Guardias Civiles lamentan que no cumple las condiciones mínimas de seguridad y no entienden que se construyera con paredes de pladur
No han pasado ni dos meses de la apertura del nuevo edificio judicial de Ayamonte, que entró en funcionamiento el pasado 30 de septiembre, y ya tiene el calabozo destrozado e «inservible hasta su reparación», tal y como han denunciado este lunes desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que recientemente alertó de que la zona de detenidos incumple las normas de seguridad.
Casi 20 después de aquella denuncia, este mismo sábado 18 de noviembre, una detenida dañó las paredes de la celda, que fueron construidas de pladur, como se muestra en las imágenes que ilustran esta información, lo que a juicio de la AUGC en la provincia de Huelva es una consecuencia de las «deficiencias» anteriormente denunciadas.
Para esta asociación, con ello «se demuestra que el riesgo es evidente y que la falta de seguridad es muy grave, lo que exige una solución inmediata», prosiguen desde el colectivo, que considera que «estos daños producidos deben hacen intervenir de modo urgente a la Junta de Andalucía para que se construyan unas instalaciones adecuadas, con la debida protección y seguridad para detenidos y guardias civiles».
«No es posible» que un calabozo que lleva funcionando muy poco tiempo se haya construido «en esas condiciones y con las paredes de pladur», continúan desde la AUGC, que no entiende «cómo un edificio nuevo no cuente al menos con unas instalaciones adaptadas a la legislación vigente y básicas», esto es, con «celdas separadas, baños separados, protección para guardias civiles y detenidos y mobiliario adaptado en la zona de detención».
La Asociación Unificada de Guardias Civiles recuerda que hace unos días puso «en conocimiento del responsable de la Junta de Andalucía en Huelva la situación en que se encuentra el calabozo del nuevo edificio de los Juzgados de Ayamonte», al considerar que no cumple con las instrucciones establecidas por la Secretaría de Estado para la Seguridad y es «totalmente insuficiente para la cantidad de detenidos que se presentan a los tres juzgados existentes en dicho edificio».
En concreto, la AUGC señala que la zona de detenidos del nuevo edificio, que se ha puesto en marcha como sede de los juzgados 4, 5 y 6 de Ayamonte, carece de celdas separadas para diferenciar a mujeres y hombres, baños diferenciados, cámaras de seguridad, separación entre los detenidos y los agentes o pulsadores para abrir las puertas, además de que «los detenidos y los agentes están en la misma habitación, solo separados por una reja que tienen que abrir manualmente para pasar al cuarto de baño», añaden.
«Incluso los asientos para detenidos y agentes no cumplen con la normativa, un despropósito de la zona de detención en un edificio totalmente nuevo que solo puede traer problemas de agresiones y la utilización de más agentes ante la falta de medidas de seguridad», agregan.
Desde la AUGC explican que la Instrucción 12/2015 de la Secretaría de Estado de Seguridad se dicta para alcanzar una protección más eficaz de la integridad física de los detenidos y para facilitar a los agentes encargados de su custodia unas normas concretas de actuación que permitan garantizar su seguridad y el correcto cumplimiento de su función, al tiempo que señala es es necesario elaborar un protocolo que amplíe y desarrolle las pautas básicas establecidas y en la línea de las sugerencias emitidas por órganos interministeriales relacionados con esta materia y por la Institución del Defensor del Pueblo.
A ello se suma, añaden, que la instrucción 11/2015 de la misma Secretaría aprueba la instrucción técnica para el diseño y construcción de áreas de detención, así como que en el ‘Protocolo de actuación en las áreas de custodia de detenidos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado’, aprobado por la misma Secretaría de Estado de Seguridad en 2015 y actualizado en mayo de 2018, se establecen los requisitos de esta zona, requisitos que «muchos años después» no se cumplen, pues «una gran parte de las instalaciones aún sigue sin adaptarse a la normativa y a las recomendaciones del Defensor del Pueblo», concluyen.
