero Larios

26 febrero, 2018
Las motivaciones minero-agrícolas de la manifestación del 4 de febrero de 1888

Cuando se analiza lo ocurrido en la gran manifestación de El Año de los Tiros, que desembocó en la mayor desgracia que jamás se había dado en la provincia de Huelva, es reiterativo preguntarse una y otra vez por las causas y el peso específico de cada sector participante en ella. Cuál fue la contribución del descontento de los jornaleros de la mina –como se denomina en el registro civil de Minas de Riotinto a los obreros mineros– y su huelga, y cuál la de los propietarios agrícolas que denunciaban los perjuicios que les ocasionaba el sistema de calcinación al aire libre de las piritas, como las pérdidas de sus pequeñas o grandes cosechas o daños a las dehesas, abrevaderos de los animales incluso o a cualquiera de las explotaciones agrícolas, de encinares o pecuarias que constituían sus medios de vida. Y la mayor demostración del protagonismo de ambos sectores, agrícola y minero, queda reflejada en las diferencias de motivos que se priorizan por los jefes de la RTC en Minas de Riotinto para su difusión en Huelva y las vertidas en el Informe que enviaron a Londres exponiendo los hechos (1).

Los directivos londinenses –superiores de los de la compañía en España– demandaron explicaciones sobre lo ocurrido ese fatídico 4 de febrero a los directivos de Riotinto. Y ya empieza siendo llamativo que la respuesta sea del día 9 de marzo, más de un mes después de los hechos, con la justificación de que han consultado diversas fuentes para recabar datos, aunque nada de lo referido después añade algo a lo que ya se conocía días antes de la masacre. No hay descripción de declaraciones de testigos, vecinos u otras vías de información. Nada que explique la demora de un mes en contestar a la petición desde Londres.

Por otra parte, cuando se entra en el contenido del Informe, es muy significativa la diferencia de explicaciones que dan para contestar a los directivos de Londres y las que se publicaban en España. Aquí se ofrece en sus medios de difusión una interpretación que culpa a los “antihumistas” del conflicto y, aunque reconocen y explican las reivindicaciones de los obreros de la mina, no las consideran realmente importantes ni suficientemente justificativas de 1os sucesos. Minimizan las razones laborales y presentan a Londres unas causas del conflicto que se centran en el sistema de beneficio de teleras por encima de todo. De ese modo, se exculpaba la dirección de la compañía en España porque era bien sabido que el sistema de calcinar al aire libre se había decidido desde Londres, ya que en el contrato de compra-venta se decía que la empresa tenía “perfecto derecho a beneficiar los minerales por el procedimiento que juzgue más conveniente”.

Así, el Informe dice a este respecto literalmente:

“Ha sido enviada una larga lista de peticiones de los trabajadores y lo que sigue a continuación es un resumen de las demandas hechas:
1. Supresión de todos los contratos.
2. Supresión de la peseta de pago al servicio médico.
3. Supresión de la deducción por tiempo perdido a causa de los humos.
4. Tener el salario diario fijado en 16 reales por día y si saliera el mineral (por ser muy bueno) a 20 reales, que la compañía se quede con la diferencia.
5. Supresión de todas las multas (2).
6. Supresión de la multa de 10 reales por perder el Libro de Anticipos la primera vez y de 20 reales, si ocurriera una segunda.
7.  Indemnizar los perjuicios ocasionados a todo el que trabaje en el establecimiento.
8. Tener 8 horas de trabajo.
9. Supresión de las calcinaciones al aire libre”.

Y, de esa lista, dice el propio informante, “puede comprobarse que muchas de las peticiones son a tan largo plazo que resultan triviales para ocupar la atención del Consejo”, comentario que refleja de manera clara y precisa la concepción de la dirección de la Rio Tinto Company en España acerca de las demandas obreras del momento, a las que no consideraba dignas de tener en cuenta. Pero, sin embargo, no olvida las reivindicaciones donde se hacía visible la conexión con el tema de “los humos”: la nº 3, “supresión de la deducción por tiempo perdido a causa de los humos”, y la última, nº 6, de “supresión de las calcinaciones al aire libre” –las teleras–, que era lo que les interesaba destacar a los directivos españoles.

