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  • Una campaña trata de acabar con el racismo estructural en Huelva

    Una campaña trata de acabar con el racismo estructural en Huelva

    La Subdelegación del Gobierno y Fecons presentan ‘Única raza, mismo origen’

    La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, y el presidente de la Fundación Europea para la Cooperación Norte-Sur (Fecons), Marius Nsadap, han conmemorado este jueves 21 de marzo el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial con la presentación de la campaña institucional contra el racismo estructural, que bajo el eslogan ‘Única raza, mismo origen’ promueve la Dirección General para la Igualdad de Trato y la Diversidad Étnico Racial del Ministerio de Igualdad.

    María José Rico ha señalado que la campaña está financiada con 75.000 euros y destacó que “el Gobierno de España no quiere dejar atrás a nadie y trabaja por ampliar nuestro estado del bienestar, como así demuestra con las políticas de igualdad”, ha añadido, tras lo que ha explicado que la campaña del Ministerio de Igualdad trata de “prevenir frente al eventual calado de proclamas racistas en nuestra sociedad porque es nuestra obligación proteger la dignidad y los derechos de las temporeras y temporeros migrantes que viven en los asentamientos de nuestra provincia”.

    Asimismo, ha añadido Rico, la campaña ‘Única raza, mismo origen’ tiene un doble objetivo: “por una parte ser informativa, a fin de que se denuncien los casos de discriminación racial (en el número gratuito 021), pero a su vez también es formativa, pues pretende servir para concienciar a toda la población de que el racismo supone una lacra contra la igualdad y el bienestar».

    Por su parte, el presidente de Fecons, Marius Nsadap, ha afirmado su deseo de que “el máximo número de ciudadanos asuma un mensaje de respeto a la diversidad y a la igualdad de oportunidades, que se destierre la discriminación por motivos étnicos y se reduzcan los delitos de odio”.

    Nsadap ha explicado que, en el marco de desarrollo en la provincia de esta campaña diseñada por Fecons, se han venido realizando algunas acciones formativas y de difusión en los últimos meses, en concreto en Lepe, Lucena del Puerto y Moguer, acudiendo a los centros escolares, a los servicios municipales de asuntos sociales y a las redes de las comunidades de migrantes.

    De hecho, Fecons ha diseñado una campaña publicitaria que busca expresamente el apoyo de las corporaciones de las localidades con una elevada representación de población de terceros países, así como de las empresas, comercios y cuantas entidades deseen sumarse a la causa de la lucha contra el racismo estructural en la sociedad. Para ello, dirige a toda la ciudadanía un llamamiento a la denuncia de los casos de discriminación racial que eventualmente pueden constituir delitos de odio.

    Crear espacios ‘libres de discriminación racial y delitos de odio’

    En este sentido, el presidente de Fecons ha agradecido la buena acogida y la colaboración que está recibiendo la campaña en los ayuntamientos de la provincia, así como en el ámbito educativo. Cabe destacar la implicación de la Universidad de Huelva, cuyo vicerrector de Coordinación y de Agenda 2030, Juan Antonio Márquez, ha defendido la cooperación constante de la comunidad universitaria con Fecons, sus actividades y mensaje: “Estamos convencidos de que los ámbitos educativos sirven de inspiración al conjunto de la sociedad y tanto desde el grado de Educación Social donde se han desarrollado los talleres, como en el conjunto de la Universidad de Huelva, promovemos la igualdad entre todo el alumnado y trabajamos para eliminar los delitos de odio”.

    Como quiera que los medios de comunicación se hacen eco de frecuentes insultos o incidentes de corte racista protagonizados por ciertos espectadores en acontecimientos deportivos, la campaña de Fecons quiere también hacer especial hincapié en recabar la colaboración de los clubes deportivos en diferentes modalidades del deporte para prevenir la comisión de estos incidentes.

    Por ello, desde Fecons se ha promovido un sello reconocible que certificará la adhesión de las empresas o instituciones a esta campaña y las identificará como ‘Espacios Libres de Discriminación racial, étnica y delitos de odio’. Para ello, empresas y entidades deberán suscribir el acuerdo de Buenas Prácticas de Fecons.

    La campaña es informativa e integradora y busca que “toda la gente tome conciencia de que los ciudadanos de diferentes etnias, procedencias o religiones tienen las mismas necesidades de trabajar en condiciones dignas, alquilar o comprar una vivienda o acceder a los servicios públicos o privados”, ha explicado Nsadap, que ha insistido en que las personas que presencien o bien sufran situaciones de discriminación por motivos de odio o xenofobia tienen a su servicio el número de atención telefónica 021.

