Etiqueta: funcionarios

  • Heridos varios funcionarios de la prisión de Huelva por una nueva agresión

    Heridos varios funcionarios de la prisión de Huelva por una nueva agresión

    CSIF demanda una «contundente» aplicación de las normas y una mejor clasificación de internos

    La sección sindical del Centro Penitenciario de Huelva de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las Mesas de Negociación de Instituciones Penitenciarias (IIPP) y de Función Pública, demanda mayor contundencia en la aplicación de las normas a raíz de la agresión a varios funcionarios el pasado sábado por parte de internos de la cárcel onubense.

    Ante la gravedad de los hechos, CSIF también exige una correcta clasificación interior de los presos. “Se debe evitar que internos con un largo historial de sanciones permanezcan en departamentos de régimen ordinario, ya que afecta a la convivencia con el resto de internos y funcionarios”, solicita CSIF.

    El sindicato mayoritario de las administraciones públicas, por otra parte, destaca el gran trabajo llevado a cabo por los funcionarios implicados en el incidente para la rápida resolución del mismo. “CSIF desea la pronta recuperación de los funcionarios agredidos, que presentan heridas de diversa consideración”, apuntan fuentes de la sección sindical del centro.

    El ataque se produjo después de un cacheo a un interno sobre el cual existían sospechas de que pudiese portar sustancias u objetos prohibidos. Este preso amenazó de muerte a los funcionarios y los agredió propinándoles puñetazos y patadas. Posteriormente, alentó a otros internos para que le secundaran en la revuelta, siendo necesario proceder a su aislamiento. Algunos de ellos amenazaron a los funcionarios con acabar con sus vidas. “Sacar los pinchos, que vamos a acabar con estos hijos de puta”, se llegó a escuchar mientras intentaban abrir las puertas para acceder a la zona en que se encontraban los funcionarios, quienes realizan su labor cada día con menos garantías.

    Tras proceder a su identificación, fueron aislados para evitar que el suceso fuese a más dado el estado de alteración en que se encontraban.

    CSIF IIPP Huelva reitera su reivindicación para que los funcionarios de prisiones sean considerados agentes de la autoridad, se actualicen los medios coercitivos con la dotación de pistolas ‘táser’ y que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ofrezca una formación adecuada y continua para poder abordar estas situaciones con menos riesgos y más seguridad. En este sentido, CSIF insiste en la urgencia de modificar la Ley Orgánica General Penitenciaria para el reconocimiento del carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de cuerpos penitenciarios en el ejercicio de sus funciones, iniciativa planteada en el Congreso de los Diputados el pasado noviembre.

    El último caso de agresión en la presión de La Ribera vuelve a evidenciar las precarias condiciones laborales con las que convive el colectivo penitenciario, que debe desempeñar su labor en un entorno hostil y de riesgo permanente, con recursos limitados y una presión creciente.

  • CSIF Huelva se suma a la concentración en defensa del modelo de Muface

    CSIF Huelva se suma a la concentración en defensa del modelo de Muface

    El sindicato convocará huelga en las administraciones «si no nos dan otra opción»

    Unos 35.000 funcionarios y funcionarias procedentes de toda España se han manifestado este sábado en Madrid frente la Dirección General de Muface en defensa del mantenimiento del modelo sanitario del mutualismo administrativo, actualmente en serio peligro por la falta de acuerdo entre Gobierno y aseguradoras y la cercanía del fin de la vigencia del actual concierto.

    La concentración ha sido convocada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) -sindicato más representativo en las administraciones públicas- y ha sido respaldada por el sindicato policial JUPOL y la asociación de la Guardia Civil JUCIL.

    Esta concentración, a la que se han sumado representantes de CSIF Huelva, forma parte del calendario de movilizaciones en defensa del mutualismo administrativo, que comenzaron el pasado 11 de noviembre con una manifestación en Madrid frente al Ministerio de Hacienda y las subdelegaciones del Gobierno de toda España para exigir también al Gobierno el desbloqueo de la negociación colectiva para mejorar las condiciones laborales del conjunto de los empleados públicos.

