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  • CSIF alerta de la saturación de los técnicos de prevención en la educación pública de la provincia  

    CSIF alerta de la saturación de los técnicos de prevención en la educación pública de la provincia  

    Normalmente son dos técnicos en la plantilla y con el refuerzo actual por la situación de emergencia sanitaria hay cuatro profesionales; aun así “están desbordados”

    Desde el sindicato CSIF se ha alertado de la saturación de los técnicos de prevención de riesgos laborales en la unidad provincial de PRL (Prevención de Riesgos Laborales) de la Consejería de Educación y Deportes ante las numerosas incidencias derivadas de la situación de emergencia sanitaria de la Covid-19. Actualmente, hay cuatro técnicos en la plantilla, dos de ellos contratados como refuerzo este curso por la situación extraordinaria en los centros docentes, y aun así -tal y como ha comprobado CSIF- se encuentran desbordados para poder atender los 330 centros no universitarios de titularidad pública de la provincia de Huelva.

    La contratación de estos dos técnicos de refuerzo finaliza el próximo 31 de diciembre (al igual que todo el personal adicional del resto de provincias andaluzas) por lo que, según CSIF, con tan solo dos efectivos para todo el territorio onubense “será inviable garantizar la protección de la comunidad educativa en el marco actual de la pandemia”. Por este motivo, desde el sindicato se ha exigido que los técnicos de prevención de riesgos laborales que se han contratado adicionalmente para afrontar la crisis sanitaria de la Covid-19 continúen en sus puestos el próximo año.

    En este sentido, CSIF ha puesto de manifiesto la necesidad de que estos profesionales de refuerzo sigan formando parte de las plantillas, “ya que son más que necesarios, no sólo en la etapa actual para atender las necesidades derivadas de la crisis sanitaria, sino porque estas plantillas siempre han estado infradotadas de personal a pesar del trabajo ingente que tienen que asumir”.

    En concreto, algunas de las funciones que desempeñan los profesionales que integran estas unidades son la evaluación de riesgos laborales en los centros educativos, la valoración de posibles adaptaciones de puestos de trabajo, la determinación de medidas preventivas cuando son necesarias, la investigación de accidentes laborales o la formación en materia de prevención de riesgos laborales a los trabadores y las trabajadoras.

    A estas tareas ordinarias que tienen encomendadas, se suman ahora multitud de cuestiones relacionadas con la gestión de la pandemia desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales en los colegios e institutos públicos onubenses.

    Más de 300 centros educativos a los que atender

     “En la unidad de PRL de Huelva no saben cómo van a poder asumir la atención a los más de 300 centros educativos no universitarios de titularidad pública que hay en la provincia si pierden personal, porque ya les cuesta hacerlo en la actualidad con los recursos humanos con los que cuentan ahora mismo”.

    CSIF entiende que “la continuidad de estos profesionales, que actualmente son de vital importancia, no debe estar sujeta a que exista disponibilidad presupuestaria para ello, que es lo que ha planteado la Administración”, y reclama que se garantice que se prorroguen sus servicios, “no sólo para el presente curso escolar, sino con carácter permanente para intentar solventar el problema de falta de recursos que hay en estas unidades”. Además, en Huelva se da la circunstancia de que hay una plaza no cubierta en este servicio.

     

  • Denuncian «restricciones» en las pruebas del covid a los docentes

    Denuncian «restricciones» en las pruebas del covid a los docentes

    El CSIF critica las «incidencias, retrasos y dificultades» del colectivo de mutualistas de Muface

    El sector de Educación del sindicato CSIF ha denunciado las «dificultades e incidencias» con las que asegura se están encontrando los docentes mutualistas de Muface que reciben la asistencia sanitaria a través de compañías concertadas a la hora de acceder a las pruebas diagnósticas de Covid-19. En este sentido, la central sindical ha exigido una solución inmediata y urgente ante los retrasos y restricciones que estos docentes -y sus familiares adscritos a la mutualidad- están encontrando.

