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  • Presentan una denuncia contra la nueva fábrica de Atlantic Copper por «infracción urbanística»

    Presentan una denuncia contra la nueva fábrica de Atlantic Copper por «infracción urbanística»

    Mesa de la Ría considera que su ubicación en Francisco Montenegro es contraria al planeamiento de la ciudad

    Mesa de la Ría ha dirigido a la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, un escrito de denuncia contra la nueva planta que Atlantic Copper está construyendo en la avenida Francisco Montenegro, una ubicación que para esta organización es contraria a lo estipulado en el Plan General de Ordenación Urbana de Huelva y en los acuerdos del 91, que establecen que las nuevas industrias se instalarían en terrenos más alejados de la ciudad, como podría ser el polígono Nuevo Puerto, dejando esos espacios libres para «otros usos no contaminantes y libres de chimeneas», señalan.

    Desde Mesa de la Ría indican que la incineradora de chatarras metálicas de Atlantic Copper conlleva la construcción de dos nuevas chimeneas a sumar a todas las existentes en Francisco Montenegro, cuyo «efecto acumulativo al aire saturado que respiramos en Huelva provocaría inexcusablemente una merma en la calidad del aire y por tanto en la salud de los habitantes de la ciudad y su entorno», apostillan.

    Al conocer el inicio de las obras en el mes de marzo, Mesa de la Ría solicitó al Ayuntamiento que declarase la nulidad de la licencia de obras otorgada a la referida multinacional a través de un escrito del que aún no ha recibido respuesta, prosiguen desde la organización, que anuncia por ello que solicitará la nulidad de la licencia en los tribunales de justicia “cuando entendamos que la respuesta ha sido negativa al cumplirse los plazos legales establecidos”, ha manifestado el presidente de Mesa de la Ría, Juan Manuel Buendía.

    La organización considera que, de llevarse a cabo esta obra, Huelva perdería para siempre la posibilidad de integrarse en su ría, pues «el proyecto incorpora chimeneas donde nunca las hubo, en la segunda trasversal de Francisco Montenegro, a sólo 300 metros del Ensanche Sur, del Estadio del Recreativo de Huelva y junto al recinto colombino», explican.

  • El alcalde de Bonares llevará a la Justicia «el atentado sufrido contra su intimidad»

    El alcalde de Bonares llevará a la Justicia «el atentado sufrido contra su intimidad»

    Juan Antonio García interpondrá una denuncia contra el alcalde de Almonte y una concejala

    El alcalde de Bonares, el socialista Juan Antonio García, ha anunciado que interpondrá una denuncia contra el alcalde de Almonte, Francisco Bella, y contra su concejala por el «atentado sufrido contra su intimidad», al haberle tomado la edil, supuestamente, fotografías de una conversación en su móvil que, posteriormente, fueron enseñadas públicamente por el primer edil almonteño en un pleno en la localidad, según han explicado desde el PSOE de Huelva.

    Para Juan Antonio García, “no todo vale en política y hay límites que no se pueden rebasar ni permitir bajo ningún concepto. Lo ocurrido es de una gravedad extrema y me veo en la responsabilidad y obligación de llevarlo ante la justicia. Hay situaciones y actitudes antidemocráticas ante las que hay que actuar”, ha aseverado.

    En esta línea, el alcalde de Bonares ha indicado que “jamás en mis más de veinte años como servidor público he sufrido una vulneración a mi intimidad de estas características, y más provenientes y usadas posteriormente por otros servidores públicos con fines perniciosos. Es de una gravedad absoluta usar con premeditación y alevosía una conversación privada, tras tomar fotos a las espaldas de mi móvil, para hacer uso de ella políticamente”, ha agregado.

    Juan Antonio Garcia ha indicado que “no sé la tipología del hecho ilícito que se ha cometido, pero sí tengo muy claro que situaciones como estas no podemos tolerarlas y es la justicia la que debe resolver. Esto es de película y me da mucha pena que tengamos que ser víctimas de prácticas tan desagradables”, ha añadido.

    “La política está concebida para servir a tu pueblo, a tu ciudad, para mejorar la vida de la gente. Entre las personas que nos dedicamos a la política debe regir el diálogo, aunque no tengamos la misma forma de pensar, pero llegar a extremos como este es vergonzoso y deja mucho que desear de alcaldes y concejales que actúan de esta forma para atacar a una persona, a un partido político o a una institución”, ha argumentado el alcalde socialista.