    Las protestas se prolongarán en el tiempo en el caso de que el Gobierno siga sin reaccionar y sin garantizar la continuidad del modelo de Muface con una asistencia sanitaria de calidad. El ministro de Función Pública sigue sin responder a nuestra petición de una reunión urgente para dar explicaciones, por lo que CSIF incrementará la presión al Gobierno hasta que reaccione con la convocatoria de paros parciales y totales en la Administración.

    CSIF lleva las quejas de los mutualistas a Bruselas

    De manera paralela, también hemos llevado a Bruselas las quejas de centenares de mutualistas que hemos recibido en las últimas semanas por correo electrónico -y que ya denunciamos esta semana ante el Defensor del Pueblo- en las que se denuncian que las clínicas están anulando, retrasando y suspendiendo citas médicas e intervenciones quirúrgicas ante la incertidumbre sobre el concierto sanitario. El objetivo es que tanto el Parlamento Europeo como la Comisión sepan de la situación en la que se encuentran 1,5 millones de personas para que emprenda las acciones que considere necesarias.

    También hemos registrado en el Congreso de los Diputados estas mismas quejas para que los grupos parlamentarios conozcan los casos reales y las situaciones que están viviendo cerca de 1,5 millones de personas entre mutualistas y beneficiarios -con su asistencia sanitaria amenazada- para que presenten iniciativas en defensa del mantenimiento del modelo de Mufac

  • Unos 200 empleados públicos de Huelva salen a la calle por la mejora de sus condiciones laborales y en defensa de Muface

    Unos 200 empleados públicos de Huelva salen a la calle por la mejora de sus condiciones laborales y en defensa de Muface

    Los trabajadores secundan la concentración convocada por CSIF

    La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha llevado a cabo este lunes una movilización en Huelva frente a la Subdelegación del Gobierno para defender los derechos de las y los empleados públicos. En la concentración, que ha comenzado con un manifiesto y casi tres minutos de silencio, han participado alrededor de 200 trabajadores.

    Durante la comparecencia ante los medios, Juan Manuel Quilón, presidente de CSIF Huelva, ha destacado la “dedicación ejemplar” de las/los empleados públicos en situaciones críticas, como emergencias naturales y crisis sanitarias. Quilón ha subrayado que la falta de inversión ha dejado a estos profesionales sin recursos suficientes para realizar su trabajo con garantías plenas. También ha denunciado la “falta de previsión y coordinación” de las administraciones ante los desastres recientes, destacando el compromiso y profesionalidad de los empleados públicos en la respuesta a estas situaciones.

    Entre las principales demandas de CSIF se encuentra un nuevo acuerdo salarial plurianual vinculado al índice de precios al consumo (IPC) para recuperar el poder adquisitivo perdido por la inflación y los recortes salariales de 2010 implementados por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El sindicato también exige fondos adicionales para reducir desigualdades salariales entre administraciones y reclama la aplicación del principio “a igual trabajo, igual salario”.

    CSIF aboga por la implantación de una jornada de 35 horas semanales, mejoras en la promoción interna, la movilidad de los empleados y la implementación del teletrabajo. Asimismo, considera fundamental garantizar una adecuada financiación del Mutualismo Administrativo para asegurar la calidad de la asistencia sanitaria. Otro punto clave es la mejora de las condiciones de jubilación, incluyendo la posibilidad de adelantar la edad de jubilación en determinados colectivos y la eliminación de penalizaciones por retiro anticipado.

    El manifiesto de CSIF insta al Gobierno a retomar las negociaciones con los representantes de los trabajadores y a frenar el deterioro de los servicios públicos, que, según el sindicato, están “al borde del colapso”. “Es hora de decir basta. El Gobierno no puede seguir ignorando las necesidades de los empleados públicos, quienes son la columna vertebral de los servicios esenciales que garantizan el bienestar de la ciudadanía”, ha recalcado Quilón.