    Signos de xenofobia latentes en la sociedad

    Fecons desea implicar al fin a toda la ciudadanía con la campaña ‘Única raza, mismo origen’, concienciándoles de la presencia de signos de discriminación étnica o racial en la sociedad. La psicóloga social de Fecons, Cristina Londoño, sostiene que este tipo de discriminación “está latente en muchos ámbitos esenciales para la integración plena en la sociedad, como el empleo, la formación, la salud, los servicios sociales o la atención al consumidor, entre otros, lo que conduce a situaciones de vulnerabilidad y exclusión social”.

    El último informe ‘Asentamientos’, realizado por Andalucía Acoge con la colaboración del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, señala que más del 80 por ciento de los trabajadores agrícolas migrantes que viven en los asentamientos de la provincia tienen “enormes dificultades para acceder a un alojamiento mejor y aproximadamente el mismo porcentaje se enfrenta a grandes obstáculos para empadronarse y obtener el certificado municipal que permite disfrutar de servicios públicos y regularizar la situación legal en España”.

    Por último, desde la Subdelegación del Gobierno en Huelva recuerdan que especialmente son las mujeres y niñas quienes pueden padecer mayores dificultades entre los migrantes, incluso para acceder a servicios de protección e intervención frente a los abusos, la violencia sexual y de género.

  • Alianza en defensa de los empleados públicos del Estado en Huelva

    Alianza en defensa de los empleados públicos del Estado en Huelva

    El CSIF y la subdelegada del Gobierno colaborarán para atender las necesidades del sector

    El presidente provincial de CSIF Huelva, Juan Manuel Quilón; el vicepresidente provincial, Jacinto Ochoa; y el responsable del Sector de Administración General del Estado de CSIF Huelva, David de Paz, se reunieron este miércoles con la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, en la sede de la subdelegación del Gobierno en Huelva, para tratar asuntos generales de los empleados/as públicos/as de la Administración General del Estado en Huelva.

    Concretamente, el sindicato transmitió a la subdelegada la preocupación de los funcionarios de prisiones ante el aumento de agresiones y la necesidad de que sean reconocidos como agentes de la autoridad y su profesión como profesión de riesgo.

    Entre otros temas, CSIF también se refirió al problema de la falta de personal debido a las jubilaciones y sin tasas de reposición, al tiempo que se trataron temas de interés como por ejemplo la unificación de criterios en los distintos centros para llevar a cabo el teletrabajo o la remuneración de comisiones por igual.

    En esta línea, y «dentro de un espacio constructivo y de diálogo», ambas partes expresaron su disposición a colaborar estrechamente en todo aquello que dependa de las necesidades de los empleados públicos del Estado en la provincia, una oferta de colaboración que a juicio del CSIF «demuestra la voluntad del sindicato y de la Subdelegación de contribuir activamente a las necesidades de los empleados/as públicos/as».

  • El Gobierno avala la planta de metanol de Cepsa y C2X en Huelva

    El Gobierno avala la planta de metanol de Cepsa y C2X en Huelva

    Pedro Fernández recalca que cuenta «con todo el aval» del Ejecutivo de Pedro Sánchez

    El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha expresado su satisfacción por la implantación en el Puerto Huelva de la planta de metanol verde de Cepsa y C2X, toda vez que ha asegurado que cuenta con «todo el aval» del Ejecutivo y prevé que para 2025 estará finalizado el proyecto industrial.

    El delegado, que ha participado este miércoles en el acto de presentación de esta planta en Huelva, ha indicado que el Gobierno ya mostró su apoyo a este proyecto durante la COP-28 de Dubai, al tiempo que ha destacado la colaboración de Puertos del Estado, ya que el de Huelva es puerto interregional, para «propiciar esa conjunción entre ambas empresas».

    Por otro lado, ha afirmado que se continúa trabajando en el proyecto industrial de dicha planta, cuya previsión de finalización es para 2025, «proceso que lleva a cabo el Gobierno para la concesión de esas 40 hectáreas donde se va a ubicar el proyecto dentro del propio puerto».

    Además, ha señalado que el proyecto «no solamente determinará y llevará a cabo todos los trámites que son necesarios para la ejecución de una iniciativa de esta envergadura, sino también que quedará fijado cuál es el presupuesto total de esa inversión».

    «Toda la colaboración, toda la cooperación lo ha dicho ya el propio presidente del Gobierno de España, es una apuesta de nuevo por Andalucía, por la industrialización de Andalucía y por la reindustrialización de toda España. Así que estaremos muy pendientes, con este y con otros proyectos que tengan que ver con el combustible limpio, con la generación de energía limpia y por supuesto teniendo como principal referente a puertos, como es el caso de Huelva, un puerto sin duda que se va a convertir en los más importantes del punto de vista industrial de toda España», ha subrayado.

