El CSIF atribuye los incidentes a la “mala clasificación de los presos”
Tres funcionarios del centro penitenciario La Ribera, en Huelva, han resultado heridos en un violento altercado originado por una pelea entre dos internos que sucedió la tarde del jueves, según informó el sindicato CSIF. El incidente, que comenzó en la sala de televisión del módulo, se agravó cuando otros reclusos intervinieron, desatando una situación de extrema violencia que puso en riesgo la seguridad del recinto.
Los funcionarios de prisiones tuvieron que ser trasladados al hospital debido a las lesiones sufridas. Uno de ellos presenta una mano escayolada a causa de una lesión en los ligamentos; otro resultó con un golpe en la espalda y un dedo del pie amoratado; mientras que el tercero recibió un impacto en la espalda tras ser empujado al suelo por un interno durante el enfrentamiento.
Los internos implicados continuaron mostrando una actitud agresiva, con amenazas y resistencia a las órdenes del personal. La trifulca escaló cuando uno de los reclusos logró zafarse y agredió nuevamente a los funcionarios, mientras otro intentó liberar a un compañero, complicando aún más la labor de los agentes. Finalmente, se consiguió reducir a los implicados y trasladarlos a la zona de seguridad. Las celdas de los reclusos involucrados han sido clausuradas, y la dirección del centro ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y tomar las medidas disciplinarias correspondientes.
CSIF denuncia la clasificación laxa de los internos
El sindicato CSIF ha denunciado que este tipo de incidentes tiene su origen en la “mala clasificación de los presos”, ya que internos considerados altamente conflictivos permanecen en módulos de menor seguridad. A esto se suma, según la central sindical, que las decisiones sobre el tratamiento y clasificación de los reclusos recaen en personas con escasa experiencia en el ámbito penitenciario, muchas veces ajenas a la realidad diaria de los centros.
Además, fuentes cercanas al ámbito penitenciario señalan otros factores agravantes, como la entrada clandestina de drogas, el uso inapropiado de medicamentos, la falta de adherencia a los tratamientos médicos y los problemas de salud mental que afectan a gran parte de la población reclusa. CSIF critica que las políticas “buenistas” adoptadas por la administración favorecen una clasificación menos restrictiva de los internos con el objetivo de reducir el número de reclusos en primer grado, la categoría de mayor control y seguridad. Estas decisiones, según el sindicato, generan tensiones y afectan negativamente a la convivencia en los centros penitenciarios.
Falta de reconocimiento como autoridad y déficit de personal
El sindicato ha insistido en la necesidad de que los funcionarios de prisiones sean reconocidos como agentes de la autoridad. «Agredir a un funcionario, en la actualidad, sale muy barato a los reclusos violentos», denuncian desde CSIF, reclamando mayores garantías jurídicas ante incidentes graves como el ocurrido en La Ribera.
En este sentido, CSIF valora de forma positiva que el Partido Popular haya recabado en este pasado noviembre los apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados para la toma en consideración de la proposición para modificar la Ley Orgánica General Penitenciaria para el reconocimiento del carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de cuerpos penitenciarios en el ejercicio de sus funciones.
Por otro lado, la central sindical denuncia el déficit de personal en todas las categorías, con especial gravedad en el área médica, donde la falta de facultativos impide el seguimiento y tratamiento adecuado de internos con trastornos mentales. «Es evidente que estas patologías, cuando no son atendidas correctamente, incrementan la agresividad», apuntan desde CSIF.
Asimismo, el sindicato considera esencial que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ofrezca una formación continua y actualizada al personal, con el objetivo de prevenir o minimizar riesgos en situaciones de agresión.
El altercado en La Ribera ha vuelto a poner de manifiesto las precarias condiciones laborales a las que se enfrenta el colectivo penitenciario, que debe desempeñar su labor en un entorno hostil y de riesgo permanente, con recursos limitados y una presión creciente.