Si el redactor del informe generalizó la demanda del punto nº 6, de supresión de las calcinaciones al aire libre, diciendo que su lista era “un resumen” de las demás y no era cierto, o si, tal vez sólo aparecía en el listado de Maximiliano Tornet y el informante la maximizó, es imposible saberlo. Pero viendo las tablas reivindicativas de los distintos departamentos de la mina, entre las peticiones de mejoras laborales, sí se alude en muchas de ellas a los “días de manta”. Lo que está claro que deseaban los obreros era que no les descontaran el tiempo que se perdía en esos días –que cada vez eran más y en los que veían su jornal reducido a la mitad– y, si se hubiera aceptado, tal vez ni hubieran mencionado las calcinaciones al aire libre. Es una posibilidad muy plausible porque lo que oían continuamente de la propaganda de la empresa era que sin calcinaciones al aire libre no podría haber actividad minera. Fueron las consecuencias de “los días de manta” lo que les unió a los antihumistas.

La estrategia de la RTC en Huelva fue claramente defensiva porque, de haber dado importancia a las causas laborales, la empresa en España podía haber sido juzgada por los directivos de Londres como culpable de no haber sabido evitar un conflicto tan grave con un final de tragedia. Era imprescindible liberarse de toda responsabilidad, por lo que se resta importancia a las demandas obreras, tratándolas de “disparates” y hasta llegan a expresar en más de una ocasión no comprender cuáles eran los verdaderos motivos de queja de los obreros. Justifican cada medida tomada por los Jefes de cada departamento de la mina con profusión de detalles y, de hecho, la versión que el Staff de la Compañía en España quiere mostrar a Londres se aprecia bien en la síntesis final del Informe, que dice así:

«Hemos estudiado muy detenidamente todos los aspectos relacionados con los negocios de la Compañía y la reciente huelga y motines, y no podemos encontrar nada en ninguna de las quejas de los hombres, o en la conducta de los directores, que indique por un solo momento que la huelga fuera causada por el trato que los hombres habían recibido por parte de los directivos de la compañía».

Sin embargo, en el diario La Provincia, voz de la RTC de Minas de Riotinto, se insistía en lo contrario: que todo se había debido “al descontento obrero, a las reivindicaciones laborales y a unos pocos caciques”, porque el líder Maximiliano Tornet “había envenenado a 1os ingenuos obreros”, les había confundido y logrado alterar y conectar con la protesta de “los caciques”.

¡Curiosas discrepancias! En España, en Huelva, la empresa trata de demostrar que la causa primordial del conflicto había sido laboral, para minimizar la fuerza de los antihumistas y su eco hasta en el gobierno de la nación. Pero, de cara a Londres, la causa del conflicto había sido el sistema de calcinaciones al aire libre, para no atribuirse a sí mismos una mala gestión laboral y dar a entender que el problema lo había ocasionado el sistema de beneficio decidido desde arriba.

La realidad es que la huelga obrera que había comenzado el 1 de febrero fue total el día 4 y para ese día se había convocado la manifestación que uniera a ambos sectores. De un lado, los representantes de veinte pueblos, la extensa zona que se sentía perjudicada por la mina, habían preparado cuidadosamente su marcha hacia el Ayuntamiento de Riotinto para que suprimiera las teleras. No en vano la “Liga Antihumista” llevaba presionando ocho años, con estancias hasta de seis meses en Madrid, para estar en contacto con políticos de las Cortes españolas, y ahora se les presentaba la ocasión de hacerlo en Riotinto (3). Del otro lado, a los obreros mineros les resultó muy conveniente que la “Liga Antihumista” estuviera también en contra de la empresa. Los dos grupos se unieron para ejercer presión y los “días de manta” fue el punto de confluencia porque no habría descuentos de “manta” si no había calcinaciones al aire libre.

No hay duda de que la manifestación conjunta fue masiva, pero lo que avala la consideración de quienes no la denominamos protesta ecológica es que la demanda clara de los obreros de la mina era que no les rebajaran el jornal por causa del sistema empleado. Y, las mayores quejas de los antihumistas eran por el incumplimiento de la compañía que expropiaba e indemnizaba, pero no en una medida satisfactoria. Ni demarcaban el terreno realmente afectado, ni pagaban lo que se demandaba ni en los tiempos acordados. Siempre fue una compensación muy escasa y con grandes retrasos. Solo en alguna ocasión se insistía en que no se trataba de indemnizar, sino de no arrasar los campos y cultivos, pero eran voces aisladas. Por último, para los grandes propietarios –los “caciques”– no fue una razón menor su rechazo ante la actitud avasalladora de la Rio Tinto Company y ante la evidencia de su pérdida de influencia política. Fue una situación muy compleja donde no es que fuera inexistente una conciencia ecológica, sino que no podían permitirse el lujo de contemplarla siquiera.