    Asimismo, Fernández ha destacado que es un proyecto que supone una inversión que rondará los 1.000 millones de euros con una previsión de puestos de trabajo «muy importante», en torno a 2.500 empleos de calidad. Además de que se trata de «generar combustible limpio, no contaminante, donde la previsión de eliminación de CO2 está en algo más de un millón de toneladas, con esa producción de 300.000 toneladas, a su vez, de metanol».

  • 100.000 euros por hectárea a los agricultores de Doñana que dejen el regadío

    100.000 euros por hectárea a los agricultores de Doñana que dejen el regadío

    Gobierno y Junta entregarán las ayudas a los agricultores del norte de la Corona Forestal del parque que dejen de cultivar sus actuales tierras y apuesten por renaturalizar o reforestar los suelos

    El Gobierno central y la Junta de Andalucía darán ayudas de 100.000 euros por hectárea a agricultores de municipios del área de influencia del Espacio Natural de Doñana, más concretamente, a los situados al norte de la Corona Forestal del parque, que dejen de cultivar sus actuales tierras, con los consiguientes riegos, y apuesten por renaturalizar o reforestar los suelos.

    Así se contempla en el ‘Acuerdo por Doñana’ que este lunes han firmado en Almonte (Huelva) el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera. Este acuerdo afecta a los 14 municipios del área de influencia de Doñana, como Sanlúcar de Barrameda (Cádiz); Almonte, Bollullos Par del Condado, Bonares, Hinojos, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera y Rociana del Condado (provincia de Huelva), y Aznalcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Pilas, y Villamanrique de la Condesa (provincia de Sevilla).

    El acuerdo ha sido el fruto de la negociación que arrancó entre ambas administraciones tras la reunión que mantuvieron Moreno y Ribera el 3 de octubre en el Palacio de San Telmo de Sevilla, y que perseguía poner fin al enfrentamiento abierto entre Gobierno y Junta al hilo de la presentación de una proposición de ley firmada por PP-A y Vox en el Parlamento andaluz sobre regularización de las zonas de regadíos de cinco municipios situados al norte de la Corona Forestal de Doñana, Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, integrantes del denominado Condado de Huelva.

    En una comparecencia conjunta ante los medios de comunicación, el presidente andaluz ha explicado que dar solución al problema de los cientos de familias de la Corona Norte que se vieron en «un limbo jurídico y vieron amenazado su futuro económico ha sido una prioridad desde el primer momento para el Gobierno andaluz». A este respecto, ha manifestado que los agricultores de la Corona Norte recibirán una ayuda de 100.000 euros por hectárea, que cobrarán en cinco años, a razón de 20.000 euros anuales y que, a cambio, dejarán de cultivar sus tierras y tendrán que renaturalizar o reforestar los suelos. Según ha explicado, de esa ayuda de 100.000 euros por hectárea, la mayor parte, 70.000 euros, los aportará el Gobierno de España, mientras que la Junta pondrá los 20.000 euros y la Diputación de Huelva, que se ha sumado a esta solución, complementará con otros 10.000 euros.

    Los agricultores que no quieran dejar de cultivar, podrán optar también por reconvertir sus explotaciones en cultivos de secano o en producción ecológica, pero, en estos casos, la cuantía de la ayuda será menor, según ha puntualizado Moreno, quien ha confirmado que tras este acuerdo, el Grupo Popular solicitará que decaiga la proposición de ley registrada en el Parlamento.

    Ribera y Moreno han mostrado su satisfacción por este «gran acuerdo» y por la capacidad de ambas administraciones de dialogar y negociar para buscar una solución a esta importante zona y sus vecinos, por encima del «ruido» o la «conflictividad». Ribera ha querido dejar claro que hay una «amnistía con Doñana, no con el regadío ilegal» y ha defendido la «seguridad jurídica» que aporta este acuerdo. Ha confiado además en que este acuerdo sea recibido como una «buena noticia» por parte de los organismos internacionales que han mostrado su preocupación por la situación de Doñana, como la propia Comisión Europea, a cuyo comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, ha comunicado la firma de este acuerdo.

    En cuanto al contenido del acuerdo y otras ayudas que se contemplan, cabe destacar la ayuda temporal, de 5 a 10 años de duración, a titulares de explotaciones agrícolas en los 14 municipios del área de influencia que opten por dejar esos cultivos y apuesten por la renaturalización; nuevas superficies de cultivos de secano, y la reconversión hacia producción ecológica.

