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  • Justicia y Minas de Riotinto firman un convenio para facilitar la reeducación de menores infractores

    Justicia y Minas de Riotinto firman un convenio para facilitar la reeducación de menores infractores

    La alcaldesa Rocío Díaz asegura que es positivo para su futuro un «ambiente laboral»

    El delegado territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta en Huelva, Alfredo Martín, y la alcaldesa de Minas de Riotinto, Rocío Díaz, han firmado este miércoles un acuerdo para que los menores infractores del municipio puedan realizar y cumplir las medidas de medio abierto impuestas por los jueces, como los trabajos en beneficio de la comunidad, en su propia localidad.

    El objetivo que persigue la Consejería que dirige Juan Marín con este tipo de acuerdos, según ha recordado el delegado, es permitir la ejecución de aquellas medidas judiciales de medio abierto que no implican el internamiento cuando el Servicio de Justicia estime que un menor cumple con el perfil y tras la pertinente autorización judicial. El acuerdo supone además un seguimiento de la actividad educativa del menor y de los resultados de la misma.

    «Quiero agradecer al Ayuntamiento de Minas de Riotinto y a su alcaldesa su colaboración y su disposición desde el principio para facilitar a los menores la ejecución de estas medidas en su propio municipio. Sin duda, estamos apostando por la reinserción de estos jóvenes con las actividades socioeducativas desarrolladas en la propia localidad en la que residen, facilitando así su cumplimiento, sin que tanto ellos como sus familiares tengan que desplazarse», ha señalado el delegado.

    En este sentido, Martín ha explicado que «no solo se trata de un servicio que se presta a su ayuntamiento», sino que, además, «les ayuda a darse cuenta de las medidas reparatorias que tienen que realizar para el daño ocasionado, aunque sean de carácter leve».

    Asimismo, el delegado territorial ha detallado que es un convenio que «ya se venía realizando», pero que «desde la Consejería de Juan Marín se le ha puesto mucho más énfasis, puesto que se ha buscado trasladar este acuerdo a municipios más pequeños, ya que antes se suscribía con localidades de mayor tamaño». Por lo tanto, ya son 18 los municipios en los que se ha firmado este acuerdo.

    «Hemos alcanzado un número importante de convenios, por lo que hemos encontrado una amplia respuesta en la provincia cumpliendo, así, una de nuestras líneas de trabajo, acercar la Administración de Justicia al ciudadano con independencia de dónde residan», ha subrayado Martín.

    De esta forma, los jóvenes podrán ejecutar trabajos en beneficio de la comunidad, tareas socioeducativas y labores reparadoras, que se realizarán a través de servicios municipales y siempre en coordinación con los técnicos de la Delegación y con la autorización judicial pertinente.

    Por otro lado, el delegado territorial ha anunciado que la Universidad de Huelva ha firmado la autorización para que «los universitarios puedan realizar las prácticas en los recursos de Justicia Juvenil de la delegación provincial, «con la que pueden seguir formándose y sumar experiencia y bagaje en la administración».

    Por su parte, la alcaldesa de Minas de Riotinto, Rocío Díaz, ha calificado de «buena noticia» este convenio, ya que «no solo es positivo para evitar el desplazamiento de estos menores y familiares», sino también «para su reinserción y aprender a trabajar en un ambiente laboral».

    Asimismo, Díaz ha agradecido a la delegación que «tienda la mano y ayude a los municipios», ya que «los ayuntamientos están, precisamente, para contribuir en la mejora de los menores».

    Como administración competente en Justicia Juvenil y tal y como recoge la Ley del Menor, la Consejería y sus delegaciones tienen la potestad de alcanzar este tipo de acuerdos con entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo y cumplimiento de estas medidas.

    La realización de estas tareas no implica ningún tipo de relación laboral con el Consistorio ni tampoco son remuneradas. Además, todas deberán estar adaptadas a las capacidades del menor y estarán relacionadas con las actividades que desarrolla el Ayuntamiento.