    En concreto, «se han detectado numerosas incidencias en las que los mutualistas indican las trabas que tienen que afrontar, como por ejemplo la imposibilidad de acceder a una prueba PCR, ya que lo que se efectúa en la mayoría de los casos es una prueba de antígenos», advierte el sindicato.

    Además, añade que, según las directrices de Muface, en el caso de los familiares de los docentes adscritos a la mutualidad, las compañías sólo atienden aquellos casos con síntomas de especial gravedad, «quedándose fuera los casos leves, las personas que han tenido un contacto estrecho con un positivo Covid y aquellos que tienen que someterse a una operación quirúrgica», agrega.

    Los mutualistas se encuentran “en tierra de nadie”, según denuncia CSIF, que considera que «la sanidad pública les deniega las pruebas por tener la sanidad concertada (sobre este hecho incide también la saturación que afrontan los centros de salud), mientras que las compañías concertadas aseguran que no están autorizadas para indicar las pruebas diagnósticas por los protocolos y se limitan a aquellos casos con síntomas de especial gravedad».

    Asimismo, la central sindical explica que cuando los mutualistas consiguen que les prescriban la PCR al tener síntomas graves, esta se demora hasta una semana desde que se asiste a consulta, con el consiguiente riesgo de contagios intrafamiliares. Además, CSIF asegura que también ha detectado que Muface no pone en marcha el protocolo de contactos estrechos con la Seguridad Social cuando se comunica un positivo.

    “En esta situación, muchos funcionarios docentes se ven obligados a sufragar de su bolsillo sus pruebas PCR y las de sus familiares para no arriesgarse a sufrir males mayores por carecer de un diagnóstico del Covid-19 a tiempo”, lamenta la central sindical, que ha puesto de manifiesto cómo “no es de recibo que los docentes mutualistas de MUFACE que reciben asistencia sanitaria a través de compañías se vean discriminados de este modo”.

    La central sindical ha subrayado finalmente que “se trata de los profesionales que están haciendo posible este complicado curso escolar, exponiendo su salud al estar en contacto con numerosos grupos de alumnos y alumnas”. Precisamente por ello, desde CSIF se exige que estos retrasos y restricciones dejen de producirse, “porque lo que está en juego es, en última instancia, la salud de los docentes y la del conjunto de la comunidad educativa”, concluye.

  • Empleados públicos se concentran para exigir que se cumpla el pacto de teletrabajo de la Junta

    Empleados públicos se concentran para exigir que se cumpla el pacto de teletrabajo de la Junta

    El CSIF alerta de que la modalidad de trabajo no presencial solo se ha concedido a menos del 10 por ciento de los trabajadores

    El sindicato CSIF ha reclamado este jueves en una concentración de protesta el cumplimiento del pacto que regula de forma transitoria la modalidad laboral no presencial para el personal del sector público andaluz mientras dure la crisis de la Covid-19. La central sindical ha cifrado en más de 18.000 los trabajadores afectados en la provincia de Huelva en los sectores de Administración General de la Junta de Andalucía, sanidad, educación, justicia y otros entes dependientes de la Administración autonómica.

    Bajo el lema ‘Por seguridad, trabajo no presencial’, CSIF ha exigido en la protesta que se ejecute el acuerdo de teletrabajo firmado el pasado mes de septiembre para reducir la movilidad de los empleados públicos que dependen de la Junta de Andalucía como medida de contención y prevención ante la pandemia de la Covid-19, de forma que se eviten desplazamientos a los centros de trabajo y se minimice la concentración de personal. Sin embargo, según estimaciones de la central sindical, a menos del 10% del personal afectado que lo ha solicitado se le ha concedido la modalidad no presencial de trabajo.

    En este sentido, el sindicato ha lamentado las “trabas y excusas” que a su juicio se ponen para aplicar unas medidas organizativas que considera “absolutamente extraordinarias y necesarias en el actual contexto de emergencia sanitaria, y pactadas en el seno de la Mesa General, para velar por la seguridad y la salud de los empleados públicos y de la ciudadanía en general”. Estas medidas suponen que los empleados públicos desarrollen funciones en la modalidad no presencial hasta el 20% de la jornada semanal como norma general, si bien este tiempo puede verse aumentado hasta alcanzar el 100% en aquellos casos en los que no se puedan cumplir las medidas de prevención, explica el sindicato.