    Hay tres modalidades de ayudas en función de la nueva actividad por la que se opte. En este sentido, se concederá una ayuda por hectárea por la renaturalización de superficies agrarias, consistente en realizar las operaciones necesarias para la reversión del uso de dichas superficies a uso forestal. La ayuda se calculará a tanto alzado y se concederá durante un período de 10 años, por un importe de 7.000 euros por hectárea. Los beneficiarios se comprometerán a mantener el nuevo uso forestal de la superficie por la que reciben la ayuda durante un periodo no inferior a 30 años.

    En segundo lugar, se concederá una ayuda por hectárea para nuevas superficies agrarias dedicadas a cultivos de secano como vid, olivos, o cultivos industriales (remolacha azucarera, girasol o colza), almendros u otros cultivos alternativos. La ayuda se calculará a tanto alzado y se concederá durante un período de 5 años, por un máximo de 2.500 euros por hectárea. Los beneficiarios se comprometerán a mantener el nuevo cultivo en la superficie por la que reciben la ayuda durante un periodo no inferior a 10 años.

    En tercer lugar, se contempla la ayuda a la reconversión hacia modelos de producción de agricultura ecológica de acuerdo con las intervenciones programadas por Andalucía en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común. La ayuda, que se pagaría anualmente, durante el mismo tiempo que se reciba la ayuda autonómica, con un máximo de 5 años, sería de un montante de 1.000 euros por hectárea.

    Otros compromisos económicos

    Moreno ha explicado que, con este acuerdo, que beneficiará a los 14 municipios del área de influencia de Doñana, la Junta y el Gobierno se comprometen a invertir más de 1.400 millones en el parque y su entorno, en medidas destinadas a protegerlo y fomentar la agricultura, la pesca, la ganadería, la industria, la artesanía, las energías renovables y las obras hidráulicas.

    Así, ambas administraciones aportarán más de 700 millones (Ministerio ya aportó 356 y ahora pone otros 350 millones). En total, según han explicado Ribera y Moreno, 1.400 millones para garantizar un desarrollo sostenible de los municipios del entorno de Doñana en el período 2023-2027.

    Además, el acuerdo recoge que el Gobierno andaluz impulsará obras hidráulicas por valor de 335 millones en depuración, abastecimiento y embalses y destinará 251 millones de fondos europeos a la agricultura y ganadería para modernizar explotaciones, diversificar la producción o mejorar la comercialización.

    Asimismo, se destinarán 23,5 millones al sector pesquero, con un plan de gestión de la coquina que contará con 5 millones de euros, a lo que se suma un importante paquete de medidas ambientales, entre las que destaca la ya anunciada adquisición por parte de la Junta de 7.500 hectáreas de la finca Veta la Palma (en La Puebla del Río) para mantenerlas inundadas todo el año.

    El acuerdo también recoge la posibilidad de integrar la generación de energía renovable en el entorno de Doñana (30 millones para proyectos de energía renovable y eficiencia energética); impulsar con 70 millones iniciativas y proyectos de los 14 ayuntamientos del área de influencia de Doñana; destinar 32 millones a mejorar las condiciones de vida y de habitabilidad de los temporeros que cada año acuden a Huelva en época de recolección, o crear la Marca Doñana como garantía de calidad y sostenibilidad para productos y servicios como el hotelero.

    Tanto Moreno como Teresa Ribera han insistido en mostrar su satisfacción por este acuerdo «histórico», que tiene como objetivo fundamental la preservación de una «joya» natural como Doñana, conciliando la protección del parque con el desarrollo económico y el progreso social de la comarca.

  • El Gobierno garantiza mejoras «sustanciales» en la línea férrea Huelva-Sevilla

    El Gobierno garantiza mejoras «sustanciales» en la línea férrea Huelva-Sevilla

    El delegado del Gobierno pide «disculpas» por los problemas de los trenes

    El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha pedido «disculpas» este viernes por las incidencias que ha habido en el Alvia Huelva-Madrid, toda vez que ha «garantizado» que el Gobierno de España «tiene el claro objetivo de mejorar sustancialmente» y dar respuesta «también» a estos problemas, «igual que ocurría con el túnel de San Silvestre».

    Así lo ha manifestado Fernández a preguntas de los periodistas durante la inauguración en San Silvestre de Guzmán (Huelva) de la Vigésima Edición de la Feria Cinegética y de Productos Naturales, donde ha señalado el incidente que se produjo el martes del Alvia se debió un «problema de electrificación que propició algunas averías», por lo que «hubo que hacer desplazamientos de personas de diferente manera, porque además fue un sitio complejo en el que se quedó el tren paralizado».

    «Todo está solventado en este momento, absolutamente todas las incidencias que habían están solventadas», ha afirmado antes de añadir que «se está trabajando además en tareas de mantenimiento para reforzar todos los taludes y evitar que en cualquier momento pueda haber una situación que ralentice el tren y los tiempos que tiene asignado de viaje. Paralelamente, y de forma casi inmediata, se van a iniciar unos trabajos por un importe en torno a tres millones y medio de euros para mejorar también todo lo que tiene que ver con las traviesas», ha afirmado.