  • La «precariedad» de la Justicia en Huelva obliga a señalar juicios para 2026

    La «precariedad» de la Justicia en Huelva obliga a señalar juicios para 2026

    El CSIF ve «desbordada» la situación de los juzgados en la provincia, tal y como reconoce el propio Consejo General del Poder Judicial

    La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical en la Administración Pública y con presencia creciente en la empresa privada, ha denunciado “la precariedad de medios, tanto materiales como humanos, que soporta la Administración de Justicia en Huelva, que obliga a señalamientos de juicios incluso para el año 2026 en el caso de los juzgados de cláusulas suelo y para 2024 en los juzgados de lo social”, han detallado.

    Durante una visita a Huelva, el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, ha analizado la situación en la que se encuentra la Justicia en esta provincia y ha recordado que hasta “el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reconoce que la situación está desbordada, sobre todo a raíz del parón que hubo a consecuencia de la pandemia y la necesidad posterior de poner al día los juicios pendientes que fueron pospuestos”.

    Girela se ha referido expresamente a los cuatro juzgados de lo Penal de la capital onubense, que suman alrededor de 5.000 asuntos anuales, a lo que hay que añadir los que se encuentran archivados de forma provisional y que pueden ser reabiertos en cualquier momento, ha indicado. Sin embargo, mientras la ratio recomendada por el CGPJ debe estar entre los 600 y los 800 asuntos anuales, en cada uno de los juzgados de lo Penal de Huelva se superan los 1.000, con una media de 1.200 asuntos al año, según las cifras que maneja el sindicato.

    Además, el representante del CSIF ha indicado que dichos juzgados cuentan sólo con dos salas para juicios, lo que les limita a dos días en semana para celebrar juicios. “Este nivel de demora, que ha sido la realidad cotidiana en los últimos cinco años, supera a la media nacional”, ha manifestado Girela.

    Respecto a los juzgados de lo Social, el responsable sindical ha apuntado que se señalan procedimientos para 2024 y ha denunciado específicamente la situación de los juzgados dedicados a las cláusulas suelo, en los que «los señalamientos se realizan hasta a cuatro años vista, para 2026, lo que constituye un auténtico despropósito”, ha señalado.

    El presidente de CSIF-A ha lamentado que la plantilla de funcionarios de Justicia en Huelva es la misma que hace 25 años, con unos 550 en total y una media de ocho trabajadores por cada uno de los juzgados. “A esta escasez de personal se le une la falta de infraestructuras y espacio para dar cabida a las remodelaciones que se van aprobando”, ha agregado, tras lo que ha incidido en que “la Nueva Oficina Fiscal supondrá próximamente una reasignación de funciones para fiscales y funcionarios que hará necesario más personal y más espacio”.

    “Los problemas de espacio llegan a tal punto que, por ejemplo, los archivos de los juzgados de Huelva tienen que ser trasladados a Valverde del Camino. Y lo mismo ocurre con Ayamonte, cuyos archivos judiciales son enviados a Sevilla por falta de sitio. Ello implica que los funcionarios, si los necesitan, no pueden contar con determinados expedientes de manera ágil”, ha explicado Germán Girela.

    Dispersión de sedes

    El representante delCSIF también ha destacado que la dispersión de los juzgados de Huelva capital es otro de los “males endémicos” de la Justicia en la provincia, con seis sedes judiciales distantes entre sí. Ante ello, el dirigente sindical ha reivindicado “la necesidad de que se reactive el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Huelva, de manera que se cuente con un espacio suficiente y con dotaciones que permitan sacar de la marginalidad la Justicia de Huelva, que lleva sometida a décadas de parálisis y abandono”, ha apuntado.

    Asimismo, el presidente de CSIF Andalucía ha valorado “el buen hacer, la eficacia y la capacidad de trabajo de los funcionarios del ámbito judicial, que asumen -añade- una carga de trabajo muy superior a lo estipulado”. En concreto, ha indicado que en los juzgados de lo Penal esa carga laboral adicional es del 100%, mientras que los juzgados de lo Civil asumen un 76,8% más y los de lo Social, un 46,5% de carga extra. “Por lo tanto, es el sobreesfuerzo de estos empleados y empleadas públicas y su compromiso y responsabilidad lo que hacen que la situación no sea aún peor”, ha concluido.