Reivindicaciones mineras y agrarias se sintieron fuertes uniéndose frente a la compañía. Sin embargo, tristemente, darían lugar al gran movimiento y manifestación de 1888 que terminó en muerte y desolación.

(1) Legajo 100-B-8-iii. Archivo de la Fundación Riotinto. Minas de Riotinto (Huelva).

(2) Era costumbre imponer multas por muchos motivos de fallos de funcionamiento interno, pero las dos principales eran multas por falta de puntualidad , que eran progresivas si se repetían, y por extraviar libros de anotaciones en los que tenían esas responsabilidades. Todo ello era una muestra de las secuelas de un trabajo ancestral campesino, en que no había que llevar rígidas contabilidades ni importaba si se llegaba más tarde algún día. Les costó, como a todos aquellos de quienes se ha tenido documentación al respecto, la integración en la fábrica, la disciplina que impuso la revolución industrial.

(3) La demanda se apoyaba en la supresión ya efectiva en otros pueblos en base al artículo nº 72 de la Ley Municipal que autorizaba a los ayuntamientos “a velar por el bienestar de sus vecinos, incluso en el caso de tener que prohibir actuaciones que fueran contrarias a ese propósito”. Así se había logrado en Calañas desde 1886 y en otros lugares posteriormente.

Lola Ferrero, catedrática de Escuela Universitaria de Historia Contemporánea

22 febrero, 2018
Concha Espina, una figura fundamental en la difusión del Año de los Tiros

En estos días en los que vuelven a recordarse los relevantes hechos sucedidos en la Cuenca Minera durante el Año de los Tiros, es necesario recordar la figura de la escritora y periodista Concha Espina, María de la Concepción Jesusa Basilisa Espina, (Santander, 15 de abril de 1879-Madrid, 19 de mayo de 1955). Una persona cuya labor fue fundamental en la historia contemporánea de la comarca, al haber sido la autora del mítico libro ‘El Metal de los Muertos’, donde se narran aquellos hechos del 4 de febrero de 1888. Pero, además, Espina fue prioritaria también en que aquel acontecimiento se conociera fuera de las fronteras provinciales, gracias a sus artículos periodísticos.

Una figura que ha sido especialmente estudiada por el periodista e investigador nervense Juan Carlos León Brázquez, que cuenta con numerosas publicaciones y ha ofrecido diversas conferencias sobre la vida personal y profesional de Concha Espina, en una actividad inestimable por reconocer el importante trabajo de esta mujer, adelantada a su época.

No en vano, Concha Espina fue una escritora precoz, puesto que con tan sólo trece años comenzó a escribir versos. Sus primeras líneas las publicó en el periódico santanderino El Atlántico. Lo hizo con el seudónimo de Ana Coe Snichp, algo muy habitual entonces.

En 1891, fallece su madre y, un año después, su familia se traslada a Ujo (Asturias), donde su padre comenzó a trabajar como contable en las minas. De esta forma, María de la Concepción comenzaba su conocimiento de la situación de los mineros, tanto asturianos como onubenses.

En concreto, la relación de Concha Espina con Huelva se inicia a raíz de las crónicas periodísticas que la escritora firmaba diariamente en la prensa contando lo que sucedía en la Cuenca Minera onubense, noticias que inspiraron el relato de su novela ‘El Metal de los Muertos’. Esta obra consagró a la santanderina como periodista y, por supuesto, como escritora. La publicación tuvo un enorme impacto, siendo recordada aún en la actualidad, lo que pone de manifiesto su relevancia.

En su vida personal, Concha Espina se casó en 1894 con Ramón de la Serna, con el que se trasladó a Chile, donde tuvo dos hijos, Ramón y Víctor. Esta faceta más íntima la compaginó con el periodismo, ya que Espina fue corresponsal en Chile del periódico El Correo Español de Buenos Aires y colaboró en varios rotativos iberoamericanos.