    En este sentido, el delegado ha explicado que las traviesas «van a pasar de biplaca a monoplaca, que eso las hace mucho más resistentes y las mejoran de manera sustancial», así como ha asegurado que «la apuesta del Gobierno de España por la infraestructura ferroviaria en Huelva es absolutamente indiscutible».

    «En este momento, como ustedes también saben, estamos ya en la parte final del estudio informativo que se presentó en su momento para la declaración de impacto ambiental al Ministerio de Transición y que va a ser el que va a permitir que, justamente al emitirse el informe que corresponda a final, se puedan iniciar ya los proyectos de construcción para la mejora total y absoluta de la línea de alta velocidad que es a lo que se aspira de entre Huelva y Sevilla», ha subrayado Fernández.

    En este punto, ha destacado que, «de hecho, y de ahí la confianza absoluta de que va a ser así», en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 hay consignados más de un millón de euros precisamente para la posible licitación ya de la redacción de esos proyectos constructivos».

    Por ello, ha reseñado que «en ese sentido» el Gobierno «está avanzando de forma importante» y «sobre todo con la convicción de que hay que mejorar esa comunicación ferroviaria de Huelva, que la necesita irremediablemente, tanto con Sevilla como lógicamente a partir de Sevilla con el resto de España y con Madrid fundamentalmente».

    Asimismo, ha explicado que, «también en paralelo, se está trabajando y haciendo una gran inversión, que en este momento está situada en torno a los 165 millones de euros, entre Jabugo y Huelva capital para la mejora de esa línea con Zafra» que «es preferentemente vinculada al transporte de mercancías, pero es una renovación integral y completa», toda vez que ha apuntado que «en los PGE de año 2023 hay una consignación de 80 millones de euros» para infraestructuras ferroviarias.

    «Que junto con los más de 24 millones para infraestructuras viarias, suponen más de cien millones para la mejora de todas las infraestructuras, tanto viarias como ferroviarias. Garantizo que el Gobierno de España tiene el claro objetivo de mejorar sustancialmente y dar respuesta también, igual que ocurría con el túnel de San Silvestre, a una reivindicación histórica y absolutamente justa de Huelva».

    Túnel de San Silvestre

    De otro lado, el delegado del Gobierno ha recordado que este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el anuncio de formalización de contratos de servicios de asistencia técnica para el control y vigilancia y coordinación de seguridad y salud de las obras del proyecto de desdoblamiento túnel de San Silvestre, por lo que se ha mostrado «satisfecho» de que se están cumpliendo «los objetivos» del «compromiso manifestado en su momento por el Gobierno de España».

    En este sentido, ha subrayado que esto «va a suponer garantizar el suministro» para «todo» el anillo hídrico de Huelva, al tiempo que ha recordado que la obra tiene un periodo de ejecución de 30 meses» y que «va a hacer realidad las necesidades que Huelva demandaba justamente desde hace años», por lo que considera que esto es «un motivo de celebración».

  • El Gobierno aplaude el ultimátum de Europa a Andalucía para que proteja Doñana de los regadíos de la Corona Norte

    El Gobierno aplaude el ultimátum de Europa a Andalucía para que proteja Doñana de los regadíos de la Corona Norte

    La ministra Ribera pide a la Junta que no esquilme los recursos

    La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha valorado que la carta enviada por la Comisión Europea, en la que advierte del «riesgo» que implica la nueva proposición de ley que se presentó ante el Parlamento de Andalucía, «recuerda lo obvio, de sentido común: Doñana necesita protección». Los responsables ambientales no pueden autorizar que se esquilmen sus recursos».

    En su cuenta de Twitter, consultada por Europa Press, y tras conocer dicha carta, la ministra ha subrayado que, de esta forma, la Comisión Europea «recuerda lo obvio, de sentido común y de obligado cumplimiento para con los ciudadanos, los ecosistemas y el respeto a las normas: Doñana necesita protección», toda vez que ha señalado que los responsables ambientales «no pueden autorizar que se esquilmen sus recursos».

    Al respecto, la Comisión Europea ha enviado un ultimátum a España para que ponga en marcha las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que obliga a proteger el humedal de Doñana, antes de denunciar de nuevo el caso ante el TJUE para pedir una multa por su incumplimiento reiterado.

    En una carta a la que ha tenido acceso Europa Press, la directora de Medio Ambiente de la Comisión alude a la proposición de ley de la Junta de Andalucía para la regularización de cultivos de regadío ilegales en Doñana y da un plazo de un mes a las autoridades españolas para explicar «cómo se han cerciorado de que el plan de mejora del regadío no producirá efectos perjudiciales para la integridad de los espacios protegidos».

