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Etiqueta: justicia

  • Justicia refuerza el servicio de guardia en Ayamonte

    Justicia refuerza el servicio de guardia en Ayamonte

    Un total de 21 juzgados en toda Andalucía podrán disponer del 100% de las plantillas para prestar este servicio

    La Delegación Territorial de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva ha puesto hoy en marcha el plan de ampliación del personal en los juzgados de Guardia en Ayamonte. En toda Andalucía serán 21, después de que se haya ampliado a tres partidos judiciales más con respecto al verano pasado. El objetivo es reforzar los órganos judiciales de la costa para poder atender tanto al aumento de población que se produce en estas zonas durante el verano, como a la llegada masiva de personas migradas. Un plan que arranca hoy hasta el 30 de septiembre y que en el caso de Ayamonte se extenderá hasta el 31 de diciembre.

    Esta iniciativa, diseñada por la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, supone ampliar el personal que cubre las guardias habitualmente en los juzgados, de tal forma que desde hoy en lugar de cubrir las guardias el 50% de la plantilla, lo hará el 100% del personal del juzgado al que le corresponda hacer este servicio.

    El plan de la consejería que dirige Juan Marín se desarrollará en 21 juzgados de Guardia de la costa andaluza, tres más que el año pasado, y supondrá un coste total de 451.053 euros. En el caso de la provincia onubense la inversión será de 25.664,85 euros.

    “Una vez más desde este Gobierno cumplimos nuestro compromiso y hacemos un esfuerzo para dotar de más personal aquellos juzgados que más lo necesitan. Lo hemos demostrado con un plan de choque sin precedentes para recuperar la Justicia de los efectos del Covid, incrementando las plantillas de funcionarios y con mayor dotación de refuerzos. Esta Consejería cree que la Justicia es un servicio esencial como lo es la Educación o la Sanidad y por eso estamos poniendo todos los medios necesarios”, ha indicado el delegado territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva, Alfredo Martín.

    De esta forma, en Ayamonte se incorporan a las guardias tres funcionarios más, que se suman a los cuatro que habitualmente hacen estas labores de guardia.

  • Justicia invierte más de 300.000 euros en la mejora de la Audiencia Provincial de Huelva

    Justicia invierte más de 300.000 euros en la mejora de la Audiencia Provincial de Huelva

    La Junta amplía las secciones Primera y Tercera y dota de un accedo independiente al Juzgado de Violencia

    La Delegación territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva está acometiendo una serie de obras de mejora en el edificio de la Audiencia Provincial para dotar de más espacio a las secciones Primera y Tercera y mejorar tanto la independencia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer como el tránsito y acceso de los detenidos desde la zona de calabozos hasta las dependencias judiciales, unos trabajos que cuentan con una inversión de 316.000 euros.

    El delegado territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva, Alfredo Martín, ha visitado hoy las obras que se vienen ejecutando y que “sin duda van a permitir una mejor distribución de los espacios internos en el edificio”. “Nuestra aspiración es dotar a Huelva de una Ciudad de la Justicia, pero mientras seguimos a la espera de que el Ayuntamiento resuelva los trámites necesarios para poder seguir avanzando en el proyecto, tenemos que invertir en las instalaciones que tenemos en la actualidad para que tanto los profesionales como los ciudadanos cuenten con espacios dignos”, ha destacado.

    En concreto, los trabajos se están centrando en reestructurar los espacios que ocupaban la Sección Primera y la Tercera en nuevas áreas de trabajo, dotándolas de las infraestructuras, materiales y terminaciones acordes a las necesidades actuales. Asimismo, se está creando un nuevo espacio para la Oficina de Registro y Reparto de la Audiencia y se va a dotar de iluminación externa el área de deliberación y secretaría.

    En cuanto al Juzgado de Violencia contra la Mujer de Huelva, dada la singularidad de los asuntos que se despachan en el mismo, se está reorganizando dicho órgano judicial en un único espacio de trabajo de manera que se evite el tránsito interior de personas ajenas para ir al núcleo de comunicaciones verticales de la zona trasera del edificio y, además, trasladando los servicios ajenos al mismo a otras zonas más acordes. Igualmente, se va a dotar de un nuevo acceso al mismo desde el espacio que alberga la antigua puerta de acceso trasero del edificio, de manera que se resuelva la autonomía del juzgado y se dirija y controle a los usuarios por un recorrido único.

    Las obras también incluyen la zona de calabozos, donde se van a acometer se va a dotar de mejores instalaciones. Además, se va crear un acceso único para los detenidos desde este área hasta los ascensores que llegue a las distintas salas de vista, con ello se evita la innecesaria imagen del paso de detenidos por la zona común de tránsito.

    Por último, la oficina de la Mutualidad del personal funcionario se ha reorganizado y dotado de una sala de consulta para el médico de la misma; y para reforzar la seguridad estructural se va a abordar la segunda fase de fijación de los aplacados de la fachada delantera del edificio.