A su regreso a España en 1898, Concha Espina intensifica su labor como escritora, tanto de obras literarias como por sus colaboraciones en los diarios La Atalaya o El Cantábrico, los principales periódicos de Santander a inicios del siglo XX. En 1903, Espina escribe su estudio ‘Mujeres del Quijote’ y sus poemas Mis flores, mientras que en 1909 publica su primera novela: ‘La niña de Luzmela’.

En este punto de su carrera se traslada a Madrid, donde en 1918 estrena la obra de teatro ‘El jayón’, basada en un cuento suyo. A partir de aquí, su carrera literaria continuaría con tres obras más, ‘Esclavitud y libertad’, ‘Retaguardia’ y ‘La luna roja’, publicadas durante la Guerra Civil, cuando ya se había separado de su marido, que había sucedido en julio de 1934.

Entre otros muchos reconocimientos, Concha Espina recibió en 1924 el Premio de la Real Academia Española por ‘Tierras del Aquilón’, fue nombrada Hija Predilecta de Santander y le otorgaron la Orden de Damas Nobles de María. Además, en 1935, fue nombrada miembro de honor de la Academia de Artes y Letras de Nueva York y, en 1950, recibe la Medalla del Trabajo, cinco años antes de su fallecimiento en Madrid. Galardones a los que se podría haber sumado el Premio Nobel de Literatura, al que fue propuesta en diversas ocasiones.

En definitiva, una mujer muy destacada en la historia de Huelva, pionera en numerosos ámbitos, incluido en la denuncia de la situación de los mineros onubenses. Por todo ello y mucho más, merece ser recordada.

(*) Para la elaboración de este artículo, hemos seguido principalmente el trabajo titulado ‘Tras los pasos de Concha Espina. Escritoras y periodistas en la sombra: El caso de Félix Bulnes’, de Mari Paz Díaz Domínguez. Puede consultarse en el siguiente enlace: http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/11734/Tras_los_pasos_de_Concha_Espina.pdf?sequence=2

16 febrero, 2018
Tres vecinos de Calañas fueron asesinados en la Cuenca Minera durante la guerra y la posguerra

De los 194 vecinos de Calañas y sus diferentes entidades que fueron asesinados durante la guerra y la posguerra en distintos puntos de la provincia, tres de ellos murieron en la Cuenca Minera de Riotinto, concretamente, dos en Zalamea la Real y uno en Nerva, mientras que 147 fueron asesinados en el término calañés, otros 30 en Huelva capital, 4 en El Cerro, 3 en Trigueros, 2 en Villanueva de las Cruces, 1 en Aracena y otros 2 en los municipios pacenses de Fregenal de la Sierra y Llerena, más otro en la zona del Ebro. Además, en Calañas se les dio muerte a otras 20 personas más procedentes de El Cerro, Alosno, Moguer, Valverde del Camino y Villanueva de las Cruces. Con estos datos encima de la mesa quedaron inauguradas este viernes, en La Zarza-Perrunal, sus I Jornadas de Memoria Histórica, enmarcadas en el ciclo que la Asociación de Memoria Histórica de la Provincia de Huelva (AMHPH) desarrolla en desde el pasado otoño en cinco localidades onubenses.

La inauguración corrió a cargo del presidente de la AMHPH, el campillero Fernando Pineda, del alcalde pedáneo de la entidad, Juan Manuel Serrano, y del delegado del Gobierno de la Junta en Huelva, Francisco Romero, que es, además, natural de La Zarza, por lo que ha mostrado «especial interés en compartir con sus vecinos estos momentos que recuerdan episodios muy duros de la historia de nuestra provincia», ha dicho Pineda, quien ha agradecido el gesto, agradecimiento que hace extensible a Juan Manuel Serrano y también al alcalde del municipio de Calañas, Mario Peña. «Todos ellos nos han dado toda clase de facilidades para que pudiéramos desarrollar el trabajo previo que requiere organizar unas jornadas como estas», ha señalado el presidente de la AMHPH.

