La Asociación Multicultural de Mazagón presenta una denuncia contra Manuel Mora en el Juzgado de Moguer
El alcalde de Lucena del Puerto, Manuel Mora, ha sido denunciado ante la Justicia por el derribo de chabolas y por negarse a empadronar a los inmigrantes en los asentamientos donde tienen su residencia, tal y como se indica en una denuncia interpuesta este jueves 26 de noviembre en el Juzgado de Moguer por la Asociación Multicultural de Mazagón, que considera que los derribos se producen sin permiso judicial, sin la tramitación de un expediente administrativo, sin comunicarlo a los interesados y en ausencia de los moradores.
Miembros de la asociación aseguran que el pasado 8 de octubre fueron testigos de la demolición de una chabola ubicada en el terreno forestal público de titularidad municipal de Lucena del Puerto llamado Madrona y Valpajoso, donde la demolición «fue realizada por una cuadrilla de trabajadores del Ayuntamiento que utilizaron una excavadora para demoler la chabola, que estaba cerrada con una puerta y tenía muebles, comida, ropa y pertenencias personales de sus cuatro moradores», explican.
Asimismo, la asociación asegura que la demolición de chabolas en los asentamientos de inmigrantes de Lucena del Puerto no es una práctica nueva. «Tenemos constancia de la demolición de al menos dos decenas de chabolas en el mes de junio de este año», aseguran, tras lo que señalan que, «a partir del 8 de octubre, el Ayuntamiento de Lucena ha seguido demoliendo diariamente los únicos techos con los que cuentan los trabajadores inmigrantes».
«Entendemos que los derribos de infraviviendas no se pueden realizar sin un permiso judicial, sin la tramitación de un expediente administrativo y sin comunicarlo a los interesados«, prosiguen desde la asociación, al tiempo que explica que en cualquier caso, «al tratarse de monte público, le compete a la Administración forestal la potestad de investigación y recuperación de la zona previa tramitación de expediente».
La Asociación Multicultural de Mazagón asegura que solicitó por escrito al Ayuntamiento el permiso judicial y que «nunca nos contestaron». Además, la entidad denunciante explica que el Consistorio tiene un censo de chabolas perfectamente identificadas con números, nombres de las personas que viven en ellas, teléfonos, nacionalidad y otros datos, por lo que, «si no comunica a los moradores, es porque no tiene ningún interés en hacerlo», sostiene.
Asimismo, la asociación, que trabaja por la dignificación de las condiciones de vida de este colectivo, considera que, dado que las personas que viven en las chabolas son temporeros que pasan la mayor parte del año en los asentamientos, la actuación del alcalde puede constituir un delito de «prevaricación», ya que «aprovecha la ausencia puntual de los moradores para demoler las chabolas», señalan.
Para la Asociación Multicultural de Mazagón, la única alternativa habitacional que tienen los trabajadores inmigrantes en Huelva son los asentamientos de chabolas, ya que les resulta «imposible» el alquiler de viviendas, explican. En primer lugar, «porque no hay un parque suficiente de viviendas para el número de trabajadores que se concentran en la temporada de recolección de los frutos». Y, en segundo lugar, por «las reticencias de la población autóctona a alquilar sus casas a los extranjeros», argumentan.
En base a ello, «a nadie se le puede ocurrir, como se repite desde algunos ámbitos públicos, que algunos extranjeros no quieren pagar alquiler y por eso viven en chabolas. Nadie en su sano juicio haría una afirmación de ese tipo. Vivir en un asentamiento sin agua, sin electricidad, sin ningún tipo de servicio básico y rodeado de basura es un drama a todas luces», valoran desde la asociación.
«No en vano, el Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU Philip Alston, de visita por España a principios de año, declaró que las condiciones materiales de los asentamientos de la provincia de Huelva se sitúan entre las peores que ha visto en cualquier parte del mundo», recuerdan desde la asociación, tras lo que aseguran que Alston también se refirió a las «condiciones laborales sin escrúpulos que prevalecen en la zona».
Por otra parte, a la asociación le resulta «muy curioso el afán del alcalde de limpiar el monte público derribando chabolas, cuando ese afán de limpieza no se traslada ni de lejos, con la misma intensidad, a otras ocupaciones del monte público. Todo lo contrario, el alcalde ha manifestado la necesidad de mantener dichas ocupaciones como edificaciones agrícolas, pozos o balsas de riego», añaden.
Respecto al empadronamiento, la entidad denunciante lamenta que «el alcalde de Lucena se niega a empadronar a los habitantes de las chabola a pesar de lo que dicta la ley, que recoge la obligatoriedad de los municipios a empadronar a las personas que viven en el mismo independientemente de la controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda» y con independencia de las «condiciones higiénico sanitarias de la vivienda o infravivienda», explican.
Por último, la asociación asegura que «todos estos hechos, que se extienden en mayor o menor medida al resto de municipios con asentamientos en sus términos municipales, constituyen una actitud de racismo institucional y de incumplimiento de los derechos más básicos de los seres humanos».