    En el manifiesto reivindicativo que se ha leído durante la concentración se subraya cómo “desempeñar una modalidad de trabajo no presencial no significa quedarse en casa sin cumplir con las obligaciones como empleado público” y se destaca que “han sido la buena voluntad y las buenas prácticas de los miles de empleados y empleadas públicas las que han mantenido el funcionamiento de los servicios públicos durante todos estos meses de emergencia sanitaria”. Por este motivo, CSIF exige a la Administración autonómica que “confíe en sus empleadas y empleados públicos, que valore su dedicación y que les proteja con todas las medidas de seguridad a su alcance”.

    Finalmente, desde la central sindical se ha puesto de relieve en la contradicción la forma de actuar que a su juicio ha tenido la Junta. «Mientras sigue en vigor un estado de alarma, con confinamiento perimetral de los municipios de Andalucía, y la Administración continúa pidiendo a la ciudadanía que limite sus actividades y movimientos a los estrictamente necesarios, se impide a los trabajadores y las trabajadoras del sector público andaluz la modalidad laboral no presencial, tal y como se recoge en las medidas extraordinarias acordadas para la contención del virus contenidas en el pacto de teletrabajo”, concluyen.

  • Ayamonte tendrá que pagar los servicios extraordinarios adeudados a la Policía Local gracias a CSIF

    Ayamonte tendrá que pagar los servicios extraordinarios adeudados a la Policía Local gracias a CSIF

    El sindicato explica que se tuvo que recurrir a estos servicios para poder cubrir todas las incidencias y eventos locales ante la merma de efectivos en la Policía Local

    El sindicato CSIF presentó un total 21 demandas judiciales para reclamar el pago de los servicios extraordinarios realizados por los agentes de la Policía Local de Ayamonte entre los meses de junio y diciembre de 2019 ante la negativa del Ayuntamiento a abonar estas cantidades a la plantilla. Ahora, los juzgados de lo Contencioso-Administrativo números uno, dos y tres de Huelva han dictado las primeras sentencias en las que, de forma unánime, se reconoce el derecho de los agentes a que el consistorio les pague la totalidad del montante que se reclama.

    El consistorio se había opuesto al abono de estas cantidades argumentando que se había superado el máximo 48 de horas previstas en el convenio del personal funcionario. Sin embargo -y tal y como entendía CSIF- las sentencias de los tres juzgados coinciden y reconocen que los servicios extraordinarios fueron “desempeñados, sin duda, y no por decisión individual sino porque les fueron asignados a los trabajadores en su calidad de agentes de la Policía Local por el organismo correspondiente, siendo prestados por cuenta y beneficio de la Administración municipal que, además, no impidió su ejecución ni puso objeción alguna”.

    Con esta exposición, los juzgados invalidan el mencionado argumento del Ayuntamiento que quedó recogido en un Decreto municipal de enero de este año para no pagar los servicios que excedieran el límite de 48 horas contenidas en el reglamento municipal de los funcionarios. En este sentido, CSIF explica que esta resolución fue notificada a los agentes después de más de siete meses trabajando excediendo su jornada normal de trabajo para dar cobertura a los servicios de seguridad ordinarios y extraordinarios (como fiestas de barriadas o fiestas patronales) según los requerimientos de la Jefatura de la Policía Local. Como ya denunció la central sindical, “estos servicios realizados eran necesarios para garantizar la seguridad en el municipio y cubrir todas las emergencias y eventos locales ya que desde comienzos del año 2019 la plantilla se redujo en un 25% tras la jubilación de nueve agentes”. Esta situación obligó a los policías a trabajar más horas ante la reducción del número de efectivos para prestar servicio.

    Lo extraordinario de esta circunstancia está reconocido en las citadas sentencias al considerar que la negativa de pago del Ayuntamiento se amparaba exclusivamente en “defectos procedimentales” y este hecho no puede constituir un obstáculo para el abono del importe de los servicios realizados, al ser ordenados por una persona “con potestad efectiva”.