  • La Justicia rechaza el recurso de Ecologistas contra la mina de Riotinto

    La Justicia rechaza el recurso de Ecologistas contra la mina de Riotinto

    Desestiman el recurso contra la modificación de la AAU, en el que se pedía la suspensión cautelar de las obras de recrecimiento y operaciones en las presas de estériles

    La Justicia ha dicho ‘no’ al recurso de Ecologistas en Acción contra la Autorización Ambiental Unificada (AAU) de la mina de Riotinto, de forma que la compañía encargada de la explotación del yacimiento, Atalaya Riotinto, podrá seguir adelante con las obras de recrecimiento y las operaciones de descarga en las presas mineras, conocidas también como depósitos de estériles.

    En concreto, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Huelva ha emitido una sentencia en la que desestima el recurso de la organización conservacionista, que pedía la suspensión cautelar de las actuaciones citadas mientras se resolvía su recurso contra la resolución de la Junta de Andalucía que modificó la AAU del Proyecto ‘Riotinto’ para las mejoras operativas y de seguridad en el recrecimiento de las presas.

    La sentencia, contra la que cabe recurso, señala que la solicitud de Ecologistas no cumple los requisitos exigidos en la nueva Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA), ya que esta permite cualquier medida que sea adecuada para evitar o paliar los perjuicios que pueda provocar la medida cautelar, por lo que «la suspensión no afecta al interés general», añade la sentencia, tal y como han informado desde Europa Press.

    La sentencia también recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ya denegó el recurso de Ecologistas en Acción en el que se pedía, también como medida cautelar, la suspensión de la antes referida actuación administrativa, una denegación que se basa en que «la medida cautelar de suspensión no recae sobre la resolución impugnada, sino sobre actos posteriores de ejecución o supuesto incumplimiento de la resolución impugnada, que no son objeto del presente recurso».

    «No se pretende con esta medida cautelar preservar la finalidad legítima del recurso sino controlar la correcta explotación de la actividad minera respecto del vertido de lodos», indicaron desde el TSJA, que añadió que «corresponde a la administración la vigilancia y control de la correcta explotación».

  • Un juez perdona la deuda de 800.000 euros de una onubense con la ‘Ley de Segunda Oportunidad’

    Un juez perdona la deuda de 800.000 euros de una onubense con la ‘Ley de Segunda Oportunidad’

    La familia perdió su vivienda a manos de un fondo buitre

    El juzgado de lo Mercantil de Huelva ha liberado a la esposa de un empresario de la provincia de una deuda de 800.000 euros al considerar que se podía acoger a la Ley de Segunda Oportunidad para exonerarla de deudas contraídas por su marido cuando regentaba una empresa del sector agropecuario.

    En un comunicado, el bufete Moreana Abogados, encargado de la defensa de la mujer, ha informado de que, a raíz de las deudas contraídas la familia perdió su vivienda a manos de un fondo buitre, y tuvo que solicitar un alquiler social, por lo que inició un procedimiento de segunda oportunidad que ahora ha culminado.

    La deudora, M.R.G., es trabajadora por cuenta ajena y las entidades financieras impusieron en su día a ambos cónyuges avalar personalmente los préstamos y créditos del negocio, a pesar de no tener la esposa participación alguna en la gestión.

    Cuando la empresa se hundió como consecuencia de la crisis de 2008, los bancos ejecutaron las hipotecas y los préstamos, primero contra la empresa, y luego contra el matrimonio, y los acreedores embargaron el salario de la esposa, reteniendo una parte sustancial.

    Esa situación se ha prolongado durante más de diez años, lo que le generó gravísimas dificultades para que la esposa pudiese seguir sufragando los gastos más esenciales del núcleo familiar, según los abogados.

    Carlos Fidalgo Gallardo, socio director de Moreana Abogados, recuerda que “es muy frecuente que bancos y entidades financieras impongan a ambos cónyuges avalar los préstamos y créditos de las empresas familiares, incluso aunque uno de los esposos no tenga participación alguna en la gestión, como sucedía en este caso”.

    Señala que, aunque la legislación sobre condiciones generales de los contratos establece que eso puede ser una sobregarantía ilícita, “se trata de una práctica muy extendida, que pone en riesgo el patrimonio personal incluso del cónyuge o familiar que no participa en el negocio”.

    La Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en 2015 e incorporó al derecho español un régimen de liberación de deudas similar al de otros países de nuestro entorno como Italia, Francia o Irlanda.

    Se pretendió con ella abrir una vía para que deudores de buena fe, arruinados por circunstancias externas, pudieran liberarse de sus deudas y así reincorporarse de nuevo a la vida económica.

    Según la Estadística Judicial del Consejo General del Poder Judicial, en 2019 solo se tramitaron en España unos 2.500 procedimientos de segunda oportunidad, muy lejos de los más de 100.000 procedimientos en Alemania en el mismo año.