    La concentración también ha rendido homenaje a las víctimas y afectados por las inundaciones causadas por la DANA, así como a los empleados públicos que trabajan en la zona del desastre, destacando su compromiso y solidaridad. “Los servidores públicos son garantes del Estado de bienestar y quienes desde el primer momento trabajan por restablecer la normalidad en las áreas afectadas”, añadió Quilón.

    CSIF ha recordado que la Mesa General de las Administraciones Públicas no ha sido convocada desde la formación del Gobierno en noviembre de 2023, y ha denunciado que la parálisis actual perjudica a los empleados públicos. El sindicato ha señalado la falta de un acuerdo de financiación autonómica y la existencia de conflictos laborales en organismos como el SEPE, la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y la Inspección de Trabajo.

    CSIF reclama al Ejecutivo un presupuesto para 2025 que contemple un acuerdo retributivo plurianual vinculado al IPC para reparar la pérdida acumulada de poder adquisitivo, que desde los recortes de 2010 asciende al 20%. El sindicato también exige la recuperación de la estructura salarial previa a dichos recortes y el cobro íntegro de la paga extra.

    Además, CSIF aboga por la eliminación de la tasa de reposición y la culminación del plan de estabilización de plazas del personal interino, estableciendo que la temporalidad no supere el 8% a finales de este año. Quilón ha destacado la urgencia de estas medidas y la necesidad de convocatorias que llevan meses de retraso.

    Finalmente, el sindicato defiende la continuidad del mutualismo administrativo como un mecanismo eficaz que descongestiona el sistema público de salud y demanda una financiación adecuada para garantizar su sostenibilidad. “No permitiremos que ningún Gobierno acabe con este modelo por falta de atención”, concluyó el presidente de CSIF Andalucía.

    CSIF ha anunciado nuevas movilizaciones para el 16 de diciembre, advirtiendo que se prolongarán si el Gobierno no responde. “La dignificación del trabajo de los empleados públicos y la defensa de unos servicios de calidad siempre han sido prioridad para CSIF. Somos y seremos la voz contra las injusticias”, finalizó Quilón.

  • El personal funcionario de la Junta reivindica la igualdad en la recuperación retributiva

    El personal funcionario de la Junta reivindica la igualdad en la recuperación retributiva

    Denuncian una «diferencia significativa» en los aumentos salariales entre los altos cargos y el resto de la plantilla

    Los sindicatos CSIF, SAF, ISA, UGT y CCOO han celebrado este martes una concentración ante la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, así como en el resto de capitales andaluzas, en defensa de mejoras salariales para el personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía, lo que afecta a 1.558 funcionarios/as de Huelva.

    Las organizaciones han calificado de «insostenible» la situación de este colectivo, que «se agrava tras una pérdida acumulada de poder adquisitivo superior al 16% entre 2010 y 2024, a pesar de las subidas retributivas recogidas en los presupuestos de los últimos años», señalan.

    Asimismo, los sindicatos convocantes denuncian que los funcionarios auxiliares perciben el salario mínimo y el resto del personal funcionario cobra por debajo de la media en comparación con otras comunidades autónomas, lo que convierte a Andalucía en «la región con las retribuciones más bajas del país en todos los conceptos salariales», han precisado.

    Según los sindicatos, la última actualización de los complementos específicos del personal funcionario tuvo lugar en 2002 y desde entonces no se ha producido ninguna revisión, lo que ha dejado sus salarios estancados durante 22 años, una situación, agregan, a la que se suma el «silencio» del consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ante la petición, realizada el pasado 23 de septiembre, de incluir en el Anteproyecto de Ley de Presupuestos de 2025 una partida para la actualización de estos complementos.

    En este punto, los sindicatos lamentan la falta de respuesta y las negativas «reiteradas» a debatir este asunto en las Mesas Sectoriales, mientras otros colectivos funcionariales han visto mejoradas sus condiciones salariales.

    Las organizaciones sindicales acusan a los altos cargos de «condenar al ostracismo» a los funcionarios, al tiempo que recuerdan que el pasado diciembre el Consejo de Gobierno aprobó un aumento del 18,8% en el sueldo del presidente Juan Manuel Moreno y del 15% para otros altos cargos. En agosto de este año, además, se aplicó una actualización del 1,79% de sus retribuciones vinculada al IPC, añaden.