    Tras este varapalo judicial al Gobierno local, CSIF asegura que el ayuntamiento “está abandonando su oposición y procediendo al abono de las cantidades adeudadas después de casi un año y medio desde que se iniciara la situación de impago”. En este sentido, la central sindical recuerda que los responsables municipales “nunca tuvieron una voluntad real de solucionar el problema y en todo momento desoyeron no solo los argumentos de los representantes sindicales sino también la información recabada de los Servicios Jurídicos de la Diputación Provincial por parte del equipo de Gobierno. Estos servicios advirtieron al consistorio de que los trabajos extraordinarios deberían ser abonados a los agentes”. Es más, en otros municipios de la provincia donde se tuvo que recurrir a los servicios extraordinarios por la merma de sus plantillas de Policía Local, estos se abonaban sin ningún tipo de incidencia.

    Por todo ello, CSIF lamenta cómo “nunca ha habido buena disposición por parte de los responsables municipales para solucionar un problema generado por ellos, obligando a los agentes a buscar el amparo judicial para que le fuese retribuido su trabajo”. Ahora los tribunales les han dado la razón. 

     

     

  • Exigen considerar accidente de trabajo los contagios por covid de todo el personal que trabaja en centros sanitarios

    Exigen considerar accidente de trabajo los contagios por covid de todo el personal que trabaja en centros sanitarios

    El CSIF recuerda que el personal de limpieza y mantenimiento, de cafetería o seguridad privada también está expuesto al virus por sus obligaciones laborales

    El sindicato CSIF ha exigido que la Seguridad Social considere como accidente de trabajo los contagios por covid-19 sufridos por el personal de empresas privadas que prestan servicios en centros sanitarios o socio-sanitarios, como por ejemplo personal de limpieza y mantenimiento, seguridad privada, cafeterías y transporte sanitario, así como al personal de empresas que presta el servicio de Ayuda a Domicilio.

    «Los criterios de la Seguridad Social para el accidente de trabajo por covid excluyen a estos colectivos a pesar de que este personal también está expuesto a diario al virus por sus obligaciones laborales, por lo que la Administración debe velar por la salud y protección de todos sus profesionales”, señalan desde la central sindical.

    El sindicato ha remitido una carta al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en la que considera “ilícitos y discriminatorios” estos criterios, dado que, «por ejemplo, el personal de gestión y servicios de los centros sanitarios está también protegido conforme establece la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 28/2020, lo que sería extensible a los trabajadores y trabajadoras de empresas privadas que prestan servicios en dichos centros», explican.

    CSIF demanda, además, que se reconozca la contingencia profesional por contagio de covid-19 y sus correspondientes recaídas para todos los contagiados con carácter retroactivo desde el 11 de marzo, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró de la pandemia internacional.

    Asimismo, reclama que se reconozca la contingencia profesional por contagio de covid y sus correspondientes recaídas por una revisión de oficio y no a instancias del interesado, como hasta ahora.

    Por último, el CSIF destaca que desde el inicio de la pandemia ha defendido que el contagio de covid-19 debe considerarse como enfermedad profesional, a todos los efectos, puesto que ofrece una cobertura indefinida en el tiempo.

  • CSIF exige a la Junta el cumplimiento del Pacto de Teletrabajo para hacer frente a la pandemia

    CSIF exige a la Junta el cumplimiento del Pacto de Teletrabajo para hacer frente a la pandemia

    El sindicato convocará movilizaciones bajo el lema “Por seguridad, trabajo no presencial”

    El sindicato CSIF, como fuerza más representativa en la Administración General de la Junta de Andalucía, convocará una concentración el jueves 3 de diciembre en la delegación provincial del Gobierno para exigir a la Junta de Andalucía que cumpla con el pacto firmado el pasado mes de septiembre para dar respuesta a la situación transitoria y urgente derivada de la emergencia sanitaria por la Covid-19. La central sindical se moviliza para que esta Administración ponga en marcha todas las medidas organizativas pactadas que permiten incrementar el trabajo no presencial para los empleados y empleadas públicas que dependen de ella.