    Por último, García ha indicado que “espero que la justicia resuelva, que situaciones como estas no vuelvan a producirse y que impere la cordura y la buena política”.

  • Denuncian la difusión pública de un audio manipulado por parte de UGT en la Diputación

    Denuncian la difusión pública de un audio manipulado por parte de UGT en la Diputación

    CSIF y CCOO trabajan en la presentación de una demanda judicial por «presunta vulneración de privacidad y manipulación sindical»

    Las secciones sindicales de CSIF y CCOO en la Diputación Provincial de Huelva registraron este lunes 20 de noviembre un escrito conjunto dirigido a la Secretaría de la institución supramunicipal, como garante del cumplimiento de la legalidad en la institución onubense, para denunciar la «difusión sin consentimiento por parte de UGT» de unas grabaciones realizadas en una reciente asamblea de trabajadores del Servicio de Control de Plagas, celebrada este pasado jueves día 16 de este mes.

    En el comunicado, los sindicatos manifiestan que el audio expuesto públicamente, que contiene fragmentos de la grabación de la Mesa General de Negociación celebrada el 27 de enero de 2023, ha sido «supuestamente manipulado de forma interesada con el claro propósito de desacreditar y desprestigiar a los representantes de las secciones sindicales de CCOO y CSIF«, quienes formularon posiciones iniciales de negociación en esa reunión.

    Por ello, los servicios jurídicos de ambas formaciones sindicales están trabajando para ejercer las acciones legales necesarias en el ámbito penal, administrativo y civil para establecer las correspondientes responsabilidades y sanciones, según han anunciado desde las dos centrales sindicales.

    En concreto, los sindicatos denunciantes anuncian que encontrarán la fuente de la filtración del audio «para emprender una demanda judicial contra la persona encargada en la Diputación de la custodia de las grabaciones de la Mesa General de Negociación, la persona que ha realizado supuestamente de forma irregular la grabación en la Mesa de Negociación y la persona que supuestamente ha manipulado el audio para desacreditar a los representantes sindicales», señalan.

    Es por ello por lo que las secciones sindicales de CSIF y CCOO instan a la institución provincial a esclarecer la trazabilidad de la custodia de las grabaciones de las reuniones de la Mesa General de Negociación, unas grabaciones que según han indicado los denunciantes «están destinadas exclusivamente a la redacción del acta de sesión y no para ser utilizadas por un sindicato con el objeto de difamar a los representantes de los trabajadores», señalan en el comunicado.

    Los representantes sindicales ven un delito en «la difusión pública sin consentimiento de las grabaciones con el propósito de interferir en el proceso electoral ya convocado para el próximo 18 de diciembre», al tiempo que advierten de que «la vulneración de privacidad podría constituir una violación de derechos fundamentales» y argumentan que «la posible manipulación sindical podría implicar prácticas que podría tener consecuencias significativas en el funcionamiento de la institución». Además, indican que «estas formas de proceder en los procesos selectivos de la Diputación Provincial de Huelva durante muchos años ha costado la expulsión de los sindicatos en los procesos selectivos por la Mesa General de Negociación y hay abierta una vía de investigación».

    En consecuencia, las secciones sindicales de CCOO y CSIF han solicitado en este escrito a la Secretaría de la Diputación de Huelva que, de manera urgente, proceda a «la apertura de un expediente informativo, un expediente disciplinario a las personas responsables de la custodia de las grabaciones de la Mesa General, la comunicación de las conclusiones a la Fiscalía si hubiese indicio de delito y la implementación de medidas preventivas para evitar la repetición de los hechos».

  • Absuelven al vecino de Higuera acusado de amenazar al alcalde

    Absuelven al vecino de Higuera acusado de amenazar al alcalde

    La jueza considera que no concurren los elementos que integran el delito leve de amenazas

    El juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Aracena ha absuelto al vecino de Higuera de la Sierra que fue denunciado por el actual alcalde de la localidad, Mario Domínguez (PP), por el presunto delito de amenaza, una denuncia que fue interpuesta a finales del pasado mes de marzo, cuando el denunciante era candidato a la Alcaldía.

    En la sentencia, a la que ha tenido acceso TINTO NOTICIAS, la jueza considera que «no puede concluirse que concurran los elementos que integran el tipo penal de delito leve de amenazas, manteniéndose incólume la presunción de inocencia que ampara al denunciado», por lo que absuelve «libremente» al acusado «de los hechos enjuiciados en las presentes actuaciones», añade.