  • El Supremo tumba la segregación de Tharsis

    El Supremo tumba la segregación de Tharsis

    La Sala III del Alto Tribunal inadmite los recursos contra la sentencia que anulaba la creación del municipio

    La Sala III del Tribunal Supremo (TS) ha inadmitido a trámite el recurso de casación preparado por las representaciones de la Entidad Local Autónoma de Tharsis y del Ayuntamiento de Alosno y por el letrado de la Junta de Andalucía contra la sentencia de 20 de octubre de 2020, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que anuló el Decreto por el que se aprobaba la creación del municipio de Tharsis, en Huelva, por segregación del término municipal de Alosno, al estimar un recurso de la Asociación por Alosno.

    En un auto, el Supremo destaca que los recurrentes, en sus respectivos escritos, no han fundamentado suficientemente, con singular referencia al caso concreto, la concurrencia de los supuestos de interés casacional y la conveniencia de un pronunciamiento del Tribunal Supremo, destacando que existe reiterada doctrina de la Sala respecto de la cuestión concernida relativa a la aplicación retroactiva de las normas, pretendiéndose un pronunciamiento sobre el caso concreto incompatible con el vigente sistema casacional.

    El auto del Supremo recuerda que la sentencia del TSJ andaluz anuló el Decreto por el que se aprobaba la creación del municipio de Tharsis “al considerar que éste no cuenta con una población mínima de 5.000 habitantes -requisito exigido por en el artículo 13.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, según redacción dada por la Ley 27/13-, entendiendo que el referido precepto resulta de aplicación, al ser la norma vigente al momento de dictar la resolución, sin que contenga precepto de derecho transitorio alguno que excluya su aplicación a procedimientos de segregación de municipios iniciados antes de su entrada en vigor”.

    La Asociación por Alosno ha mostrado su satisfacción por la decisión del Tribunal Supremo, expresando una vez más su confianza en el Estado de Derecho y haciendo un llamamiento a la convivencia. Además, también ha llamado a los responsables políticos de Alosno y Tharsis cuyas tesis han sido derrotadas que, «en coherencia, asuman sus responsabilidades políticas y económicas».

  • Condenan a cuatro años de prisión a un hombre por abusar de la hija menor de su pareja

    Condenan a cuatro años de prisión a un hombre por abusar de la hija menor de su pareja

    El TSJA confirma la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Huelva el pasado mes de marzo

    El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de cuatro años de prisión a un hombre por abusar sexualmente «en numerosas ocasiones» de la hija menor de su pareja durante siete años y desde «casi el inicio de la relación» y hasta que la menor alcanzó los 14 años.

    En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el alto tribunal desestima los recursos de apelación interpuestos por el acusado y por la acusación particular contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Huelva el 22 de marzo de 2021 y confirma la misma.

    Así, se considera a este hombre autor de un delito «continuado» de abuso sexual a menor de 16 años, por el que además le impone la prohibición de comunicarse por cualquier medio y aproximarse a menos de 200 metros a la menor durante cinco años y la medida de libertad vigilada, que se ejecutara con posterioridad a la pena privativa de libertad, por un periodo de cinco años.

    Por contra, se le absuelve del delito de agresión sexual que se le imputaba por la acusación particular, ejercida por los padres de la menor, a la que deberá indemnizar con 6.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

    Según recoge la sentencia, ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, se considera probado que el procesado mantuvo desde el año 2011 hasta el año 2018 una relación sentimental con la madre de la menor y que convivió con la misma y la hija hasta esa fecha.

    Asimismo, señala que «casi desde el comienzo de la relación el acusado hizo a la menor objeto de tocamientos en diversas partes de su cuerpo, introduciéndose en ocasiones en su habitación para mirarla y tocarla por debajo del edredón, ocurriendo estos hechos en un número indeterminado de ocasiones».

    Prosigue la sentencia que «en una de dichas ocasiones encontrándose el procesado y la menor en un camping de la provincia, el procesado procedió a frotar su cuerpo desnudo con el cuerpo de la menor», una actuación que «cesó en el año 2014» cuando nació la hija común del acusado y la madre de la víctima.