    En concreto, la protesta (que se repetirá en todas las provincias andaluzas) tendrá lugar a las once de la mañana y se desarrollará bajo el lema “Por seguridad, trabajo no presencial”, con el que CSIF reclama que el personal del sector público andaluz -no sólo la Administración General de la Junta, sino también Sanidad, Educación, Justicia y los entes instrumentales- que esté en puestos susceptibles de ser desempeñados de manera no presencial, tal y como viene recogido en el acuerdo, desarrolle esta modalidad hasta el máximo posible, llegando al 100% en los casos contemplados.

    En este sentido, la central sindical explica que “con el agravamiento de la crisis de la Covid-19 y las restricciones en nuestra comunidad autónoma la Junta no ha sido capaz de responder adecuadamente en el ámbito de sus empleados y empleadas públicas”, al tiempo que ha recordado que “el máximo objetivo del pacto alcanzado es minimizar riesgos, con un claro carácter preventivo, y velar por la salud de los empleados públicos”.

    “La falta de diligencia y el incumplimiento reiterado del acuerdo” por parte de la Administración autonómica tras más de dos meses de la firma del acuerdo es lo que ha llevado al sindicato a decidir movilizarse, al entender que la Junta se está negando a aplicar las medidas extraordinarias acordadas para la contención del virus en caso del agravamiento de la pandemia.

    CSIF insiste en “la enorme contradicción que supone que la Junta pida a la ciudadanía que se quede en casa en la medida de lo posible, por un lado, y por el contrario, no facilite la modalidad laboral no presencial a su personal, a través de las herramientas acordadas para ello”.

    Por ello, ha instado a la Administración autonómica a “hacerse responsable de la situación de emergencia sanitaria actual y a tomar las medidas a su alcance para evitar la transmisión del Sars CoV-2 en centros de trabajo que dependen de ella, facilitando para ello la modalidad no presencial a sus empleados y empleadas públicas, reduciendo con ello su movilidad y su porcentaje de presencia física en dichos centros”.

    El sindicato lamenta que “se tenga a las empleadas y los empleados públicos como una suerte de rehenes para dar sensación de normalidad, cuando lo cierto es que las restricciones de movilidad y presencialidad en otros ámbitos han ido en aumento para intentar contener el virus”.

    Finalmente, CSIF ha recordado que el propio pacto establece que la Administración pública tomará las medidas preventivas necesarias para la contención del virus y ha censurado que no lo está haciendo, al tiempo que ha insistido en que la modalidad no presencial que recoge este pacto es una medida organizativa preventiva ante la crisis sanitaria actual “y que nada tiene que ver con el teletrabajo formal que CSIF entiende y quiere para Andalucía”, un debate que será necesario abordar, ha concluido.

     

  • CSIF exige un protocolo covid 19 diferenciado para el personal de la residencia de mayores ‘La Orden’

    CSIF exige un protocolo covid 19 diferenciado para el personal de la residencia de mayores ‘La Orden’

    Pide extremar las medidas de desinfección y evitar que sean “trampas de contagio” para trabajadores y personas usuarias

     El sindicato CSIF ha reclamado un protocolo Covid-19 específico y diferenciado para el personal sociosanitario que presta servicio en la residencia de mayores “La Orden”, de titularidad y gestión directa de la Junta de Andalucía, de forma que en el caso de un contacto estrecho o posible contagio por coronavirus, se agilicen los procedimientos y se eviten esperas para la realización de las pruebas pertinentes cuando los trabajadores se encuentren de descanso o sin prestar servicio (ya que mientras están en la residencia se realizan las pruebas semanales de antígenos). Con ello se dotará de mayor seguridad al propio centro.

    Así lo ha asegurado la central sindical que ha considerado un “despropósito” que la plantilla de la residencia de mayores tenga que seguir el protocolo ordinario establecido para toda la población ante este tipo de contingencia si se ésta se produce en días de descanso: “No es de recibo que estos profesionales, socio-sanitarios que trabajan en centros esenciales y de extremo riesgo ante la pandemia, tengan que llamar a Salud Responde y, en ocasiones, tengan que esperar una semana o diez días para la realización de una PCR y obtener los resultados”.

