El sindicato demanda la dotación de recursos materiales para asegurar la vigilancia efectiva, el aumento de la plantilla y el plan obligatorio de prevención de riesgos laborales
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas con una creciente presencia en la empresa privada, ha puesto de manifiesto a través del sector de la Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) la precaria y preocupante situación en la que se encuentran los empleados públicos del Centro de Protección de Menores de Huelva por falta de seguridad.
Así lo ha denunciado por medio de un escrito presentado en la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y de la lectura de un manifiesto a las puertas de la sede de CSIF en la capital onubense, un acto de reivindicación que ha servido, asimismo, de homenaje a la educadora social asesinada en Castuera (Badajoz) el pasado domingo mientras realizaba su trabajo.
El responsable de AGJA en CSIF Huelva, Emilio Gallango, ha manifestado que “se hace imprescindible la adopción de una serie de medidas tendentes a minimizar los riesgos inherentes al desempeño de sus funciones, como ha reflejado este lamentable caso”. “Las administraciones deben tomar conciencia del grado de peligrosidad al que se encuentra expuesto el personal y el desamparo que en ocasiones sufren por parte de los responsables políticos”, ha añadido Gallango.
CSIF demanda un circuito cerrado de seguridad en aquellos lugares en los que esté permitido por la legislación vigente, la contratación de un sistema de vigilancia que refuerce la seguridad del centro para la protección de los empleados públicos y la seguridad del resto de usuarios, el refuerzo del horario nocturno porque actualmente solo lo ocupa un empleado, teléfonos móviles para la comunicación con el resto de trabajadores y la efectiva instalación del conocido como ‘botón del pánico’.
Además de los medios materiales necesarios en las instalaciones, CSIF exige la elaboración de un plan de prevención de riesgos laborales y psicosociales, absolutamente imprescindibles e incluido en la legislación actual. Asimismo, ha de reconocerse de oficio y con carácter inmediato el plus de peligrosidad a los empleados públicos, garantizados por los órganos judiciales desde 2017.
El responsable de AGJA ha recordado que CSIF Huelva “lleva años reivindicando el aumento de los recursos materiales y humanos a través de distintos escritos y reuniones sin que haya habido una respuesta eficaz”. Un ejemplo de ello es el caso omiso a la reiterada solicitud de un protocolo específico de agresiones para los centros de protección de menores y centros residenciales de personas mayores en situación de riesgo de exclusión social y un protocolo preventivo sanitario para la detección de enfermedades infectocontagiosas, demanda elevada al Comité de Seguridad y Salud de la provincia de Huelva.
“Reclamamos medidas que garanticen la seguridad de los trabajadores y un clima de convivencia adecuado para proteger, asimismo, a los menores del centro”, ha añadido Gallango.