    Así, a lo largo de los últimos 14 años, este colectivo ha experimentado una pérdida de poder adquisitivo de más del 16%, a pesar de las subidas retributivas establecidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), indican los sindicatos, tras lo que señalan que actualmente el salario de los funcionarios auxiliares apenas alcanza el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), mientras que el del resto del personal funcionario se encuentra por debajo de la media de otras administraciones en todo el país.

    «A pesar de los aumentos salariales en otros sectores públicos andaluces, como educación, sanidad y justicia, el personal funcionario de la Administración General ha sido sistemáticamente excluido de estos acuerdos», prosiguen, tras lo que explican que la última revisión de los complementos específicos se realizó en 2002 y desde entonces no ha habido actualización alguna.

    Por ello, los convocantes reclaman la apertura urgente de un espacio de negociación con la Junta de Andalucía para abordar las demandas salariales del colectivo, que «ha visto cómo las desigualdades retributivas se han profundizado en los últimos años», concluyen.

  • El CSIF denuncia que la Junta solo convoca el 15% de las plazas para movilidad en Huelva

    El CSIF denuncia que la Junta solo convoca el 15% de las plazas para movilidad en Huelva

    El sindicato advierte de que la falta de cobertura perjudica la carrera profesional de todo el personal desplazado en otras localidades

    CSIF denuncia que la Administración General de la Junta de Andalucía está convocando en Huelva solo un 15% de todas las plazas disponibles para la movilidad del personal funcionario, una falta de movilidad que a juicio del sindicato «está provocando un menoscabo en la carrera profesional de todo el personal de la Junta», tanto en el ámbito de la movilidad provisional, regulada por el artículo 129 de la Ley 5/2023 de la Función Pública de Andalucía, como en la definitiva, regulada a través de un concurso abierto y permanente.

    Según el sindicato, el 85% de puestos vacantes dotados y esenciales para el desarrollo de tareas como departamentos, secciones, negociados y auxiliares de gestión de la Junta permanecen sin cubrir. «Estamos hablando de numerosos departamentos que no se están cubriendo por razones que nuestra central sindical considera injustificadas», afirma el sector de la Administración de General de la Junta de Andalucía de CSIF Huelva.

    En este sentido, el sindicato denuncia que las distintas Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías justifican la negativa a autorizar estas convocatorias, alegando falta de presupuesto. Sin embargo, el sindicato recuerda que estas plazas ya cuentan con dotación presupuestaria y que, en su mayoría, provienen de vacantes generadas por jubilaciones o movimientos de personal tras la última resolución del concurso de méritos para funcionarios.

    Además, el sindicato ha recordado que estos procesos quedaron paralizados hasta la resolución del mencionado concurso, y que una vez finalizado el pasado junio, no existe justificación alguna para continuar bloqueando estas convocatorias.

    Exigencia de un concurso abierto y permanente

    A fecha de octubre, la Junta de Andalucía aún no ha confirmado cuándo va a convocarse un nuevo concurso para el personal funcionario, hecho reconocido en la nueva ley de Función Pública de 2023 y que «aún no se está cumpliendo», indican desde el CSIF, que asegura que esta situación está provocando la merma de la progresión profesional, además de la carencia de conciliación familiar con respecto al personal trasladado que necesita acceder a puestos de su localidad de origen.

    El sindicato ha exigido a la Administración que desbloquee de forma urgente la actual situación de paralización en la movilidad del personal funcionario. Reclama que, mientras se convoca un concurso abierto y permanente, se habiliten de manera inmediata todas las convocatorias de movilidad voluntaria provisional, tal como se recoge en el artículo 129 de la Ley 5/2023 de 7 de junio de la Función Pública de Andalucía. Esta solicitud abarca todos los puestos base y de estructura vacantes y dotados en cada Delegación Territorial y los órganos adscritos en Huelva.