    Posteriormente, señala la sentencia que «a partir del año 2017 y hasta el mes de mayo de 2018 el acusado volvió a retomar dichas prácticas, llegando en una ocasión a efectuarle tocamientos en los genitales metiendo la mano por debajo de su ropa interior, sin que conste le introdujera un dedo en la vagina, ni que empleara en ninguna de las ocasiones violencia o intimidación».

  • El Campillo celebra que se haga «justicia» en el caso de Laura Luelmo

    El Campillo celebra que se haga «justicia» en el caso de Laura Luelmo

    El alcalde del municipio, en nombre del pueblo, aplaude la sentencia que pone a Bernardo Montoya «el castigo más duro al que se podía enfrentar»

    El Campillo ha celebrado la sentencia judicial que condena al asesino de Laura Luelmo, Bernardo Montoya, a la máxima pena que contempla el Código Penal español, la prisión permanente revisable, con lo que «se ha hecho justicia» en este caso que conmocionó a todo el municipio desde el 14 de diciembre de 2018, cuando se tuvo noticia de la desaparición de la joven profesora zamorana que desde hacía unos días residía en la localidad.

    Casi tres años después de aquella desaparición, que fue adelantada por TINTO NOTICIAS a través de esta publicación, «hoy puedo decir que, por fin, se ha hecho justicia», ha declarado el alcalde de El Campillo, Juan Carlos Jiménez, nada más conocer la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva, recogida a través de esta información.

    La sentencia pone a Montoya «el castigo más duro al que se podía enfrentar, el castigo que merece», ha proseguido el regidor campillero, por lo que «mi persona, en representación del pueblo de El Campillo, al igual que Susana Rivas Pineda como anterior alcaldesa, celebra el hecho de que se haya hecho justicia de esta manera», ha remarcado.

    «Tras tres años de consternación, dolor, lucha e incertidumbres, sabemos que la persona que atentó contra la vida de nuestra joven profesora, porque así la sentimos, se va a pasar la vida entre rejas», ha continuado Jiménez, convencido además de que, «aunque ya no puedan volver a ver a su hija, su amiga, su compañera, los seres queridos de Laura pueden respirar algo más tranquilos».

    «Ojalá esta lacra que afecta a nuestra sociedad acabe algún día», ha exclamado el alcalde, tras lo que ha finalizado su valoración con un mensaje dirigido a la profesora zamorana: «tu memoria y tu sonrisa nos acompañará siempre, Laura».

  • La Fiscalía archiva la denuncia de tres vecinos por las obras del Paseo Marítimo de El Rompido

    La Fiscalía archiva la denuncia de tres vecinos por las obras del Paseo Marítimo de El Rompido

    Da la razón al Ayuntamiento «al no haberse constatado, ni aun de forma indiciaria, la comisión de ilícito penal alguno»

    La Fiscalía Provincial de Huelva ha archivado las diligencias iniciadas a raíz de la denuncia presentada por tres vecinos contra el Ayuntamiento de Cartaya en relación a las obras de reforma y mejora del Paseo Marítimo de El Rompido.

    De esta forma, el órgano judicial da la razón al Ayuntamiento “al no haberse constatado, ni aun de forma indiciaria, la comisión de ilícito penal alguno”. El Equipo de Gobierno municipal trasladó en su día a los vecinos que en la puesta en marcha y realización de este proyecto “se han seguido en todo momento los procedimientos oportunos y se ha respetado escrupulosamente la legalidad vigente”.

    Además, el Consistorio celebró en junio, antes de la ejecución de la obra, una semana de puertas abiertas en la Oficina de Información Turística de El Rompido, para informar, mediante infografías e imágenes en 3D sobre el proyecto de mejora del Paseo Marítimo de El Rompido a todos los vecinos y vecinas del núcleo costero y recoger las aportaciones de la población local.

    Entonces, los responsables municipales destacaron que este proyecto de mejora del Paseo Marítimo, incluye pérgolas para entoldar la zona en verano y un mínimo espacio escénico diáfano, multifuncional, integrado en la segunda mitad del paseo y con bajo impacto visual.

