Unos 3.000 profesionales de Huelva están sujetos a la aplicación de un normativa que no se actualiza desde 2006
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas y con presencia creciente en la empresa privada, se ha concentrado este martes en Huelva y en el resto de capitales andaluzas en señal de protesta por las obsoletas cuantías que reciben los empleados públicos por pernoctar fuera de su residencia por razón de trabajo y para exigir soluciones. La concentración de Huelva ha tenido lugar ante la sede de la Delegación Territorial de la Consejería de Economía Hacienda y Fondos Europeos en Huelva.
La central sindical ha denunciado de forma reiterada y por escritos dirigidos tanto a la Consejería de Hacienda como a la Dirección General de Recursos Humanos, el deterioro de las condiciones laborales a las que están expuestos unos tres mil profesionales, en su mayoría conductores, a quienes se les aplica una normativa que no se actualiza desde 2006 y que genera graves diferencias entre el personal al servicio de la Administración.
El responsable del sector de AGJA de CSIF Huelva, Enrique Gallango, ha indicado que “es urgente que la Junta reaccione y ofrezca soluciones que pongan fin a las cuantías desactualizadas que reciben los empleados públicos y que les impiden hacer frente a las exigencias del servicio que prestan, además de generar diferencias aberrantes con el personal que ocupa altos cargos en la Junta”.
Gallango ha detallado que los trabajadores “ven cómo con las escasas partidas asignadas para pernoctar fuera de su residencia, siempre por motivos laborales, no pueden hacer frente al pago de un alojamiento digno, por lo que se ven obligados a pagarlo de su bolsillo, aceptar alojarse a 50 kilómetros o más del lugar donde deben llevar a cabo su servicio, e incluso, aceptar pernoctar en habitaciones compartidas”.
Este tipo de situaciones se generan habitualmente en el colectivo de conductores, cuando el alto cargo para el que prestan su servicio se ve obligado a modificar su agenda de manera imprevista y tienen que pernoctar fuera de su residencia. En estos casos, explica CSIF, el alto cargo dispone de una cuantía que le permite alojarse “sin apenas dificultades en cualquier hotel, sin embargo, en el caso del conductor la búsqueda de alojamiento se complica”.
En primer lugar, el protocolo les obliga a contactar con la agencia de viajes adjudicataria de la licitación de este servicio, que en la mayoría de los casos, cuando se producen cambios de agenda y se les intenta localizar, están fuera de horario de oficina y han cerrado. En segundo lugar, si consiguen un alojamiento de manera urgente, en la mayoría de los casos el coste es superior a la cuantía que tienen designada para ello, por lo que este empleado público se ve obligado a pagar la diferencia de su bolsillo o volver a altas horas de la madrugada a su localidad o provincia y regresar a las pocas horas para recoger de nuevo al alto cargo. Esta circunstancia duplica las horas que el empleado tiene que estar al volante, alarga su jornada laboral e impide tener las horas de descanso adecuadas para prestar el servicio.
Con las movilizaciones de este martes, CSIF quiere visibilizar “este agravio tan injusto” entre un personal y otro al servicio de la misma Administración. “La época de esclavitud ya pasó y estos episodios denigrantes son impropios del siglo XXI”, ha destacado Gallango.
Normativa obsoleta
La normativa vigente que establece las cuantías en concepto de indemnización por razón de servicio está recogida en la Orden de 11 de julio de 2006 y publicada en BOJA nº 143, de 26 de julio de 2006. El sector de AGJA de CSIF critica la dejadez por parte de la Administración por no haber actualizado esta directriz en años y no ser consciente del encarecimiento de los costes de vida producidos durante 16 años.
CSIF lamenta que la Administración en lugar de proceder a actualizar las cantidades ha optado por un “mecanismo de compensación” para cubrir los gastos ofertados a través de las agencias de viajes, cuando los importes superan la cuantía establecida en la orden de 2006. Dicho mecanismo consiste en “cobrarles estos sobrecostes a los trabajadores afectados a costa de dichas indemnizaciones a que tienen derecho en concepto de manutención o gastos de desplazamiento en vehículo propio o urbano, olvidando que estas indemnizaciones se generan por otros conceptos diferentes”. En este sentido, desde CSIF lamentan que en ocasiones los empleados públicos “se ven obligados a elegir entre dormir o comer”.
La central sindical reclama una “solución urgente” para frenar esta situación que genera un gran malestar entre los trabajadores e insiste en que, al menos, al colectivo de conductores de altos cargos, no sujetos a tener una previsión en sus desplazamientos al estar condicionados por las imprevisibilidad en la agenda del alto cargo, se le deje de aplicar el Acuerdo Marco y se le ofrezcan condiciones similares a estos últimos para los que prestan su servicios y que al resto de trabajadores cuyos desplazamientos si están previstos, se les aloje en condiciones dignas y no tengan que renunciar a comer.
En este sentido, desde el sector de AGJA han solicitado a la Junta en la Mesa Sectorial celebrada esta semana que “agilice la resolución de todos los procesos de promoción interna, puesto que además de la incertidumbre que genera en el personal afectado, les limita su derecho a la carrera administrativa con los consiguientes perjuicios a nivel administrativo y económico”.