    Durante el juicio previo a este sentencia, tal y como se recoge en la misma, el denunciante solicitó «una sentencia condenatoria con imposición, por cada uno de dichos delitos (amenaza y lesiones), de una pena de tres meses de multa a razón de 10 euros de cuota diaria, con la indemnización que proceda en concepto de responsabilidad civil por las lesiones causadas».

    El denunciado, por su parte, pedía «sentencia absolutoria», para lo que alegaba la existencia de «una duda razonable de que las amenazas fueran serias y que la intención del denunciado fuese que llegaran a oídos del denunciante», tras lo que los autos quedaron vistos para sentencia.

    Tal y como ya informó este periódico el pasado 30 de marzo, el alcalde de Higuera de la Sierra y entonces candidato del PP a la Alcaldía interpuso una denuncia ante la Guardia Civil en la que acusaba al denunciado de amenazarle de muerte, como según el denunciante se apreciaba en un vídeo.

  • Denuncian a la Junta por una descarga eléctrica a un trabajador en la Presa del Chanza

    Denuncian a la Junta por una descarga eléctrica a un trabajador en la Presa del Chanza

    El CSIF lleva el accidente a la Inspección de Trabajo

    El sindicato CSIF en Huelva ha denunciado en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Huelva a la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Huelva por el “grave” accidente ocurrido esta semana a un trabajador en la Presa del Chanza, que recibió una descarga eléctrica el pasado 25 de septiembre.

    El accidente ocurrió cuando un empleado público laboral de la Presa del Chanza en Huelva, que depende de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, resultó gravemente herido al acceder a unas instalaciones situadas en la propia presa. El accidente ocurrió cuando al introducirse en un ascensor para llegar a una sala ubicada 20 metros por debajo de su posición inicial, mientras se apoyaba en una barandilla y tocaba el ascensor, recibió una descarga eléctrica prolongada en el tiempo.

    Su compañero de trabajo, que presenció el accidente, actuó con valentía y logró separar al herido de la barandilla, poniendo fin a la descarga eléctrica. De inmediato, el trabajador fue trasladado al centro de salud más cercano, donde recibió atención médica urgente. En la actualidad, el trabajador se encuentra de baja médica, luchando por recuperarse de las graves lesiones sufridas.

    El sindicato CSIF condena enérgicamente este grave accidente laboral y exige una investigación exhaustiva para esclarecer sus causas. Además, CSIF señala la falta de medidas de prevención de riesgos laborales y de mantenimiento por parte de la Junta de Andalucía, tanto en estas instalaciones como en toda la Delegación de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de Huelva.

    El responsable del sector de AGJA de CSIF Huelva, Emilio Gallango, que firma la denuncia en la Inspección de Trabajo, subraya que “este accidente refleja una falta alarmante de mantenimiento y seguridad en las instalaciones, así como las deficiencias en materia de seguridad laboral y mantenimiento del lugar. El estado del cableado eléctrico es deplorable, especialmente en un entorno con niveles extremos de humedad. Además, la ausencia total de cobertura telefónica en el centro de trabajo dificultó la solicitud de auxilio por medios convencionales”.

    Gallango indica que “la falta de una adecuada evaluación de riesgos laborales, la carencia de formación para los trabajadores y la ausencia de equipos de protección personal adecuados son aspectos que deben ser abordados de manera urgente”.

    “Este trágico suceso también pone de manifiesto la falta de mantenimiento en las instalaciones, lo que expone a los trabajadores a riesgos innecesarios”, recalca.

    CSIF amplía esta denuncia sobre la carencia de medidas de prevención de riesgos laborales en la Delegación de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Huelva, señalando que es un problema generalizado. «Es imperativo tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad y el bienestar de los trabajadores en estos entornos laborales críticos», concluye.

  • Denuncian a 34personas por acampar y hacer fuego en ‘La Flecha del Rompido’

    Denuncian a 34personas por acampar y hacer fuego en ‘La Flecha del Rompido’

    Los denunciados omitieron la normativa protectora de este enclave único por su relevancia medioambiental

    Agentes de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, pertenecientes a la Jefatura Provincial de Huelva, llevaron a cabo el pasado 27 de agosto un dispositivo de protección medioambiental en el Paraje Natural Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido, en el que se tramitaron 34 actas de denuncia por acampadas (carpas y tiendas de campaña), muchas de la cuales disponían de bombonas de butano, hornillos y barbacoas, con el consiguiente peligro de incendio forestal.