    El nuevo espacio cuenta con una pequeña grada semicircular, de sólo 0,55 metros de altura, y la actuación permitirá el desarrollo de actuaciones artísticas, culturales e infantiles en pequeño formato, mejorando el equipamiento urbano del Paseo Marítimo.

    El proyecto se financia con cargo a la subvención de ‘Municipio Turístico de Andalucía’.

  • Detienen a Juan José Cortés por una presunta agresión a una mujer

    Detienen a Juan José Cortés por una presunta agresión a una mujer

    El juzgado lo pone en libertad provisional y lo investiga por un presunto delito de lesiones cometido en la estación de Santa Justa de Sevilla

    La Policía Nacional ha detenido este lunes y puesto a disposición judicial este martes a Juan José Cortés, el padre de Mari Luz, por un presunto delito de lesiones cometido en la estación de Santa Justa de Sevilla, hechos por los que el Juzgado de Instrucción 9 de la ciudad, en funciones de guardia, ha acordado su puesta en libertad provisional, tal y como han informado a Europa Press fuentes del Cuerpo Nacional de Policía y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

    Por otro lado, la mujer que acusa a Cortés de la agresión ha explicado en un vídeo difundido en TikTok que le ha «abordado con una vara, abierto la cabeza» y «agredido brutalmente». «Lo tengo denunciado por amenazas de muerte y las ha cumplido», añade.

    Juan José Cortés es conocido por ser padre de Mari Luz Cortés, la niña de cinco años que murió en 2008 en Huelva a manos de Santiago del Valle y su hermana Rosa, ambos condenados en 2011 a la pena de 19 años de cárcel por un delito de asesinato y a la de tres años por un delito de abuso sexual el primero, mientras que su hermana lo fue a nueve años como cómplice de asesinato.

    Además, ha sido uno de los que más apoyo público ha dado a la prisión permanente revisable. También ha sido diputado del PP en el Congreso por la provincia de Huelva, cargo que ocupó de abril a noviembre de 2019.

  • El TSJA suspende la obligación de hacer pcr a trabajadores de residencias

    El TSJA suspende la obligación de hacer pcr a trabajadores de residencias

    El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía inadmite el recurso de la Junta

    La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada, ha inadmitido el recurso presentado por la Junta de Andalucía contra la medida cautelarísima que suspendió la entrada en vigor de la Orden autonómica que pretendía hacer pruebas PDIAs o pcr obligatorias a los sanitarios y trabajadores de residencias que no habían recibido la vacuna contra el Covid-19.

    El pasado 27 de agosto un auto de la Sala acordó a petición de la Asociación Liberum la suspensión de la Orden de 18 de agosto de la Consejería de Salud y Familias de la Junta por la que se pretendía establecer la obligatoriedad de hacer pruebas diagnósticas semanales al personal sanitario no vacunado, así como a los trabajadores en centros sanitarios residenciales y no residenciales y del Servicio de Ayuda a Domicilio vacunados y no vacunados.

    En aquel auto, los magistrados consideraron que la medida afectaba a derechos fundamentales, por lo que exigía ser ratificada judicialmente de manera previa a su aplicación. La ratificación fue rechazada por la Sala, por lo que no entró en vigor.

    Precisamente fue esta circunstancia, -la no aplicación efectiva de la Orden-, la que llevó a la Sala a requerir el pronunciamiento de las partes «sobre la posible inadmisión del recurso por haberse interpuesto contra actividad no susceptible de impugnación». La Fiscalía solicitó la no admisión a trámite del recurso, mientras que por parte del letrado de la Junta se presentaron las alegaciones que consideró oportunas.

    El auto emitido el 29 de septiembre sostiene que, al no haber sido ratificadas judicialmente, las medidas acordadas por la Consejería de Salud y Familias «carecen de eficacia, no pueden aplicarse ya que nunca fueron legalmente eficaces y, por ende, la Orden que las establece no puede constituir una actividad administrativa susceptible de impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa». Por lo tanto, la decisión judicial no puede ser recurrida, razón por lo cual el recurso fue inadmitido.

