Categoría: Política

El partido ve «factible» que la Junta pueda paralizar el trámite

Ciudadanos (Cs) hará «todo lo posible» para que la Junta de Andalucía paralice el desahucio de la familia de El Campillo a la que la propia administración autonómica comunicó la semana pasada que tiene seis meses para abandonar su casa, una vivienda de protección oficial que la Junta le concedió hace 31 años en régimen de alquiler.

El portavoz provincial de la formación naranja y vicepresidente del Parlamento de Andalucía, Julio Díaz, se puso en ello nada más que conoció el tema a través de Tinto Noticias -el periódico de la Cuenca Minera de Riotinto-, según ha informado a esta redacción el coordinador del partido en Minas de Riotinto, José Manuel Salvador, quien este mismo lunes ha mantenido un encuentro con los afectados, José Luis Vizcaíno y Magdalena Martín.

Tras el encuentro, en el que también ha estado presente un representante de Ciudadanos de Valverde del Camino, Ángel Rivas, Salvador ha trasladado a este periódico que, en principio, a tenor de las explicaciones dadas por el matrimonio, ve «factible» que la Junta pueda paralizar el proceso, pues, tal y como ya adelantó Tinto Noticias, Magdalena Martín asegura que no fue conocedora de que el banco la convirtió en propietaria del piso que su hijo se había comprado en el municipio cordobés de La Carlota.

De momento, la familia afectada le ha trasladado toda la documentación del caso a estos representantes de Cs, quienes a su vez se la pasarán a Julio Díaz para que éste dé trasladado de la misma al departamento correspondiente de Gobierno andaluz, formada por Partido Popular y la propia formación naranja.

El encuentro ha sido valorado de manera muy positiva por José Luis y Magdalena, quien han mostrado su «agradecimiento» a Ciudadanos y a los representantes que se han reunido con ellos «con el fin de interceder ante la Junta para detener el desahucio», ha subrayado el propio Vizcaíno.  

Cabe recordar, tal y como también adelantó este periódico, que la Junta de Andalucía defendió que este trámite «lo inició el Ayuntamiento de El Campillo en 2014» al comunicar a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) que la vivienda de José Luis Vizcaíno y Magdalena Martín «estaba desocupada», si bien fuentes del que entonces era el Equipo de Gobierno Municipal, del extinto Partido Andalucista, aseguraron a esta redacción que, en el caso de que eso sea cierto, esa actuación tuvo que llevarse a cabo por un requerimiento previo de la administración andaluza.

Como adelantó este periódico, la Junta comunicó a la familia afectada que debe abandonar su casa en seis meses, para lo que la Administración autonómica argumenta que Magdalena Martín tiene otro piso en propiedad, algo que «es cierto según los papeles pero no en la práctica», hasta el punto de que «ni yo misma lo sabía», defendió la propia Martín en declaraciones a Tinto Noticias.

El caso de remonta a principios del presente siglo, cuando uno de sus hijos se compra una casa en La Carlota (Córdoba). «Después de pagar la entrada a la constructora, el banco le dice que no le da la hipoteca porque es muy joven y no tiene un contrato fijo», indica Magdalena, que acudió por ello a la entidad financiera para preguntar de qué manera puede ayudar a su hijo.

Fue entonces cuando «nos dijeron que necesitaban una nómina y una firma”, continúa, por lo que “yo les llevé mi nómina y firmé», añadió, pero «yo no sabía que me habían puesto como propietaria», explicó Magdalena, que aseguró que, de hecho, su hijo tiene los recibos que demuestran que fue sólo él quien realizó los pagos a los que hizo frente antes de que se formalizara la hipoteca.

El calvario de José Luis y Magdalena, que ahora tienen 64 y 62 años, respectivamente, comenzó en 2014, cuando desde la Delegación Territorial de Vivienda de la Junta de Andalucía se les comunicó que le quitaban la concesión de la vivienda en régimen de alquiler, que no han dejado de pagar desde que se la concedieron hace ahora 31 años.

El matrimonio decidió entonces recurrir en el juzgado de lo contencioso administrativo, pero perdió el juicio, tras lo que la semana pasada les llegó la comunicación de que tienen que abandonar la casa en seis meses. «No podemos gastarnos más dinero en abogados”, aseguró Vizcaíno, quien, no obstante, pidió a la Junta que «frene este proceso».

También la actual alcaldesa de El Campillo, Susana Rivas, se ha pronunciado sobre este asunto. Tal y como ya informó este periódico, Rivas salió en defensa de José Luis Vizcaíno y Magdalena Martín, al tiempo que reclamó al Gobierno andaluz que no tome a esta familia como «cabeza de turco», pues considera que hay «muchísimas familias» en una situación similar en el conjunto de Andalucía.

Por ello, la regidora campillera defendió que «deben ser tratadas todas por igual», añadió, si bien quiso dejar claro su «respeto» a los criterios de la administración y a las decisiones judiciales.