    Este lugar, de gran interés turístico, es considerado como una de las maravillas de la provincia de Huelva al conformar una lengua de arenas blancas de más de 13 kilómetros de longitud, que discurre paralela a la costa separando las aguas del río Piedras de las del Océano Atlántico y que, al subir la marea, da lugar a la aparición de lagunas naturales que comparten los municipios de Cartaya y Lepe.

    Este hábitat único, con flora y fauna características, hacen de este enclave un lugar de gran relevancia ecológica medioambiental, siendo absolutamente necesario proteger su biodiversidad, motivo éste por el que, durante el dispositivo policial, agentes de la Adscrita realizaron una intervención de control sobre las personas que habitualmente pernoctan y acampan sin autorización en el lugar haciendo caso omiso a la normativa protectora.

  • UPA denuncia el incumplimiento la ley de Cadena Alimentaria en la fresa destinada a la industria

    UPA denuncia el incumplimiento la ley de Cadena Alimentaria en la fresa destinada a la industria

    Asegura que no se realizan contratos en transparencia con los agricultores

    La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Huelva ha denunciado el incumplimiento de ley de Cadena Alimentaria en la fresa destinada la industria, lo que supone unos 80 millones de kilos cada año.

    Según la organización «venimos denunciando públicamente como el sector industrial se aprovecha de la necesidad de salida de este producto que tienen los agricultores imponiendo la relación comercial sin el establecimiento de un contrato que asegure al productor las condiciones de venta (precio, cantidad y período de entrega)».

    La organización denuncia que esto ocurre campaña tras campaña y que sigue siendo así pese a la vigencia de la Ley de Cadena Alimentaria. Actualmente, los precios que se deberían de pagar por la fresa de industria para cubrir los costes de producción deberían de incrementarse en un 50%.

    UPA Huelva asegura que la Ley en vigor obliga a que los contratos alimentarios se formalicen por escrito; estén firmados por las partes; con una redacción transparente, clara, concreta y sencilla y dicha formalización se realice antes del inicio de las prestaciones que tengan su origen en los mismos.

    Además, desde el 31 de enero de 2023, se ha puesto en marcha el Registro de Contratos Alimentario, donde este tipo de contratos deberán quedar inscritos de forma obligatoria a partir del próximo 30 de junio.

    La organización asegura que la forma de operar de la industria «es justamente la contraria», es decir, no se firman contratos con los agricultores ni con sus cooperativas y la relación comercial «dista mucho de ser transparente».
    UPA Huelva quiere destacar que en una situación en la que los productores a final de campaña van a tener que priorizar el consumo de agua frente a otras decisiones para reservar caudal para el inicio de la que viene, puede darse una situación en la que falte fresa para industria debido a que, para el agricultor, «no compensa el gasto económico y de recursos frente al precio que se le paga».

    UPA Huelva entiende que no se debería haber llegado esta situación porque la propia Ley de Cadena Alimentaria obliga a que ya se debería estar funcionando con contratos que determinen un precio que cubra los costes de producción. Como ejemplo a seguir, la organización informa que en el caso del tomate destinado a industria en Extremadura si se han seguido las obligaciones de la Ley y se han suscrito contratos más beneficiosos para los agricultores.

    Por otra parte, el sector de la industria en los cítricos de la provincia de Huelva también se ha sumado a cumplir la Ley y esto ha supuesto un 110% de incremento en lo percibido por los agricultores/as.

    UPA Huelva insta a la industria a que de forma inmediata se comprometa con el sector a cumplir la Ley de Cadena Alimentaria y suscribir estos contratos, teniendo en cuenta (tal y como menciona la Ley) que el precio deberá ser, en todo caso, superior al total de costes asumidos por el productor o coste efectivo de producción y que deberá incluir todos los costes asumidos para desarrollar su actividad.

    Asimismo, la organización ha realizado un llamamiento a la AICA y a la Junta de Andalucía a que «hagan su trabajo e inspeccionen cualquier incumplimiento de la Ley y sancionen en consecuencia para trasladar un mensaje al sector de que el logro de la Ley de Cadena Alimentaria hace valer sus derechos y no queda en papel mojado».

  • Las víctimas de los supuestos abusos sexuales del entrenador ascienden a 15

    Las víctimas de los supuestos abusos sexuales del entrenador ascienden a 15

    La Policía mantiene la investigación abierta mientras que el acusado se encuentra en prisión

    La Policía Nacional ha indicado que las denuncias de menores supuestamente agredidas sexualmente por el hombre de 62 años -entrenador de fútbol femenino y técnico de instalaciones de la Universidad de Huelva que se encuentra en prisión- ascienden a 15.