    Contra la resolución de la Sala del TSJA cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de treinta días.

  • Los menores infractores de Hinojos realizarán trabajos a la comunidad

    Los menores infractores de Hinojos realizarán trabajos a la comunidad

    El Ayuntamiento de Hinojos firma un convenio de colaboración con la Delegación de Justicia

    Esta mañana, el delegado de Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva, Alfredo Martín, ha visitado el Ayuntamiento de Hinojos, donde se ha reunido con miembros del equipo de gobierno para firmar un convenio de colaboración que permita a los menores infractores cumplir su medida judicial en su propia localidad.

    Un acuerdo que la Junta de Andalucía ya ha firmado con otros ayuntamientos de la Comunidad Autónoma, teniendo en cuenta que los municipios andaluces tienen competencias propias en materia de gestión de servicios sociales, culturales, deportivos… todas ellas actividades objeto de dicho convenio.

    De esta manera, el convenio contempla la realización de prestaciones en beneficio de la comunidad, es decir, una tarea determinada con intencionalidad educativa que refuerce el concepto de reinserción y la toma de consciencia del menor ante el daño provocado por su conducta, quien tiene la obligación de repararlo.

    • Tareas socioeducativas
    • Reparación a favor de la sociedad
    • Permanencia de fin de semana (con seguimiento por parte de la Policía Local)

    Estas son las tareas que los menores infractores e infractoras podrán realizar en su propio municipio, las cuales deberán adaptarse a la capacidad del/de la menor. Ninguna de ellas implicarán remuneración, al igual que tampoco podrán asumir funciones que impliquen ejercicio de autoridad.

    Cualquiera de estas actividades estarán aprobadas y definidas por el Juzgado de Menores, quien también determinará la duración de la medida impuesta.

    Alfredo Martín ha destacado que este tipo de convenios “permiten la reinserción a través de actividades socioeducativas desarrolladas en la localidad en la que residen, facilitando así su cumplimiento, ya que no tienen que desplazarse hasta la capital”.

    Por su parte, el alcalde de Hinojos, Miguel A. Curiel, ha explicado que “el trámite municipal se desarrolla entre los Servicios Sociales del consistorio y la delegación”. Una vez que los Servicios Sociales son conocedores de la medida judicial, contactan con la concejalía de Obras y Servicios para conocer los trabajos que los menores podrían realizar:

    • Mantenimiento de instalaciones deportivas
    • Limpieza y mantenimiento de parques y jardines
    • Mantenimiento de espacios públicos y mobiliario urbano
    • Apoyo a servicios de Protección Civil Municipal
    • Otras actividades con servicios a la comunidad como acompañamiento de mayores y/ personas con discapacidad
    • Apoyo en centros y espacios municipales donde puedan realizar actividades productivas.
    • Otras actividades acordes del perfil de los/as menores y compatibles con su formación académica

    Con la firma de esta mañana en Hinojos, ya son 15 los convenios de colaboración cerrados entre la Delegación y ayuntamientos de la provincia.

    El año pasado en la provincia de Huelva se iniciaron 162 medidas en régimen de medio abierto, es decir, aquellas que son impuestas por los jueces a los menores que han cometido un delito pero que no conllevan la privación de libertad como sí ocurre con el internamiento, lo cual deriva que, entre las medidas impuestas, se realicen servicios en beneficio de la comunidad.

  • Denuncian la existencia de espacios «insalubres y peligrosos» en las sedes judiciales de Huelva

    Denuncian la existencia de espacios «insalubres y peligrosos» en las sedes judiciales de Huelva

    El CSIF reclama que se actúe «con urgencia» para arreglar los puntos negros de la provincia

    El sector de Justicia del sindicato CSIF ha denunciado el estado “deplorable” en que a su juicio se encuentran muchas de las infraestructuras judiciales de la provincia de Huelva y “la falta de iniciativa de la Administración para resolver esos problemas”, por lo que le ha reclamado “que sea diligente y dignifique estos espacios”.