    En este sentido, CSIF explica que ello supone que “muchos profesionales deben estar aislados y en situación laboral de incapacidad temporal durante un tiempo que es de vital importancia porque, en ausencia de estos trabajadores que se ven en este tipo de situación, la presión asistencial debe ser asumida por la plantilla restante, ya que las sustituciones de urgencia conllevan su trámite y tardan en hacerse efectivas varios días”.

    En definitiva, el sindicato pide un protocolo diferenciado y específico que dote de mayor agilidad los procedimientos y las pruebas para los profesionales de este centro también cuando no estén trabajando en el centro; “sería un instrumento que aportaría mayor seguridad y un mejor funcionamiento en el centro”, insiste CSIF.

    Presión laboral

    Por otra parte, CSIF ha puesto de relieve “la enorme presión bajo la que trabajan los profesionales de estos centros, que tienen turnos de doce horas, cuadrantes que no alcanzan más allá de una semana, en muchos casos, y permisos y licencias que han quedado supeditados hasta nueva orden”.

    Asimismo, ha exigido que se extremen las medidas de desinfección para evitar que se conviertan en “trampas de contagio” tanto para el personal que trabaja en ellas como para las personas usuarias.

    La central sindical entiende que la crisis de la Covid-19 es una realidad sobrevenida, si bien considera que “si la relación de puestos de trabajo (RPT) hubiese estado más actualizada y cubierta, el devenir de la situación sería diferente en cuanto al funcionamiento diario y al trabajo de los profesionales que, desafortunadamente, tienen que ir improvisando y desempeñando su labor en condiciones muy complejas”.

     “La profesionalidad, la dedicación y compromiso de los trabajadores y las trabajadoras de las residencias de mayores es lo que hace que estos centros funcionen”, asevera CSIF que también ha demandado que la Administración reconozca y premie su labor, en el marco de la pandemia de la Covid-19, a través de una gratificación económica y laboral, al igual que ha sucedido con el personal del sistema sanitario público.

     

  • CSIF se mantendrá «vigilante» para que «no se exprima» a los profesionales de la sanidad

    CSIF se mantendrá «vigilante» para que «no se exprima» a los profesionales de la sanidad

    Destaca que la presión de los sindicatos logra derogar la orden del 8 de noviembre de la Junta de Andalucía

    Tras dos semanas de protestas con cuatro concentraciones en hospitales y centros sanitarios, la Junta de Andalucía va a derogar la orden del 8 de noviembre por la que se recortaban derechos laborales básicos de los profesionales de la sanidad pública, han destacado desde el sindicato CSIF, para el que las movilizaciones, unidas a las negociaciones con la Administración, han dado como resultado la derogación de esta normativa que “sin control ni criterios objetivos permitía tomar medidas excepcionales que afectaban a derechos fundamentales del personal para hacer frente a la pandemia de la Covid-19”, según ha explicado el sindicato.

    Aunque la central sindical valora esta revocación, no avala la nueva propuesta que sustituirá a la anterior, ya que “rechazamos cualquier medida que recorte derechos de los trabajadores y las trabajadoras”, ha agregado. No obstante, CSIF asegura que se ha conseguido incluir algunas modificaciones que acotan el margen de maniobra de la Administración, las limita en el tiempo y necesitan una negociación previa para poder ejecutarlas. De este modo, considera que se ha logrado suprimir el hecho de que los gerentes pudieran decidir unilateralmente sobre permisos y jornadas de las plantillas.

    Además, tras las protestas y las negociaciones, «se han preservado derechos básicos relacionados con los permisos, la jornada laboral, descansos, conciliación y cuidado de familiares, gestación, maternidad y paternidad», añaden las mismas fuentes.

    En este sentido, el responsable provincial de Sanidad de CSIF, César Cercadillo, asegura que “nos mantendremos vigilantes para que no se exprima al personal de la sanidad pública ni se eliminen derechos con la excusa de la pandemia”. Cercadillo ha recalcado que “en vez de premiar y reconocer la labor de este colectivo, se pretendía poner sus derechos en manos de los gerentes que podían decidir sobre jornadas, vacaciones o licencias sin negociación ni criterios preestablecidos”.

