Hace algunos días, mientras azotaba Filomena, iba al instituto recordando la versión que Diego Carrasco hizo de ‘La Yeti’ (en homenaje a Javier Krahe), cuyo comienzo, “Ay, qué frío, qué frío”, parecía el leitmotiv de esas semanas en los pasillos y aulas de los centros educativos.
Las imágenes han hablado por sí mismas: grupos de alumnos/as con gorros, guantes, bufandas y mantas, al igual que los docentes y demás trabajadores; y los termómetros marcando ocho, nueve y diez grados centígrados en el interior de la clase, con las ventanas abiertas durante toda la mañana. Bochornoso espectáculo, mientras continuamos con aulas masificadas por las ratios ilegales en demasiados casos y sin distancia de seguridad. En algunos colegios, la distancia la marca una pegatina en medio de una mesa que comparten dos alumnos/as; las escaleras de subida después de los recreos desafían cualquier norma frente a la covid. Quienquiera puede verlo.
Parece ser que, para la clase política de esta comunidad, las personas que trabajan en las escuelas infantiles, en los centros de primaria y secundaria o formación profesional, así como los cientos de miles de niños y niñas o adolescentes andaluces, estamos hechos de otra pasta, de otro material, y ni la adversidad climatológica ni la pandemia, que está en sus más altas cotas de contagio, nos afecta.
Tal vez sea necesario recordar en estos momentos el RD 486/1997 de 14 de abril, firmado por el entonces ministro Javier Arenas, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los centros de trabajo. En su anexo III, se dice textualmente: “la temperatura de los locales donde se realicen los trabajos sedentarios propios de oficina o similares estará comprendida entre 17 y 27º C”. Y en el Capítulo II se especifica que “el empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que la utilización de los lugares de trabajo no origine riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores”.
Incluso se da la paradójica circunstancia que aquí, en Andalucía, el presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla, firmó el 13 de julio la Ley 1/2020 para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables, basándose en el citado Real Decreto que ahora incumple. Ley que ha de entenderse como un logro de las plataformas de madres y padres como Escuelas de Calor, que llevan años luchando por la bioclimatización de los centros escolares.
Tal vez sea también necesario hacer un poquito de memoria y recordar las reivindicaciones de los colectivos que trabajan en defensa de la escuela pública (quienes salvamos el curso pasado con muy pocos recursos y gracias al ingente trabajo de docentes junto a la cooperación de las familias): reducción de ratios, duplicación de las plantillas, mayor contratación de personal de limpieza… En resumidas cuentas, escuela presencial, sí, pero con seguridad. La salud es un derecho. Poco de esto se ha conseguido, más que propaganda política de cara a la galería, por la contratación de personal absolutamente insuficiente. Las ratios, ni tocarlas.
Sin duda, imprescindible es resaltar la llamada al vaciado de aulas de Ampas de cientos de localidades y las reivindicaciones de plataformas como Marea Verde, o las movilizaciones estudiantiles en este sentido, así como la posición de organizaciones sindicales y hasta un reciente comunicado de la Asociación de Directoras y Directores de Instituto de Andalucía (ADIÁN), que piden el cierre temporal de los centros educativos en las localidades “en las que la incidencia de la enfermedad supere los mil casos por cada cien mil habitantes”. Tenemos experiencia, sabemos cómo hacerlo. Desde marzo aprendimos a dar clases virtuales, a utilizar plataformas digitales, a colgar materiales o crear recursos sobre la marcha. ¿Por qué se niega ahora el señor Imbroda a cerrar temporalmente los centros y garantizar la salud de la comunidad educativa y de nuestro entorno? ¿Qué intereses motivan a mantener las aulas abiertas pese a todas las restricciones en horarios, comercios, movilidad y el colapso que están viviendo los centros hospitalarios?
A pesar de que parezcan contradictorias, las declaraciones de Bonilla pidiendo a los andaluces responsabilidad y que se queden en casa, junto con la respuesta autoritaria del consejero de Educación a las familias, con la amenaza de activar los protocolos de absentismo cuando las madres y padres decidan no llevar a sus hijos al cole para preservar su salud y la de su entorno, se complementan.
Sería ingenuo pensar que es una cuestión de (in)capacidad de gestión. Tampoco tiene ningún sentido una valoración moral del tipo “son unos sinvergüenzas”. El capitalismo ni entiende de moral ni tiene alma, y para sus intereses, la clase política que nos gobierna juega un papel tan importante como el capataz lo es para el dueño de la finca. Como perros de presa defienden unos intereses que no son los nuestros y no importa que en esa tarea enfermemos o nos vayamos al otro barrio. Saben lo que hacen y lo hacen.
Nos quieren sumisos, obedientes, que sintamos que el problema de la salud es nuestra culpa, de los jóvenes. Nos bombardean con consignas que repiten como mantras, cambian los protocolos de la noche a la mañana sin que sepamos por qué; mientras tanto, se reparten el dinero público entre sus negocios, sus escuelas concertadas, sus convenios con empresas. Se colocan y colocan a los suyos. Un negocio redondo, un plan sin fisuras.
No nos resignamos a dejar la vida para sus beneficios, nos tendrán enfrente.
Por Susana Pedraza Picón, profesora del IES Pablo Neruda y activista defensora de la escuela pública