    Aprovechando que recientemente se ha abierto el año judicial 2021-2022, el sindicato ha recopilado lo que califica de «deficiencias y carencias» y ha detectado «diferentes puntos negros entre los que destacan los juzgados de la capital y los de la localidad de Ayamonte, con sedes con espacios insalubres o peligrosos por el desplome de parte de la edificación, además del viejo problema de la falta de espacio y el hacinamiento, con el riesgo añadido que esto supone con la pandemia», apostillan.

    Además, «en la capital existe el problema generalizado de la dispersión de las sedes judiciales que genera un enorme desconcierto entre los ciudadanos a la hora de dirigirse a uno u otro edificio», a lo que se añade que «existen determinados juzgados como los sociales, algunos penales, los de primera instancia, la Fiscalía y la oficina de Decanato donde el espacio es totalmente insuficiente”, prosiguen desde la central sindical, tras lo que señalan que, de forma generalizada, los archivos de los edificios se encuentran en «muy malas condiciones». En concreto, «el caso más grave es el archivo de la Fiscalía, en el Palacio de Justicia, donde hay un socavón en el techo provocado por un derrumbe», explican.

    Asimismo, en el Instituto de Medicina Legal (IML), las instalaciones “se han quedado pequeñas” en unas dependencias en las que tienen que trabajar los médicos forenses y el resto de empleados públicos con cada vez menos espacio, añaden desde el sindicato.

    Las mismas fuentes remarcan que, en el caso de la provincia onubense, en todos los partidos judiciales se repiten problemas de seguridad, hacinamiento y mantenimiento. En este sentido, la central sindical marca como punto negro los juzgados de la localidad de Ayamonte donde se “necesita una sede decente con urgencia” porque se trata de un edificio antiguo donde se encuentran cuatro de sus cinco juzgados. Estas instalaciones “ya no dan más de sí y la falta de espacio hace que la plantilla se hacine”, indica María Paz de la Cruz, responsable provincial del sector de Justicia de CSIF. La central sindical también se hace eco del «mal estado del mobiliario, con puertas y sillas rotas que no se arreglan desde hace años».

    Por otra parte, «con las reformas que se han ido ejecutando, en vez de ampliar las instalaciones se han reubicado dependencias y se han recortado espacios», prosiguen desde el CSIF, tras lo que apuntan que una de las consecuencias de ello es que el Colegio de Procuradores se ubica actualmente en un antiguo aseo para caballeros, por lo que estos profesionales no pueden entrar en estas dependencias ante “el irrisorio espacio que les dejaron después de ubicar en sus antiguas instalaciones la sala Gesell para menores”. Además, el aseo para mujeres ahora es mixto, con una zona común para ambos sexos, añaden.

    En cuanto al sótano, CSIF ha comprobado que “es imposible entrar” porque tras sufrir una inundación alguna de la documentación “se encuentra putrefacta”. Además del problema de no poder acceder ni utilizar estos archivos, «el ambiente es irrespirable en el sótano, por lo que se debe entrar con mascarilla. Es más, algunos trabajadores con problemas respiratorios directamente no pueden acceder a estas dependencias», advierten.

    En la localidad de Valverde, hace meses que desde CSIF se solicitó la colocación de nuevos estores en las ventanas, al entender que «los que hay actualmente están rotos y la luz da directamente en las pantallas de los ordenadores de las personas trabajadoras, siendo perjudicial para su salud. Algunos han tenido que taparlas con cartones, e incluso con cortinas que han confeccionado personalmente en sus casas», explica María Paz de la Cruz, que añade que el mismo problema existe en un juzgado de La Palma del Condado, donde desde hace varios años se está solicitando un estor de las medidas de la ventana.

    En los juzgados de este mismo municipio, CSIF describe el “lamentable” estado de las instalaciones: «el baño público no funciona y se queda atascado, en los archivos hay una estantería que está a punto de caerse, incluso los técnicos de prevención de riesgos laborales corroboraron su mal estado, siendo peligrosa para los trabajadores e instaron a arreglarlo de forma urgente. Eso fue hace bastantes meses y aún continúa de la misma manera. Entre las mesas de los empleados públicos hay cables por el suelo, muchos de ellos sin protección, con el peligro que eso supone». Además, CSIF apunta que se necesitaría al menos un teléfono para comunicarse desde el juzgado con los calabozos cuando hay detenidos.