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva subrayó durante su intervención que el Ejecutivo autonómico apoya la celebración de estos actos porque son «una oportunidad para recordar nuestra historia y porque es de justicia recordar y honrar a alrededor de 200 víctimas de La Zarza- Perrunal, Sotiel, La Torerera y de Calañas que se esforzaron por conseguir un régimen democrático».

Entre estas víctimas se contabiliza una decena de mujeres que fueron ultrajadas, a veces, únicamente por ser mujeres. «Por eso, aprovecho estas jornadas para homenajear aquí a Amparo Ramírez González, ama de casa, de 32 años que fue asesinada en El Perrunal, el 21 de agosto de 1936; a Asunción García, de 32 años, y Ana Pérez, de 49 años de La Torerera, quienes corrieron la misma suerte el 6 de octubre; a Isabel Rodríguez, el 8 de noviembre, así como al menos a otras seis mujeres más. Muchas otras fueron encarceladas, vejadas, paseadas, rapadas,…», afirmó Romero.

«Quiero resaltar -añadió- que la inclusión de la Memoria Democrática en la Consejería de Presidencia y Administración Local demuestra un impulso muy importante por parte del Gobierno andaluz, fortaleciendo la posición de nuestra comunidad autonómica que ya se encuentra en la vanguardia en el desarrollo de políticas públicas de memoria». Junto a ello, la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía ha supuesto un punto de inflexión de un largo camino que se inició hace casi dos décadas, concretamente en 1999, y que ahora se consolida.

Este año, además, hay un importante incremento presupuestario para el desarrollo de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, en capítulos destinados a estudios, jornadas y en actuaciones específicas en fosas y al proceso posterior de identificación genética que supone un incremento del 154% con respecto a 2017.

De acuerdo con esta ley, es la Administración de la Junta de Andalucía la obligada a realizar las actuaciones necesarias para recuperar e identificar los restos de víctimas desaparecidas y de elaborar mapas de localización de restos, así como la responsable de autorizar la localización, exhumación e identificación de restos y de autorizar la construcción o remoción de terrenos en los que se tenga conocimiento de la existencia de restos.

Relativo a la reparación a las víctimas, la legislación encomienda a la Administración de la Junta de Andalucía que promueva medidas de reparación y reconocimiento de las víctimas en el marco del Plan Andaluz de la Memoria Democrática, y declara el 14 de junio como el día de su recuerdo y homenaje. En relación a las fosas comunes en cementerios, la Junta de Andalucía impulsará el protocolo de actuación para dignificar las fosas comunes de las víctimas y asegurar su conservación para ser exhumadas en los cementerios municipales.

En la Ley de Memoria se recoge también la creación del Consejo Andaluz de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía que promoverá la creación de un Grupo de trabajo o comisión independiente. Ese grupo creará en las distintas provincias Puntos de Atención a las Víctimas. En este sentido, Huelva cuenta ya con la Oficina de Memoria Democrática, que viene desarrollando funciones de información y asesoramiento, asuntos de actuaciones específicas en fosas, de Lugares de Memoria Democrática y fundamentalmente establecer relación con familiares de víctimas, ayuntamientos, colectivos memorialistas, así como informar de ayudas de subvenciones y proyectos vinculados con la memoria.

Por su parte, el alcalde pedáneo agradeció «enormemente» a la AMHPH que haya tenido a bien elegir esta zona de la provincia para celebrar este cuarto encuentro memorialista. Serrano quiso destacar que «la represión allí fue muy cruel y que los episodios vividos marcaron la vida de muchas personas que no han podido olvidar y cuya dignidad no ha sido tenida en cuenta aún, por lo que ha destacado que la Ley andaluza ayudará mucho a que la gente sienta que se les tiene en cuenta y que su sufrimiento pueda ser resarcido».

El primer día de las jornadas contó con la conferencia del historiador Cristóbal García, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Huelva y experto en la historia de Huelva y su provincia de mitad del siglo XX, tras lo que, el sábado, el evento concluyó con la conferencia del responsable de Investigación de la Asociación de Memoria Histórica de la Provincia de Huelva (AMHPH), Miguel Ángel Harriero, y con los testimonios de los investigadores locales Juan José García Tornero y Pedro Márquez Fernández, que se esforzaron por buscar datos sobre los sucesos ocurridos en esta zona de la provincia de Huelva después del golpe de Estado que dio lugar a la guerra civil española. La AMHPH concluyó de este modo la cuarta de las cinco jornadas que componen el ciclo que viene desarrollando desde el pasado otoño y que “busca desenterrar una verdad demasiado tiempo silenciada”, ha dicho el presidnete de la asociación, Fernando Pineda.