    CSIF recuerda que dicha ley permite que en estos procesos se autorice con carácter general la movilidad entre funcionarios de las distintas consejerías, algo que, según denuncian, está siendo denegado de forma masiva, contraviniendo lo estipulado en la normativa.

    El sindicato ha asegurado que continuará luchando para que la Junta de Andalucía cese el bloqueo a la carrera profesional y la conciliación familiar de numerosos funcionarios, quienes se encuentran fuera de sus provincias de origen sin posibilidad actual de traslado.

  • Nueva agresión a cuatro funcionarios del Centro Penitenciario de Huelva

    Nueva agresión a cuatro funcionarios del Centro Penitenciario de Huelva

    CSIF advierte de que la prisión onubense es la cuarta de España en número de agresiones

    El sindicato CSIF ha denunciado la agresión sufrida a cuatro funcionarios del Centro Penitenciario de La Ribera (Huelva) durante la tarde del sábado. Los trabajadores resultaron con lesiones de diversa consideración tras ser atacados por un interno con una larga trayectoria delictiva.

    Los hechos ocurrieron cuando el interno regresó a su módulo residencial después de cumplir una sanción de aislamiento en celda. El recluso, disconforme con algunas medidas adoptadas, comenzó a increpar a los funcionarios. A pesar de los esfuerzos de los trabajadores por calmar la situación, el interno se mostró extremadamente agresivo, lanzando amenazas e insultos, y agrediendo físicamente a los funcionarios con puñetazos, patadas y mordiscos.

    Gracias a la presencia de una de las dos doctoras en activo, el interno pudo ser trasladado nuevamente al departamento de aislamiento. El procedimiento requiere un reconocimiento médico previo, sin el cual la medida no puede aplicarse. Por este motivo, CSIF ha recalcado la importancia del personal sanitario en estos centros.

    Los cuatro trabajadores recibieron atención inicial en las dependencias sanitarias del centro y posteriormente fueron trasladados al hospital para una evaluación más exhaustiva de sus lesiones.

    CSIF ha reiterado que estas agresiones no son casos aislados, así ha señalado que en 2023 el centro fue el cuarto en número de agresiones a nivel nacional. Según el sindicato, una de las causas principales de estos incidentes es una incorrecta clasificación interna de los reclusos, con internos que deberían estar en primer grado, el más restrictivo, ubicados en módulos de segundo grado, lo que genera conflictos con funcionarios y otros presos.

    La organización sindical también ha destacado la labor diaria de los trabajadores penitenciarios, que operan en condiciones cada vez más precarias. En el área sanitaria del centro, solo dos de las nueve plazas de facultativos están cubiertas, una situación que se agrava durante el periodo vacacional. Aunque recientemente se ha contratado a un médico, esta medida es insuficiente.

    Durante una reciente visita de la Subdelegada del Gobierno de Huelva, María José Rico, a la enfermería del centro, CSIF expuso esta problemática, aunque la falta de tiempo impidió una reunión detallada con los representantes de los trabajadores para discutir posibles soluciones.

    Desde CSIF desean una pronta recuperación para los compañeros agredidos y exigen que los responsables de estos actos violentos sean castigados con la severidad que requieren.

  • El 85% de los funcionarios de Justicia en Huelva respaldan la huelga

    El 85% de los funcionarios de Justicia en Huelva respaldan la huelga

    Se han paralizado unas 10.000 actuaciones judiciales y miles de juicios se han visto afectados

    La primera jornada de huelga general de los funcionarios y funcionarias de Justicia, con paros entre las 10.00 y las 13.00 horas, convocada por la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) –sindicato mayoritario en la Justicia–, junto a STAJ, CCOO y UGT para exigir una subida salarial digna en línea con la aprobada para los letrados, ha sido un éxito rotundo, con un seguimiento del 85% por parte de los 500 funcionarios de los Cuerpos Generales y Especiales en Huelva.

    En concreto, se han paralizado en total unas 10.000 actuaciones judiciales en Huelva, viéndose afectados miles de juicios. Según las estimaciones de CSIF, de continuar esta situación, se necesitarán hasta dos años para recuperar el trabajo causado por esta primera jornada de huelga.

