Le acusan de defraudar más de 600.000 euros mediante el ‘vaciado de tarjetas’
La Audiencia Provincial de Huelva acoge los próximos días 29 y 30 de septiembre el juicio contra un farmacéutico de la capital acusado de defraudar 600.989,70 euros al Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre 2016 y 2019 mediante un sistema conocido como ‘vaciado de tarjetas’ por el que simulaba que había dispensado medicamentos que sus usuarios no habían recogido, quedándose con ellos y facturándolos tras confeccionar unos cupones-precintos que trataban de simular los verdaderos.
El Ministerio Fiscal considera a este hombre autor de un delito continuado de falsedad documental y de un delito de estafa agravada, por lo que pide la pena de seis años de prisión y multa de doce meses, a razón de diez euros cada cuota diaria.
Además, acusa por estos hechos a tres empleados de la farmacia como cooperadores necesarios y al titular de una imprenta que realizaba las copias de los cupones-precintos como responsable en concepto de autor del delito de falsificación de documento; y en concepto de cooperador necesario del delito de estafa. Para ellos pide cuatro años de cárcel, según consta en el escrito de acusación.
Según recoge el escrito, al farmacéutico ya le constaban antecedentes por falsedad y estafa, por lo que considera que se da la circunstancia agravante de reincidencia y solicita que los acusados indemnicen, conjunta y solidariamente, al Servicio Andaluz de Salud en 600.989,70 euros por el importe de la cantidad «indebidamente abonada por los medicamentos facturados pero no dispensados».
La Fiscalía expone que el principal acusado como autor del delito «ideó un plan para aparentar que había dispensado medicamentos sin que fuera cierto, pero que hacía constar en el justificante de dispensación de la receta colocando en ese recibo unos cupones que había confeccionado imitando a los verdaderos».
Así, señala que «con los justificantes alterados para obtener un beneficio ilícito» los presentaba mensualmente entre junio de 2016 y mayo 2019 en la Delegación de Salud y Familias en Huelva para «conseguir que el SAS le abonara las cantidades correspondientes a esos medicamentos que aparentaba que había dispensado, logrando obtener un beneficio ilícito con el consiguiente perjuicio para la Sanidad pública andaluza que abonó las cantidades» por la supuesta dispensación de esos medicamentos.
Asimismo, apunta que esa misma operación la realizaba «aprovechando las tarjetas sanitarias que muchos clientes habían dejado en la farmacia para que les fueran consiguiendo los medicamentos que les eran recetados», pese a que «estaba prohibida la retención de las tarjetas sanitarias en las oficinas de farmacia una ves dispensados los medicamentos recetados».
Estas cinco personas fueron detenidas por la Policía Nacional en febrero de 2021 por el «presunto fraude de más de dos millones de euros» cometidos por esta farmacia a la Seguridad Social.
La investigación se inició en el mes de diciembre de 2018, después de que la Policía Nacional recibiera un escrito de la Fiscalía Provincial de Huelva en el que se participaba de unos hechos detectados por la Inspección de Servicios Sanitarios de la Consejería de Salud, donde se alertaba de una serie de irregularidades en las recetas facturadas por una farmacia de Huelva.
En los inicios de la investigación, los agentes detectaron cómo en las recetas facturadas por esta farmacia existían cupones-precintos de medicamentos falsos, localizando a usuarios de la farmacia que advertían de la retirada de sus medicamentos por parte de la misma sin su autorización.
Según indicó la Policía Nacional en una nota de prensa tras la detención de estas personas, la farmacia realizaba «distintas acciones» para «conseguir el fin defraudatorio», siendo la «más significativa» la denominada como ‘vaciado de tarjetas’, es decir, la retirada no autorizada por el farmacéutico de medicamentos que figuraban prescritos en la receta electrónica de los usuarios.
Se trataba de una dispensación simulada, ya que «no se producía la entrega efectiva del medicamento» y se hacía uso de los cupones-precintos falsos para «la obtención de beneficio económico fraudulento». Esto conllevaba, en muchas ocasiones, «un perjuicio para el usuario ante la imposibilidad de retirar los medicamentos prescritos por su médico».
Los investigadores constataron que se trataba de una actividad «organizada e integrada en el funcionamiento habitual de la farmacia, con el conocimiento y colaboración de todos los empleados que la llevaban desarrollando durante los últimos ocho años, perfeccionándose con el paso del tiempo».
En este sentido, la Policía Nacional indicó que «prueba de ello es que tenían en su poder una gran cantidad de tarjetas sanitarias de usuarios que gestionaba la farmacia con total autonomía».
Además, indicaron que dentro de las instalaciones «existía una dependencia dedicada, en exclusiva, a la confección de los documentos falsos» que posteriormente se remitían para su facturación al Sistema Andaluz de Salud, toda vez que apuntaron que otra muestra de la «profesionalización» que había alcanzado es la contratación de los servicios de una imprenta para la confección de los cupones-precinto falsos, «con lo que obtenía copias de gran calidad y lograban una gran similitud con los originales».
Así, tras la investigación se concluyó que la cuantificación económica de la estafa asciende a más de 2 millones de euros que es el sumatorio de los 600.989,70 euros defraudados al Servicio Andaluz de Salud y, por otro, del valor de los documentos que se intervinieron al farmacéutico.