    «La aprobación de una propuesta del cariz de la presentada el pasado 3 de marzo agravaría significativamente la situación de las masas de agua y de los espacios protegidos de Doñana», dice la Comisión en su misiva, en la que también advierte de que «la sobre explotación continuada en el tiempo del acuífero amenaza gravemente la propia viabilidad de la actividad económica de la comarca del entorno de Doñana, en particular de los cultivos de regadío», ha señalado la comisión en la carta.

    El Gobierno ha mostrado su rechazo a la proposición de ley de PP y Vox. De hecho, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, expresó el pasado 3 de marzo tachó la propuesta de «atropello» al tiempo que fuentes del Ministerio que dirige la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, han avisado de que llevarán al Tribunal Constitucional (TC) «toda actuación que ponga en riesgo a Doñana».

    De esta manera, a través de la Delegación del Gobierno en Andalucía, el Ministerio para la Transición Ecológica ha querido dejar claro que «no ha negociado ni, mucho menos, ha llegado a ningún acuerdo con PP y Vox para aumentar los regadíos en Doñana, tal y como pretenden hacer» en dicha proposición de ley registrada en el Parlamento, según han apostillado desde la cartera que dirige Teresa Ribera.

    Para el departamento ministerial «esta proposición de ley es un atropello» que «desprecia el papel del Consejo de Participación de Doñana», y en todo caso es una iniciativa que «debería ser tramitada por la Junta de Andalucía como proyecto de ley para que las administraciones y órganos competentes puedan entregar informes».

    WWF también en contra

    El portavoz de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, ha pedido por su parte al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que paralice la proposición de ley de PP y Vox sobre los regadíos del Condado de Huelva ante la carta emitida por la Comisión Europea ya que «va muy en serio» y «podría repercutir en graves multas».

    Carmona ha manifestado que la misiva de la Comisión es «una respuesta» a la enviada por la ONG la pasada semana y es «muy dura», de hecho el portavoz de WWF ha asegurado que la Dirección de Medio Ambiente «rara vez se expresa en estos términos y en el lenguaje diplomático que se suele usar no hay frases tan claras y contundentes», además de las advertencias de «las medidas a adoptar».

    En este sentido, Carmona ha señalado que la Comisión «coincide» con la ONG en «la profunda preocupación que provoca la propuesta de legalización, esa amnistía para los agricultores ilegales que amenazan Doñana» y «nos da la razón en cuanto a su situación».

    «Consideramos que es positivo que advierta de que, si prospera la tramitación de esta propuesta, va a tomar las medidas oportunas sobre las que ya alertó en la carta de emplazamiento que mandó a España el año pasado, en la que señalaba que no se habían adoptado las medidas necesarias para cumplir con la sentencia del TJUE y que en el caso de seguir adelante, como hace ahora, acudirá el tribunal para pedirle la correspondiente sanciones para obligar a España a cumplir», ha detallado.

    En este sentido, el portavoz de WWF pone en valor que la Comisión haya usado el «término clarísimo de violación flagrante de la sentencia del Tribunal Europeo», por lo que ha considerado que ante esta «dura» misiva, «no queda otra que parar esta temeridad en la que el presidente se ha metido para tratar de amnistiar a unos regantes ilegales», que «no han cumplido ni con las leyes de Ordenación del Territorio ni con las normativas de agua».

    «Estamos hablando de personas que, ignorando todas las leyes relativas a la ordenación del territorio y el agua, transformaron ilegalmente su finca, y ahora están intentando que se les dé una amnistía, forzando al Parlamento andaluz para que apruebe una norma, que tiene una fuerte respuesta, no solamente en España, a través del Ministerio, que considera que es una clara invasión de sus competencias, sino también a nivel Europeo», ha enfatizado.

    Así, Carmona ha llamado la atención sobre el hecho de que la Comisión Europea acuda al TJUE para que pongan en marcha «los mecanismos sancionadores» oportunos, ya que ello «puede repercutir en graves multas», toda vez que ha recordado «los 75 millones de euros que ya se llevan pagados por la depuración de las aguas».

  • Parralo destaca que más 100 mil onubenses verán subida su pensión

    Parralo destaca que más 100 mil onubenses verán subida su pensión

    El incremento del 8,5 por ciento se hizo efectivo el pasado 1 de enero

    La subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, ha destacado este miércoles que más de 101.000 pensiones que se abonan en la provincia de Huelva han subido un 8,5 por ciento con la revalorización impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para el año 2023.