    Finalmente, en los juzgados de Aracena, «la zona del Registro Civil se moja cuando llueve debido a las enormes goteras”, lamentan desde el sindicato, tras lo que añade que el archivo es muy pequeño y no hay apenas espacio, así como que aún hay procedimientos de 1937 y 1940 que no han sido trasladados al archivo histórico. «El mobiliario está en malas condiciones con sillas y muebles rotos, la sala de vistas tiene humedad en el techo y en la entrada habilitada para personas discapacitadas hay verdín y resbala», agregan.

    Dejadez con las víctimas de violencia contra la mujer

    CSIF ha comprobado cómo se encuentran las dependencias destinadas a las víctimas de violencia contra la mujer y, en este sentido, informa de que actualmente se están ejecutando obras de remodelación en el Palacio de Justicia de Huelva, reformando el juzgado de violencia sobre la mujer y que va a suponer, según denuncia el sindicato, la reducción del espacio disponible. Por otra parte, «la sala para las víctimas de violencia, que se incluye en la reforma actual, carece de ventanas y de ventilación natural. Únicamente cuenta con una cristalera, pero sin luz exterior, para unas víctimas que se pueden llevar una media de cinco o seis horas esperando en esas dependencias», continúan desde la central sindical, que asegura que este es «un lugar excesivamente pequeño, sobre todo cuando lo tienen que compartir varias personas y en el que es imposible guardar la distancia de seguridad».

    En este sentido, María Paz de la Cruz explica que “a las víctimas hay que tratarlas con más dignidad y no obligarlas a estar en una habitación que puede resultar claustrofóbica y agobiante, por la falta de ventanas, al estar en un sitio completamente cerrado”. La portavoz de la central sindical califica esta obra de “atrocidad porque las víctimas tienen que pasar allí muchísimas horas en una situación de estrés, miedo y desconcierto”.

    A pocos metros, y en el mismo pasillo, se encuentra la sala de espera de los denunciados por violencia, dependencia que «al igual que la sala de víctimas tampoco dispone de ventana al exterior ni de ventilación ni luz natural», lamentan. Además, critican que al estar en el mismo pasillo, aunque en extremos opuestos, puede darse el caso de que la víctima coincida con la persona denunciada, «una situación a todas luces intolerable”, remarca María Paz de la Cruz.

    En el caso de Ayamonte, desde CSIF advierten de que «no existe sala de víctimas de violencia, con la gran cantidad de casos que se dan en este partido judicial», hasta el punto de que «las mujeres actualmente tienen que esperar a ser atendidas en el descansillo de unas escaleras», añaden.

    Po su parte, en Moguer, la central sindical dice haber constatado que no hay sala para las víctimas de violencia de género, por lo que a fin de velar por su seguridad están “obligadas” a esperar en unas escaleras, una demora que en ocasiones dura entre tres y cuatro horas, añaden, tras lo que señalan que una situación similar se da en Aracena, donde «no disponen de sala de espera, por lo que hay que buscar un lugar que en ese momento no esté ocupado para separarlas de los denunciados», agregan.

    «Estos son solo algunos de los ejemplos de la lamentable situación y el nulo mantenimiento de las sedes judiciales de la provincia», prosiguen desde el CSIF, que ha hecho por todo ello un llamamiento a la Dirección General de Infraestructuras Judiciales y Modernización Digital para “solucionar el estado de estas instalaciones que necesitan una intervención urgente”, ya que, «en algunos casos, se está poniendo en riesgo la seguridad y la salud de los ciudadanos y de las personas trabajadoras, haciendo mención especial a la necesidad de mejorar las estancias destinadas a las víctimas de violencia contra la mujer», añaden.

    Finalmente, CSIF remarca la importancia de contar con la Ciudad de la Justicia como punto de inflexión para la mejora en la atención a la ciudadanía.