Mas allá de los cerca de 200 vecinos que fueron asesinados en el término de Calañas, en su mayoría por los bandos de guerra (fusilamientos sin juicio alguno) y los consejos de guerra (sentencias con una «apariencia» de legalidad), «quienes sobrevivieron tuvieron que padecer también los castigos económicos derivados de los decretos y comisiones de incautación de bienes, que bajo el principio de que la guerra la tenían que pagar quienes la habían perdido practicaron la rapiña sobre familias y vecinos que habían apoyado la legalidad republicana», señaló Cristóbal García, quien pronunció una conferencia el viernes por la tarde ante el numeroso público asistente.

A partir de febrero de 1939, «la jurisdicción de Responsabilidades Políticas, artilugio jurídico franquista -adujo el profesor-, ejerció el castigo y control sobre los considerados enemigos del bando sublevado». Este experto en la Historia de la provincia de Huelva de mitad de siglo XX ilustró estas ideas con documentación referida directamente a La Zarza y El Perrunal, «aldeas que dada su condición de núcleos mineros y electoralmente afines a la izquierda durante la República padecieron con encono y minuciosidad la justicia de los sublevados».

Miguel Ángel Harriero, por su parte, mostró el sábado documentos del Archivo Municipal de Calañas, que ha rastreado minuciosamente en las semanas previas a estas jornadas; y ha destacado también que los más de 100 expedientes de prisiones de vecinos de la Zarza-Perrunal se encuentran en el Archivo Histórico Provincial; y los 67 consejos de guerra que se llevaron a cabo contra los calañeses y calañesas se ncuentran digitalizados por la Diputación Provincial.

Harriero, que ha estudiado los otros archivos municiales de los municipios en los que ya se han celebrado las jornadas (Aljaraque, Gibraleón y Beas), ha experimentado en esta ocasión algo especial porque es nieto de Miguel Harriero Márquez, natural de La Zarza, del cual ha mostrado los datos de alistamiento al «Glorioso Ejercito Salvador», tal cual figura en los documentos, «alistamiento forzoso a los 17 años, otra de las múltiples formas de represión y control que los sublevados utilizaron en la provincia y de las menos estudiadas hasta el día de hoy», resaltó.

Por su parte, el investigador local Juan José García Tornero hizo un recorrido por la memoria de La Zarza, «esa que se ha ido contando de padres a hijos», documentada con un listado de asesinados realizado por un vecino de la localidad. Entre los hechos que contó sobresale la exposición en el Pago de los cuerpos de los asesinados en La Zarza, según consta en uno de los expedientes digitalizados por la Diputación Provincial, que incluye fotografía de dicha exposición pública. El abogado Pedro Márquez Fernández expuso la importancia de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica de la Junta de Andalucía y adujo que «a pesar de la brutalidad de la represión, no hemos sido capaces aún de recuperar la verdad, de hacer justicia y reparar el daño ocasionado por el franquismo». Márquez se preguntaba el motivo por el que la sociedad española «se ha olvidado de quienes cometieron el delito de ser fieles a la legalidad» y lamentó que los españoles «no hayamos sido capaces de realizar una segunda transición».

Estas jornadas que se vienen celebrando pretenden, entre otras cuestiones, incentivar el trabajo de los investigadores locales, ya que, «al encontrarse en el territorio, tienen a su alcance la posibilidad de rastrear los datos cotejándolos con testimonios de las propias víctimas que aún viven o que han dejado en sus familiares el recuerdo de aquellos días horribles que nunca debieron existir», ha señalado Pineda, quien ha reiterado su agradecimeinto a la Junta de Andalucía por su aportación económica para poder celebrar este ciclo. El presidente de la AMHPH ha puesto el acento en la importancia que va a tener para el futuro el contenido de estos actos, conferencias, exposiciones y charlas porque, «aunque no sea suficiente, estos pueblos saben más ahora que antes de lo que realmente pasó y nuestro deber es exponerlo con absoluta libertad y darle toda la difusión posible», concluyó.

21 enero, 2018