    «Desde hoy, día 25, millones de pensionistas de todo el país comienzan a recibir su paga y habrán percibido que tienen garantizado su poder adquisitivo. Se trata de un derecho inquebrantable, que hemos recuperado después de que el Gobierno del PP acabara con él», ha explicado Parralo en rueda de prensa.

    La subdelegada ha puesto en valor que, con esta subida, la pensión media de jubilación en Huelva alcanza los 1.264 euros, lo que «supone un incremento de 99 euros al mes o de 1.386 euros al año», especificando que, «en la práctica, supone recibir más de una mensualidad extra o quince pagas al año».

    En este sentido, Parralo ha recordado que el aumento, que se hizo efectivo el pasado 1 de enero, conlleva un incremento del 8,5 por ciento con carácter general de las pensiones del Sistema de Seguridad Social, así como que este aumento es el resultado del índice de precios de consumo (IPC) medio entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022, según la fórmula establecida en la Ley 20/2021 de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, «aprobada hace un año y acordada con los interlocutores sociales».

    «La revalorización se ha puesto en marcha con la máxima legitimidad social y política, tras las recomendaciones del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados y el gran acuerdo con los interlocutores sociales de 2021, que se firmó en el Palacio de la Moncloa y de los que se beneficiaran 11,8 millones de pensionistas y perceptores de otras prestaciones de todo el país y en concreto 101.195 en nuestra provincia».

    En este punto, ha subrayado que «nuestros mayores van a tener garantizado su poder adquisitivo en un contexto de alta inflación desconocido desde hace 30 años», al tiempo que ha incidido en que ligar las pensiones al IPC «es una medida social y una cuestión de justicia y dignidad, que corrige la fórmula existente antes de 2018, que podía suponer la depreciación de la cantidad que recibe este importante colectivo».

    La subdelegada ha defendido «el compromiso» del Gobierno de España «para sacar adelante esta medida, a pesar, de las muchas presiones recibidas para no revalorizar las pensiones conforme a la inflación por parte de la derecha».

    «Entendemos que la garantía de mantener el derecho adquisitivo es una parte intrínseca del derecho a una pensión pública. Las pensiones se revalorizan gracias a las medidas sociales adoptadas por el Ejecutivo y que están muy lejos de otras políticas anteriores de recortes, que estaban encaminadas a la depreciación y a la pérdida de poder adquisitivo de nuestros mayores», ha asegurado Manuela Parralo.

    Al respecto, ha señalado la «importancia» de adoptar esta decisión en un momento como el actual, «con una elevada inflación y una gran incertidumbre internacional». «Es ahora cuando tiene más sentido impulsar esta medida, ya que los pensionistas no tienen capacidad de reacción en estas situaciones. Con la fórmula del PP, la subida era siempre de un exiguo 0,25 por ciento, que en este contexto hubiera supuesto una fuerte pérdida del poder adquisitivo», ha aclarado.

    Parralo ha explicado que, en 2018, la pensión media de jubilación en Huelva era de 1.038 euros, mientras que en este ejercicio de 2023 será de 1.264 euros, es decir, 226 euros más. «Con la fórmula anterior, la pensión media sería un 23 por ciento más baja», ha agregado.

    La representante del Ejecutivo en la provincia ha indicado que este incremento es «totalmente compatible con el saneamiento del sistema» ya que «las cuentas del Sistema Público de Pensiones están fuertes, porque las medidas de protección y mejora de la calidad del empleo, impulsadas por la reforma laboral y otras normas, están mejorando los ingresos y avanzando hacia el equilibrio presupuestario», ha analizado.

    Así, ha destacado que en 2023, está previsto «un ingreso récord» por cotizaciones sociales, que «llegarán a suponer el 10,9 por ciento sobre el total del PIB, más de 152.000 millones de euros», así como ha puesto el acento en «la certidumbre que ahora tienen los pensionistas de este país».

    «Hasta ahora, no había una fórmula cierta de revalorización, lo que hacía que la evolución de las pensiones estuviera en manos de la discrecionalidad del Gobierno de turno. Con la medida que hemos aprobado, hemos dado un paso decisivo para que el poder adquisitivo de los pensionistas esté garantizado de forma permanente», ha manifestado.

    Igualmente, ha apuntado que el Gobierno también ha acordado el incremento de las 6.043 pensiones de jubilación e invalidez no contributivas, así como del Ingreso Mínimo Vital que será, «de manera extraordinaria», del 15 por ciento, «tal y como se dispone en el Real Decreto-Ley de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y a otras situaciones de vulnerabilidad», al tiempo que ha recordado que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) llega a más de 8.300 hogares y protege a casi 23.073 onubenses, de los que más 10.000 son menores de edad.