    El portavoz sindical señala que “los profesionales de la sanidad han demostrado su entrega y su dedicación con el sobreesfuerzo que realizan continuamente para prestar la mejor atención posible a los pacientes”. Por ello, “no entendíamos ese castigo hacia ellos que pretendía dejarlos sin los descansos obligatorios y sin permisos y licencias básicas para cualquier trabajador”, añade.

    Por ello, «tal y como se ha acordado con la Administración, en el caso de extrema crisis sanitaria, la aplicación de medidas restrictivas para el personal deberá contar con la publicación previa en un Plan de Contingencia donde deberán estar recogidos los criterios objetivos para justificarla y deberán estar negociadas previamente en la mesa sectorial». agregan desde el sindicato, tras lo que indica que, por ello, cualquier medida excepcional tendrá que estar debidamente argumentada y deberá debatirse en el foro de negociación.

    Con esta nueva situación, las concentraciones previstas para esta semana (en el hospital de Riotinto mañana martes y en el centro de salud de El Torrejón el jueves) quedan suspendidas.

  • Alertan de una próxima sobreocupación en la prisión de Huelva

    Alertan de una próxima sobreocupación en la prisión de Huelva

    El CSIF advierte de que las obras previstas obligarán a los reclusos a compartir celdas, lo que provocará «altercados»

    El sindicato CSIF ha puesto en «evidencia» los problemas de seguridad y de hacinamiento que, a su juicio, provocarán las obras previstas en el centro penitenciario de Huelva, ya que para su ejecución es necesario reestructurar las unidades residenciales de los internos, advierten desde la central sindical, que explica que las mencionadas obras, que cuentan con presupuesto de 5,8 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses, afectan al abastecimiento de agua, seguridad y otras infraestructuras que se han deteriorado en los 25 años de funcionamientos de la prisión.

    CSIF explica que el inicio de estas reformas estaba previsto para el pasado mes de abril pero que, debido a la situación de emergencia sanitaria y el confinamiento durante el estado de alarma, quedaron aplazadas hasta este mes de noviembre, momento en el que precisamente, según el sindicato, las obras en el centro penitenciario, que actualmente se encuentra al 100% de ocupación, obligarán a sobreocupar las unidades para los internos, ya que es necesario ir desalojando los módulos de los reclusos para acometer las mejoras en las infraestructuras.

    «Esto provocará que haya internos que tengan que compartir celda y este hacinamiento derivará en tensiones y altercados, tal y como se constata cuando se produce una sobreocupación», lo que a su vez «supondrá una merma importante en la seguridad del centro y las condiciones de trabajo de los funcionarios se ven gravemente afectadas”, advierte el sindicato.

    Además, en el contexto actual de la pandemia de la covid-19, «será más difícil controlar los posibles casos positivos, ya que las obras obligarán a reubicar constantemente a los internos», agrega el sindicato, que ha indicado que se irá trabajando por unidades y cada una de ellas cuenta con dos módulos, por lo que habrá que redistribuir a la población reclusa afectada, añade.

    Ante ello, “como no tenemos espacio porque estamos al 100% de capacidad, algunos internos tendrán que compartir celda teniendo que alterar, además, la clasificación interna”, precisa el sindicato, que considera que «esto contraviene la propia normativa del Reglamento Penitenciario donde se establece que todos los internos se alojarán en celdas individuales. Los módulos tienen una capacidad para 72 reclusos pero se verá incrementada hasta los 110 internos -añaden desde la central sindical- como consecuencia de las obras en el centro».

    Por todo ello, CSIF asegura que pidió un aplazamiento de las reformas, más aun considerando que “nos encontramos en el momento más crítico desde el inicio de la pandemia, con una incidencia que se sitúa en datos de la media nacional y siendo conscientes de lo que puede suponer que surjan contagios en estas condiciones en la prisión onubense”. La central sindical asegura que ha intentado que la Administración entienda “lo que supone acometer unas obras de estas características con el 100% de la ocupación del centro y planteamos como solución parcial la disminución del número de internos, tal y como se ha hecho en otros centros”.