    Los paros parciales se han sentido sensiblemente en numerosas instancias judiciales de toda España y de Andalucía, como los juzgados de guardia, los juzgados de lo Social, los juzgados de lo Penal, Menores y Vigilancia Penitenciaria, los registros civiles, las audiencias provinciales y los Tribunales Superiores de Justicia, así como la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo y organismos como el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

    La central sindical lamenta las molestias que estos paros han causado a la ciudadanía en un servicio tan fundamental como es el de la Justicia, pero el Ministerio de Justicia es el único responsable de la situación por su nula voluntad de presentar a las organizaciones representantes de los trabajadores una propuesta para definir sus funciones, así como una subida salarial justa, en línea con el acuerdo firmado con los letrados.

  • CSIF exige al Gobierno que restablezca el derecho a la jubilación parcial a los funcionarios

    CSIF exige al Gobierno que restablezca el derecho a la jubilación parcial a los funcionarios

    Este derecho fue suprimido en 2012

    La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, exige al Gobierno que reestablezca el derecho a la jubilación parcial voluntaria al personal funcionario y estatutario (de la sanidad pública), corrigiendo así la discriminación respecto a las personas que se rigen por el Estatuto de los Trabajadores.

    El sindicato ha recordado en una nota de prensa que el derecho a la jubilación parcial fue suprimido mediante el Real Decreto Ley 20/2012 por el que se llevaron a cabo diferentes recortes en el sector público, coincidiendo con la anterior crisis económica.

    A finales del año pasado, Función Pública y los sindicatos CCOO y UGT firmaron un acuerdo denominado el ‘Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI’ en el que se comprometían a reestablecer este derecho. Sin embargo, tal y como ha recordado CSIF, el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), norma que regula las relaciones laborales en las Administraciones Públicas, sigue sin reconocer este derecho y por tanto, la jubilación parcial anticipada continúa derogada.

    Por este motivo, CSIF se ha dirigido a la Ministra de Hacienda y Función Pública, la socialista María Jesús Montero, para que convoque la mesa de negociación del conjunto de las administraciones públicas para reestablecer de manera efectiva esta modalidad de jubilación, modificando el citado texto normativo y equiparando así el derecho reconocido en el Estatuto de los Trabajadores para el resto de contratos laborales.

  • Denuncian la falta de negociación de la Junta para la bolsa de funcionarios interinos

    Denuncian la falta de negociación de la Junta para la bolsa de funcionarios interinos

    CSIF lamenta que no se cumpla la normativa de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público y se cambien los criterios de acceso

    La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas y con presencia creciente en la empresa privada, denuncia la falta de negociación de la Administración de la Junta de Andalucía para la creación de la bolsa específica de personal funcionario interino tras su participación en los procesos selectivos correspondientes a las convocatorias de estabilización. Según la normativa vigente dicha bolsa debe integrar a aquellas personas que no superen el proceso selectivo correspondiente pero sí obtengan la puntuación que la convocatoria considere suficiente.

    El presidente del sector de Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA), José Manuel Dorado, ha calificado de “incompresible” que la Administración autonómica incumpla la disposición adicional cuarta de la ley 2 Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público y “se salte a la torera los procesos de negociación con las organizaciones sindicales”.

    Pese a que la Junta tenía el compromiso de informar a los sindicatos de las modificaciones al documento de creación de la bolsa específica de personal funcionario interino, “nos encontramos que el Consejo de Gobierno ha aprobado su regulación a través del Decreto-ley 12/2022 de 29 de noviembre sin estar cerrada la negociación”, explica Dorado.

    Para el responsable sindical esta forma de proceder de la Junta es “deplorable” y atenta contra lo recogido en el artículo 33 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) respecto a la negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios públicos. En este sentido, el estatuto especifica que dicha negociación debe estar sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia, articulándose mediante el ejercicio de la capacidad representativa reconocida a las organizaciones sindicales, “algo que se ha obviado en este caso”, ha explicado Dorado.