    En concreto, y en el caso de la provincia de Huelva, el importe de la nómina de las pensiones del mes de diciembre de 2022, «es decir antes de la subida, fue de 100.47 millones de euros», mientras que, «en enero de 2023 esta cuantía asciende a casi 108.5 millones de euros».

    «Es un incremento de más de 8,5 millones de euros para la provincia de Huelva y que ayudarán a este importante colectivo a hacer frente a la inflación. El Gobierno está dando pasos para blindar el sistema y garantizar recursos dignos y suficientes a los pensionistas», ha concluido.

  • El Gobierno da un primer paso para la regeneración de las playas de La Antilla e Islantilla

    El Gobierno da un primer paso para la regeneración de las playas de La Antilla e Islantilla

    Formula la declaración de impacto ambiental del proyecto con un presupuesto de 4,3 millones de euros

    La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha formulado la resolución para la declaración de impacto ambiental del proyecto “Regeneración de  la playa de la Antilla-Islantilla“, en la provincia de Huelva.

    La solución adoptada por el promotor propone actuaciones en dos playas contiguas, la playa de La Antilla y la playa de Islantilla, localizadas en los municipios de Lepe e Isla Cristina. La playa de Islantilla (1.200 m) se encuentra situada frente a la urbanización del mismo nombre, aunque forma una playa continua con la playa anterior (playa de la Redondela) y la siguiente (playa de La Antilla). Por su parte, la playa de La Antilla (3.500 m) se sitúa frente al casco urbano de La Antilla.

    El proyecto se  plantea  las siguientes acciones:

    1. Regenerar el frente costero hasta alcanzar un ancho mínimo de 70 m en las playas de La Antilla e Islantilla mediante la aportación artificial de arena. Para su obtención se utilizará un yacimiento marino ubicado frente a Punta Umbría, a unos 2,9 km de la línea de costa, con un tamaño medio D50 = 0,50 mm. El volumen de aportación estimado es de 491.454 m.
    2. Construir por medios terrestres (vertiendo bloques de escollera) un espigón, de aproximadamente 160 m, en el extremo de levante y de orientación perpendicular a la línea de costa, cuya profundidad máxima será de –0,75 m, encontrándose ésta dentro de la profundidad activa, lo que significa que el espigón no actúa como una barrera total del transporte longitudinal si no como una barrera parcial minimizando así su impacto aguas abajo de la línea de costa. Su función principal es frenar la pérdida de material ocasionada por el arrastre longitudinal de sedimentos. Se estima que el espigón retendrá alrededor del 47 % del volumen de material transportado el cual se ha calculado del orden de 100.000 m3/año.
    3. Las actuaciones propuestas suponen una solución a medio plazo y para alcanzar la estabilidad de la costa a largo plazo se debería liberar el territorio ocupado por la primera línea de edificaciones para la recuperación del cordón dunar.

    La Subdelegadda ha indicado que  “el  objetivo principal de este proyecto es la estabilización de la playa de La Antilla-Islantilla para lo cual se hace necesario modificar la dinámica litoral que tiene la zona actualmente. El tramo de playa en estudio presenta problemas de equilibrio debido principalmente al transporte longitudinal de sedimentos, siendo este proyecto, después de numerosos estudios, la solución más indicada“.

    El proyecto se realizará en el menor plazo posible procediendo a la contratación de las obras con cargo al Plan de Recuperación , Transformación y Resilencia.

    También ha expresado que próximamente se formule también la declaración de impacto ambiental relativa al proyecto de “Aportación de arena y mejora de los dispositivos de retención de la misma, en la playa de Matalascañas, de Almonte”, con el que se hará realidad la estabilización de un amplio sector de la misma.

  • El Gobierno adjudica las obras de construcción de una glorieta en la N-435 en Valverde del Camino

    El Gobierno adjudica las obras de construcción de una glorieta en la N-435 en Valverde del Camino

    En el entorno de la Urbanización de Los Pinos por casi 600.000 euros

    El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha adjudicado por importe de 593.370 euros la construcción de una glorieta en el km 198,050 de la carretera N-435, en el término municipal de Valverde del Camino

    Según ha indicado el ministerio en una nota de prensa, el alcance del proyecto abarca la construcción de una glorieta en el km 198,050 de la N-435, en el entorno de la urbanización de Los Pinos, eliminando la actual intersección en ‘Y’ que conecta con la carretera HU-4100, de titularidad de la Diputación de Huelva, mejorando así, «la seguridad vial en esta intersección y su funcionalidad al permitir a su vez los cambios de sentido con mayor seguridad y comodidad».

    En este sentido, esta actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Mitma ha invertido 42 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia, y que genera «un impulso significativo para mejorar la calidad de servicio de la infraestructura viaria estatal existente», ha señalado el ministerio.