    Así lo han confirmado a Europa Press fuentes policiales, que han señalado que desde que se puso la primera denuncia y salió a la luz el caso se ha ido incrementando el número de denunciantes que presuntamente han sido agredidas por esta person

    De este modo, la Policía Nacional continúa con las investigaciones y ha señalado que seguirán atendiendo a posibles víctimas de este hombre que se decidan a acudir a la comisaría a denunciar.

    Según indicó la Policía tras la detención del entrenador, el arrestado se valía de su condición de entrenador de fútbol base femenino para «tener acceso a las menores, todas ellas jugadoras de entre 14 y 16 años», al tiempo que apuntó que este hombre, con una trayectoria de cerca de 30 años ligado al mundo del fútbol, supuestamente «obligaba» a las víctimas a despojarse de la ropa interior para poder darles «masajes», advirtiéndoles, dada su posición de entrenador, que «sin ellos no podrían volver a jugar en el equipo».

    Asimismo, varias de estas prendas de ropa interior «eran arrebatadas a las menores para ser guardadas por el presunto agresor entre sus pertenencias personales», según ha señalado fuentes policiales.

    De este modo, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Huelva, tras la puesta a disposición judicial del detenido, acordó la prisión provisional para el mismo por un presunto delito de agresión sexual sobre una menor de 16 años, y por otros tres posibles delitos de agresión sexual y prevalimiento sobre menores de 16 años; todo ello, sin perjuicio de otros eventuales hechos delictivos que pudieran resultar a lo largo de la instrucción.

    Así lo indicó a Europa Press el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), señalando, además, que la causa se remitirá al Decanato para su reparto por turno al Juzgado de Instrucción que corresponda.

    Noches en habitaciones de hotel

    Por otro lado, la Policía señaló que «bajo diversas excusas», el arrestado supuestamente accedía a los vestuarios y duchas para observar a las jugadoras y les regalaba prendas de ropa «buscando que se desvistieran en su presencia».

    Para llevar a cabo las supuestas agresiones sexuales y poder estar a solas con las menores «se valía de un almacén usado para guardar el material deportivo del equipo», así como se ofrecía a costear el precio de la habitación de hotel en los desplazamientos si las menores compartían la misma con él.

    En este sentido, la Policía Nacional indicó que la detención de este entrenador se produjo el pasado 9 de enero después de que el cuerpo policial iniciara la investigación por la denuncia interpuesta por una menor, acompañada por sus padres.

  • La delegada de Salud pide respeto a la investigación sobre los presuntos contratos irregulares en Riotinto

    La delegada de Salud pide respeto a la investigación sobre los presuntos contratos irregulares en Riotinto

    Manuela Caro defiende la gestión del centro hospitalario tras el cese de la jefa de personal

    La delegada de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Huelva, Manuela Caro López, ha pedido respeto para el trabajo del grupo de Policía Judicial de la Guardia Civil en la investigación abierta por la comisión de presuntos delitos de prevaricación en la contratación del personal de Hospital de Riotinto y que destapó este periódico el pasado domingo.

    La delegada ha utilizado para manifestarse una página de la red social Facebook dedicada los profesionales y usuarios del centro hospitalario y que cuenta con 1.300 miembros. Concretamente, ha respondido a un usuario que compartió en dicho grupo la noticia de este periódico.

    En su post Caro ha asegurado que todos los ciudadanos, sin excepción, deben “respetar las leyes, normas y procedimientos. En los casos judicializados, lo que debemos hacer todos es respetar el trabajo de la policía judicial y esperar a lo que determinen los jueces”.

    Es la primera manifestación pública de la Delegación de Salud desde que un trabajador del Hospital de Riotinto denunciara a la Jefa de Personal del Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva, E.G.H., por favorecer, presuntamente, la contratación de un familiar.

    En la denuncia, tal y como destapó Tinto Noticias, se especifica que la persona favorecida habría obtenido irregularmente 5,100 puntos baremados en ‘experiencia NO SAS’ de la bolsa de trabajo del Servicio Andaluz de Salud. Con estos puntos, el familiar de la jefa de personal alcanzó los 37 puntos totales que le valieron para acceder al cargo de sustitución de celadores del centro hospitalario.

