El abogado José Luis Orta cree que no reúne los requisitos para ser un enajenado mental
El abogado José Luis Orta, acusación particular y portavoz de la familia de Javier Martín, el joven fallecido el domingo 9 de octubre tras el atropello masivo en dos terrazas de Gibraleón, ha afirmado que solicitará que el principal acusado por los hechos sea juzgado por «asesinato consumado y tentativas de asesinatos en relación a las personas que no fallecieron pero que este intentó acabar con sus vidas».
Así, en declaraciones a Europa Press, Orta ha detallado que la línea de la acusación parte, por un lado, del delito de asesinato consumado por la única víctima del caso y, por otro lado, el de tentativas, en el que «se juzgará en función de la peligrosidad, por lo que hay que separar y coger a cada una de las personas que se libraron de fallecer, por suerte, pero fue un intento de asesinarlas».
Por otro lado, en cuanto al acusado, «de lo que se sabe del procedimiento y sus antecedes», Orta ha incidido en que «parece que es una persona que no reúne los requisitos de un enajenado mental», el cual llevaría «una eximente penal, incluso, completa», ya que una persona con un trastorno severo puede estar «sin responsabilidad penal», pero esta persona «en principio no responde a ese patrón».
«Ello no significa que tenga un comportamiento que choque a la ciudadanía porque haya hecho algo bajo los efectos de la cocaína, que fue la única droga en la que dio positivo en la analítica practicada el día de los hechos. Por lo que, digamos que tuvo un día complicado y ha podido perder la cabeza, pero no hasta el punto de que eso sea penalmente una capacidad suficiente para que no tener responsabilidad», ha señalado.
Al respecto, el abogado ha remarcado que «hay que distinguir entre el que comente hechos que son imprudentes o desde un punto de vista moral criticables, del que lo hace de una manera ajena a un comportamiento legal».
«En el caso del acusado, consideramos, por lo que estamos viendo hasta ahora, que no reúne los requisitos para ser un enajenado mental y, en consecuencia, para eximir responsabilidad, por tanto, es una persona normal y corriente responsable de sus actos», ha agregado.
Así, Orta ha señalado que todo apunta a que es «una persona con capacidad penal para responsabilizarse de cualquier acto, independientemente de que actúe mal».
Tras la fase de instrucción, que se desarrollará en los próximos meses, según ha explicado el abogado, se celebrará el juicio que podría suceder en «la primavera de 2023».
Los hechos sucedieron pasadas las 16,30 horas del pasado domingo, 9 de octubre, cuando el 112 recibió la primera de varias llamadas de auxilio que solicitaban asistencia sanitaria urgente para varias personas que habían resultado heridas tras ser atropelladas por un turismo que se había dado a la fuga en la terraza de un bar situado en la avenida de Andalucía. El individuo «dio marcha atrás y arrolló otras de las terrazas de la misma vía de la localidad». Los servicios sanitarios confirmaron que en el suceso falleció una persona y otras seis resultaron heridas.
Esta persona se dio a la fuga y la Guardia Civil logró detenerla varias horas después en el término municipal de San Juan del Puerto. Asimismo, el juez de instrucción dio orden de realizarle una valoración médica y ha autorizado a los responsables sanitarios del centro penitenciario a realizar los traslados que consideren convenientes.
Tras ello, fue ingresado en el área de Salud Mental donde ha permanecido detenido desde el pasado domingo a la espera de que se determinara que podía prestar declaración ante el juez.
Finalmente, el Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva acordó el pasado 13 de octubre el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del conductor detenido por protagonizar un atropello múltiple que se saldó con el fallecimiento de una persona y lesiones a otras siete.
Además, el mismo está investigado por la presunta comisión de un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria en concurso con un delito de homicidio y varios delitos de lesiones.
El detenido se acogió a su derecho constitucional a no declarar y ha sido ingresado en el Centro Penitenciario de Huelva con medidas de aislamiento del resto de internos para evitar posibles riesgos para su integridad física.
