La vista tiene lugar sin audiencia pública ni registros de grabación para salvaguardar el «derecho a la intimidad»
El juicio por el crimen de Laura Luelmo, que se celebra desde las 10.00 horas de este lunes 15 de noviembre en la Audiencia Provincial de Huelva, apenas ha tenido unos minutos de audiencia pública. Sobre las 12.30 horas, el magistrado presidente, Florentino Ruiz Yamuza, decidía que la vista continúe a puerta cerrada, por lo que proseguirá «sin audiencia pública ni registros de grabación», tal y como indicó el propio magistrado antes de interpelar al jurado a deliberar sobre esta cuestión.
La propuesta fue realizada por el abogado de la acusación particular, Francisco Luelmo, con el objetivo de proteger lo que calificó como el «derecho a la intimidad», tras lo que su planteamiento fue aceptado por el resto de las partes: acusación popular, ejercida por la Junta de Andalucía, y la defensa de Bernardo Montoya, el acusado por el asesinato de la joven profesora zamorana.
A continuación, el magistrado presidente instó al recién constituido jurado a deliberar sobre esta cuestión, al tiempo que le ofreció la posibilidad de optar por una opción intermedia en la que que solo sean a puerta cerrada las partes en que se compromete la «privacidad», si bien, una vez escuchado al jurado popular, la decisión final ha sido que el juicio se celebre a puerta cerrada, tal y como han confirmado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a los medios de comunicación acreditados, que hasta ese momento estaban siguiendo la sesión a través de un portal de internet habilitado para la ocasión.
Tal y como ya informó TINTO NOTICIAS, el acusado por el asesinato cometido el 12 de diciembre de 2018 en El Campillo, Bernardo Montoya, llegó sobre las 9,35 horas a la Audiencia Provincial de Huelva en medio de un amplio dispositivo de seguridad, que ha sido habilitado para garantizar que todo transcurra con total normalidad.
El juicio contará con sesiones de mañana (a partir de las 10,00 horas) y de tarde. Este lunes estaba prevista, tras la constitución del jurado, la declaración del acusado y de dos testigos, además de resolverse una serie de cuestiones previas planteadas por las partes, mientras que, en la sesión de tarde, tendrá lugar la declaración de 12 testigos.
El martes 16 de noviembre declararán 15 testigos en la sesión de mañana y cinco en la sesión de tarde, mientras que el miércoles 17 de noviembre comparecerán por la mañana seis médicos forenses y por la tarde agentes de distintos grupos de la Guardia Civil, mientras que en la mañana del día 18 tendrá lugar la comparecencia de seis agentes de la Guardia Civil, de cuatro médicos forenses y de un psicólogo.
Una vez concluya la práctica de la prueba, las partes personadas en el procedimiento presentarán sus informes finales, tras lo que el magistrado-presidente del juicio entregará el objeto del veredicto a los miembros del jurado popular, que se retirarán entonces a deliberar antes de hacer público su veredicto.
Tal y como ya informó este periódico, el Ministerio Fiscal pide para el acusado prisión permanente revisable por el delito de asesinato, 20 años de cárcel por el delito de detención ilegal y 12 años de cárcel por el delito de agresión sexual, toda vez que argumenta que se dan las agravantes de género en el caso del delito de agresión sexual y la de reincidencia en el de asesinato.
Además, el Ministerio Público argumenta que procede imponer la medida de libertad vigilada por un período de diez años y la prohibición de aproximación y comunicación con los padres y hermanos de la víctima y de acudir y de residir en la provincia de Zamora. Además, pide que se le imponga la obligación de participar en programas de educación sexual y se acuerde expresamente que no sea clasificado en tercer grado penitenciario hasta el cumplimiento de un mínimo de 22 años de prisión.
Respecto a la responsabilidad civil, la Fiscalía pide que el acusado indemnice a los padres de la fallecida en la cantidad de 300.000 euros y, a los dos hermanos de la misma, en la cantidad de 50.000 euros a cada uno de ellos.
La desaparición de Laura Luelmo se produjo el miércoles 12 de diciembre de 2018, solo dos días después de que la joven se instalara en municipio tras incorporarse, días antes, como profesora del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Vázquez Díaz de la vecina localidad de Nerva.
La desaparición de Laura, que fue adelantada por TINTO NOTICIAS -El periódico de la Cuenca Minera de Riotinto- a través de esta publicación, fue denunciada el jueves 13 de diciembre por un familiar desde la provincia castellano leonesa, tras lo que la Guardia Civil inició las investigaciones pertinentes para hallar a la desaparecida, que desde el miércoles no acudía al instituto, donde daba clases de Plástica en sustitución de una profesora.
El cuerpo sin vida de la joven fue hallado cinco días después de su desaparición, el lunes 17 de diciembre, tras lo que, un día después, el martes 18, fue detenido su presunto asesino, Bernardo Montoya, un exconvicto que acababa de salir de la cárcel tras cumplir condena por asesinato y que se había instalado en una vivienda que su familia tenía en El Campillo, donde no era una persona conocida.
Montoya fue siempre el principal sospechoso. Sus antecedentes penales y el hecho de que viviese en frente de la casa de Laura hizo que la Guardia Civil lo tuviera en el punto de mira desde el principio. Su detención se produjo mientras conducía su coche y salió de la carretera para adentrarse en un carril, tras lo que agentes de la Guardia Civil inspeccionaron su vivienda en busca de pruebas.
Posteriormente, la juez titular del juzgado de instrucción número 1 de Valverde del Camino, Elvira Mora, decretó su ingreso inmediato en prisión por los presuntos delitos de detención ilegal, asesinato y agresión sexual, por los que desde entonces se encuentra en prisión preventiva.
Fotos: Julián Pérez