  • Un vecino de Riotinto inicia una sentada en el juzgado para que le dejen ver a su hija

    Un vecino de Riotinto inicia una sentada en el juzgado para que le dejen ver a su hija

    Jonathan Victoria, que presentó una demanda en febrero de 2019, sigue a la espera de juicio y reclama agilidad a la Justicia

    Un vecino de Minas de Riotinto ha iniciado este lunes una sentada a las puertas de los juzgados de Valverde del Camino para reclamar a la Justicia que le dejen ver a su hija, una niña de tres años y medio a la que prácticamente no ve desde hace casi dos años, cuando «la madre se la llevó» de la localidad riotinteña, según asegura el propio afectado, Jonathan Victoria.

    «Su madre no me deja ver a mi hija, nos niega vernos a mi hija y a mí», continúa este vecino de Minas de Riotinto, que asegura que interpuso una demanda para pedir la guardia y custodia de la niña hace año y medio, en febrero de 2019, sin que de momento, añade, haya fecha de juicio, por lo que, a través de esta sentada, también reclama agilidad a la Justicia y que su caso se resuelva de forma inminente.

    En declaraciones a TINTO NOTICIAS -El periódico de la Cuenca Minera de Riotinto-, Jonathan Victoria lamenta que no pueda ver a su hija pese que, según indica, «no hay sentencia judicial ni medidas cautelares» que se lo impidan, motivo por el que «estamos desesperados» y «queremos hacernos oír» a través de esta acción de protesta, agrega.

    Ante ello, «dado el estado de desesperación en el que me encuentro y que aún no hay un juicio para solventar este problema», este vecino de Minas de Riotinto se ha concentrado este lunes a las puertas del juzgado de Valverde del Camino para «pedir una audiencia con el juez, que se escuche mi caso y que sobre todo autorice poder estar con mi hija, un derecho fundamental que todo padre tiene», asegura.

    Jonathan Victoria anuncia que mantendrá esta concentración hasta el próximo 1 de octubre o «hasta que un juez me vea», para lo que, según indica, cuenta con la autorización de la Subdelegación del Gobierno en Huelva y cumplirá el protocolo establecido por la covid-19. «Seguiré luchando por mi hija, seguiré luchando por nuestros derechos y seguiré luchando pidiendo justicia», subraya Victoria

    Por último, el afectado hace un llamamiento «a todo aquel que quiera apoyarme» para que le acompañe en esta concentración. De momento, este lunes ha recibido el respaldo de varios padres que se encuentran en una situación similar y de la alcaldesa de Minas de Riotinto, Rocío Díaz Cano, que le ha acompañado para apoyar su reivindicación.

    Este periódico se puso en contacto con la representación legal de la madre de la niña para conocer su versión de los hechos, pero declinó realizar declaraciones sobre el caso.

  • Archivan una denuncia por el fallecimiento de un bebé en Riotinto

    Archivan una denuncia por el fallecimiento de un bebé en Riotinto

    La Audiencia Provincial no ve indicios de responsabilidad penal en la actuación del matrono y la ginecóloga que asistieron el parto

    La Audiencia Provincial de Huelva no ve indicios de responsabilidad penal en un parto practicado el pasado 26 de marzo de 2014 en el Hospital de Minas de Riotinto y que desembocó en la muerte del bebé, por lo que el órgano judicial ha ratificado el archivo de la denuncia que fue interpuesta por los padres contra el matrono y la ginecóloga que asistieron el parto.

    Así se recoge en un auto de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva, que basa el sobreseimiento en un informe del Instituto de Medicina Legal (IML) en el que se establece, por un lado, que el parto se llevó a cabo en base a los «protocolos establecidos», y por otro, que la causa de la muerte del bebé fue una encefalopatía hipóxico isquémica severa que se le diagnosticó tras su nacimiento.

    El auto, que ha sido adelantado por el diario Huelva Información, confirma así el sobreseimiento provisional de la causa dictado anteriormente por el juzgado de instrucción 1 de Valverde del Camino, que fue recurrido por los padres del bebé fallecido, al entender éstos que el bebé sufrió una asfixia prenatal severa ocasionada en el parto que no fue detectada por los facultativos durante el mismo. 

    Los denunciantes, que se basan en un dictamen de un perito de la acusación particular, consideran por ello que el matrono y la ginecóloga no cumplieron con los protocolos exigidos, por lo que atribuyen el fallecimiento del bebé a una posible negligencia médica, si bien el nuevo auto judicial sostiene que el informe del IML ofrece conclusiones totalmente distintas «con el mismo rigor» que el informe antes referido.

  • El juez archiva la causa judicial contra Eduardo Muñoz

    El juez archiva la causa judicial contra Eduardo Muñoz

    El magistrado acuerda el sobreseimiento de la pieza principal de los cursos de formación tras pedirlo la Fiscalía

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