    Para el sector de AGJA de CSIF-A este Decreto-Ley no da cumplimiento a lo establecido por la disposición adicional cuarta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, puesto que en lugar de establecer como requisito para formar parte de la bolsa específica el haber participado en el proceso selectivo correspondiente y, aún sin superarlo, haber obtenido la puntuación que la convocatoria considere suficiente, se exige que el candidato haya prestado servicios durante al menos quince años.

    Para CSIF este requisito que establece el Decreto-Ley de la prestación de servicios durante al menos quince años, provoca una diferencia de trato discriminatoria en el acceso al empleo de los candidatos e incumple el único requisito que impone la Ley 20/2021 en su disposición adicional cuarta. En este punto, la central sindical denuncia que la Junta “está vulnerando los derechos fundamentales establecidos en el artículo 23.2 de la Constitución y no da cumplimiento a los principios de seguridad jurídica y eficacia”.

  • Un interno de la prisión de Huelva intenta agredir a funcionarios con palos afilados

    Un interno de la prisión de Huelva intenta agredir a funcionarios con palos afilados

    Acaip denuncia la «inacción» de Instituciones Penitenciarias ante el «aumento de graves incidentes» y la «falta de personal» en el centro

    El pasado martes se produjo, de nuevo, un grave incidente en El Centro Penitenciario de Huelva ha sido escenario de un nuevo incidente protagonizado por un interno del mismo, quien con palos afilados intentó agredir a funcionarios de la prisión, si bien éstos consiguieron arrebatárselos con «arrojo» y redujeron al interno, «evitando una tragedia».

    Así lo han comunicado desde el sindicato Acaip, que asegura que este incidente, que tuvo lugar este martes, «se suma al aumento exponencial de graves incidentes en el centro penitenciario de Huelva, que en muchos de los casos han acabado con trabajadores agredidos», han añadido, tras lo que han lamentado que «la respuesta tanto de la dirección del centro como del secretario general de Instituciones Penitenciarias ha sido tibia, por no decir que nula».

    «A día de hoy, la mayoría de los reclusos que han participado en estos graves incidentes, por no decir todos, no han sido trasladados del centro penitenciario de Huelva», prosiguen desde Acaip, para el que este hecho «tiene una consecuencia clara: la sensación de impunidad que desde Instituciones Penitenciarias se transmite ante estos graves hechos y, por tanto, el grave deterioro de la seguridad y la integridad de los funcionarios de la prisión de Huelva», alertan.

    Por otra parte, el sindicato denuncia que «el aumento de la conflictivad no se ha intentado contrarrestar con medidas dirigidas a paliar la falta de personal, hasta tal punto que de la nueva promoción de 900 plazas solo tres han sido destinados al centro penitenciario de Huelva a pesar de que el número de funcionarios asignados a este centros es sensiblemente inferior, con entre 30 o 40 funcionarios menos, que el de cualquier centro penitenciario de similares características», añaden.

    Para Acaip, «la dirección parece inmersa en una espiral de programas de tratamiento experimentales que no se dotan de personal ni formación, y en algunos casos hasta se compromete la seguridad de los trabajadores, lo que contrasta con la dotación en publicidad institucional tanto pública como por vía interna dirigida a las autoridades penitenciarias de la Secretaria General con sede en Madrid», agregan.

    El sindicato pone como ejemplo que «de forma sorprendente e incongruente con la clasificación de vida interior, se dispuso la salida de primeros grados a la piscina dentro de un programa de tratamiento para internos con régimen de vida restringido, comprometiendo la seguridad interior del centro, para posterior cerrar la instalación por graves deficiencias en las instalaciones», explican.

    Por otra parte, desde Acaip inciden en que «tampoco se entiende, viendo las deficiencias de personal, que el director del centro admita el ingreso en prisión de detenidos por la Guardia Civil en operaciones en narcotráfico, aumentando de forma considerable el trabajo de los funcionarios del centro y afectando a todas las áreas». Además, «detectamos la descoordinación e improvisación entre Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias, pagando los trabajadores del centro estas deficiencias, ya que muchos de estos detenidos son puestos en libertad en pocas horas», concluyen.