    En el comentario, además, la delegada de Salud hace referencia a los “gestores que también tiene sus competencias” -en una clara alusión a la dirección del hospital que ha apartado de su cargo a la jefa de personal- y ha asegurado que “cada cual debe ejercer sus competencias y respetar la competencias de cada cual”.

    Manuela Caro termina su escrito con un “saludo a todos mis compañeros de muchos años”. Y es que la ahora delegada territorial de Salud y Consumo ha sido enfermera del Hospital del Riotinto, además de concejal del Ayuntamiento de El Campillo.

    Tras el post, aparecen otros dos comentarios en lo que se advierte que el supuesto enchufe de la jefa del personal no sería el único y que «cuando acabe la investigación más de uno se sorprenderá».

    El hospital guarda silencio

    Mientras que la delegada de Salud se manifiesta abiertamente en redes sociales, la dirección del centro hospitalario guardia silencio. Tinto Noticias ha tratado de ponerse en contacto con algún responsable pero, aseguran, que no harán declaraciones.

    Fuentes de la delegación añadieron que el hospital está colaborando con los agentes y ha entregado la documentación que se le ha solicitado. De hecho, la semana pasada la Guardia Civil se personaba en Riotinto, concretamente en las oficinas aleñadas conocidas como las caracolas, para recoger la documentación que ayudará a esclarecer este presunto caso de enchufismo.

    Mientras la investigación avanza, la jefa de personal sigue apartara de sus funciones. Por el momento su puesto no ha sido sustituido por otro trabajador y el centro ha optado porque las funciones las asuma el director económico administrativo, que está al frente de la la Unidad de Atención al Profesional (UAP) desde el pasado 27 de diciembre.

  • Zulema Fariña llevará su caso ante la Justicia para demostrar que fue despedida por ‘antivertedero’

    Zulema Fariña llevará su caso ante la Justicia para demostrar que fue despedida por ‘antivertedero’

    Asegura que pondrá a disposición judicial la conversación telefónica y los mensajes que recibe cuando le comunican el despido

    La trabajadora del servicio de limpieza del vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Nerva que fue despedida tras su primer día de trabajo, la nervense Zulema Fariña, denunciará su caso ante los Tribunales de Justicia para demostrar su versión sobre los motivos de su despido: ser hija de ‘antivertederos’.

    Así lo ha trasladado la propia Fariña en declaraciones a TINTO NOTICIAS -El periódico de la Cuenca Minera de Riotinto- nada más conocer el comunicado remitido por la empresa gestora de la instalación, Diseño de Soluciones Medioambientales (DSM), que atribuyó su decisión a que la empleada no completó la formación específica en prevención de riesgos laborales, tal y como este periódico informó a través de esta publicación.

    Frente a ello, la trabajadora despedida asegura que tiene en su poder todas las pruebas que demuestran las justificaciones que recibió cuando le comunicaron que no podría seguir en el servicio, como los mensajes de whatsapp o la conversación telefónica, así como la información relativa a los cursos formativos. «Todo será puesto a disposición judicial», ha remarcado.

    Sobre los motivos que alega la empresa para justificar el despido (no completar la formación específica en prevención de riesgos laborales), Zulema Fariña detalla que el pasado 28 de junio, tres días antes de su primer y único día de trabajo, recibe los enlaces para realizar los cursos de formación a través de la plataforma Quirón Prevención, al tiempo que le informan de que dispone de una semana para llevarlos a cabo.

    Eran «cuatro cursos de tres horas de duración cada uno», indica Fariña, tras lo que asegura que «en dos días acabé dos de ellos»: ‘Seguridad y Salud en actividades de limpieza’ y ‘Almacenamiento y manipulación de productos químicos’. Aún tenía hasta el lunes día 4 para finalizar los otros dos, ‘Prevención del riesgo eléctrico’ y ‘Manipulación manual de cargas’, pero desde el mismo viernes por la tarde que la empresa que la contrató, SIES, le comunica el despido, «se anula mi enlace a dicha plataforma», prosigue la afectada a través de un comunicado remitido a esta redacción.

    «Efectivamente fui contratada por la empresa SIES. Así lo explico desde el primer momento en la carta que traslado a medios de comunicación y redes sociales. Es más, ahora sé que con ustedes no hubiese trabajado nunca. Tanto aborrecían mi presencia en sus instalaciones que trasladaron a SIES una orden directa e indiscutible: quítala por ser antivertedero», apostilla la empleada despedida.