    En este sentido, CSIF ha planteado que se pueda trasladar a los reclusos que carezcan de vinculación familiar en la provincia de Huelva y, de esta forma, reducir el porcentaje de ocupación y tener margen para reubicar a los internos sin tener que compartir celdas. Sin embargo, lamenta que la Administración “ha hecho oídos sordos a esta propuesta”, algo que la central sindical, agrega, «no termina de comprender cuando desde Instituciones Penitenciarias se reconoce que centros como Málaga II de Archidona están al 40% de su capacidad y con la adecuada dotación de profesionales podría albergar a los reclusos de La Ribera sin vinculación familiar en Huelva».

    Finalmente, CSIF indica que desde el inicio de la pandemia ningún recluso se ha visto afectado por la covid-19 y todo ello es fruto “de la implicación por parte del personal que ha sido capaz de contener la entrada del virus en el centro, además de las medidas tomadas que, en parte, han surgido en las numerosas reuniones llevadas a cabo por el Comité de Seguridad y Salud desde el inicio de la pandemia”, señalan, tras lo que indican que los siete trabajadores que se han contagiado se encuentran ya en fase de recuperación.

  • Nueva concentración contra el «recorte» de derechos a los profesionales sanitarios

    Nueva concentración contra el «recorte» de derechos a los profesionales sanitarios

    El CSIF denuncia que la nueva propuesta de la Administración recoge «básicamente lo mismo» que la orden inicial

    La sede del Distrito Huelva-Costa en la capital ha sido el escenario de la cuarta concentración de protesta de los sindicatos con presencia en la Mesa Sectorial de Sanidad en rechazo a la Orden del 8 de noviembre de la Junta de Andalucía que «recorta derechos» a los profesionales de la sanidad pública.

    Continuando con el calendario de movilizaciones, el CSIF, que ha participado en este nuevo acto conjunto para exigir la derogación efectiva de la mencionada orden, ha asegurado que no apoyará “ninguna otra normativa que cercene derechos a los trabajadores y las trabajadoras de este sector”, después de conocer la propuesta que la Administración ha presentado hoy y que, según el sindicato, “es básicamente lo mismo que recoge la orden inicial”.

    Este decreto afecta a más de 6.700 profesionales en la provincia de Huelva y “deja a la decisión arbitraria de los gerentes conceder o no vacaciones, permisos, licencias o medidas de conciliación familiar”, subrayan desde el sindicato, para el que esto supone, tal y como ha apuntado César Cercadillo, responsable provincial del sector de Sanidad de CSIF, que “en vez de contratar más personal se exprima a los trabajadores denegando permisos y extendiendo su jornada de trabajo sin respetar los descansos obligatorios, lo que pone en riesgo tanto al profesional como al usuario”.

    En este sentido, la central sindical asegura que “no va a mostrar su apoyo a ninguna orden que siga manteniendo esta línea de recortes y que, en vez de reconocer y premiar la labor de estos profesionales, castigados desde el inicio de la pandemia con falta de equipos de protección y ausencia de protocolos o medidas efectivas de seguridad, se esté dejando sobre sus espaldas aún más carga de trabajo”.

    Cercadillo insiste en que “hay que atender a la población en las mejores condiciones posibles y tenemos que seguir haciendo frente a una pandemia a la que aún le queda bastante recorrido. Por ello, hay que saber encontrar ese equilibrio entre la calidad asistencial y los derechos básicos de los trabajadores”, ha ahregado.

    Por último, desde CSIF se ha insistido en que la pandemia ha hecho más evidente la falta de medios humanos y materiales y “en vez de invertir y aumentar las contrataciones, que siempre se quedan cortas, se exprime a los trabajadores y les arrebatan de un plumazo los derechos más elementales que les afectan como profesionales y que tienen repercusiones directas en la atención al paciente”, apostillan.

    Las movilizaciones seguirán manteniéndose, en principio, los martes y los jueves.