Zonas afectadas gravemente como Emergencias de Protección Civil
La subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, ha destacado que el acuerdo del Consejo de Ministros que este martes ha declarado a Bonares y Lucena del Puerto como zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil (Zaepc) por los «importantes» incendios forestales sufridos este verano, «demuestra el compromiso y la sensibilidad del Gobierno de España» con la provincia y ha destacado «la notable celeridad en su actuación».
Según ha indicado la Subdelegación en una nota de prensa, en todos los casos estos incendios «alcanzaron tal gravedad» que las administraciones competentes –las comunidades autónomas– «se vieron obligadas» a activar sus respectivos planes de protección en una situación operativa de entidad (niveles 1 o 2), tal y como establece el Plan Estatal General de Emergencias (Plegem) aprobado el pasado 15 de diciembre por el Gobierno para acceder a la declaración de Zaepc.
Cabe recordar que el incendio forestal declarado en Bonares el pasado 16 de agosto arrasó unas 30 hectáreas de superficie según las medidas del Plan Infoca y obligó al desalojo preventivo de 13 viviendas –unas 20 personas– próximas al fuego, cuyos moradores pudieron regresar después sus casas, una vez que el fuego se dio por estabilizado, momento en el que se comenzó con la evaluación de los daños causados por el fuego en las fincas.
Por su parte, el incendio de Lucena del Puerto de declaró el pasado 17 de agosto y afectó a unas 200 hectáreas, obligando además a desalojar una vivienda de las afueras del casco urbano de la localidad habitada por una sola persona. Este incendio, que tardó dos días en darse por extinguido, afectó a una zona «de alto valor ecológico», según indicó el propio alcalde, Manuel Mora.
De este modo, según ha indicado el Gobierno, en todos los casos se trata de emergencias de protección civil de grandes proporciones que han provocado daños personales, en infraestructuras y en bienes públicos y privados, así como daños en cultivos y explotaciones agropecuarias, polígonos industriales y otras instalaciones productivas.
Estos daños no han podido ser identificados y cuantificados «con la precisión necesaria» para determinar las ayudas destinadas a paliar tales perjuicios, por cuanto la fase de recuperación, iniciada inmediatamente después de la de intervención, no ha finalizado todavía.
Por ello, pese a no disponer de una estimación definitiva de los perjuicios ocasionados por estas catástrofes, el Gobierno ha valorado que la «magnitud» de sus efectos, «las medidas que ha sido necesario adoptar para paliar la grave perturbación de las condiciones de vida de la población» y conseguir el pleno restablecimiento de los servicios públicos esenciales «justifican» la intervención de la Administración General del Estado.
Esto, han subrayado «por solidaridad interterritorial» y para complementar las actuaciones que, «en ejercicio de sus competencias, tienen encomendadas las administraciones públicas territoriales».
El acuerdo del Consejo de Ministros se extiende a las zonas que, sin necesidad de disponer de una evaluación de daños y a la vista de la información disponible, «resulta manifiesto lo que han padecido» y los efectos de los incendios, «sin perjuicio de extenderla posteriormente a las zonas que hayan podido quedar excluidas», como se hizo en el caso de la borrasca Filomena.
Todas las ayudas disponibles en estas zonas declaradas como Zaepc están previstas y reguladas en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se determinan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica y se establece el procedimiento para su concesión.
La declaración como Zaepc permitirá que los afectados puedan beneficiarse de una serie de medidas y ayudas destinadas a paliar tanto daños personales (se han registrado 58 heridos leves, de ellos 22 intervinientes en las labores de extinción) como materiales en vivienda y enseres y en establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, y de otros servicios.
La declaración también incluye ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes, así como a las corporaciones locales en sus labores de recuperación de las áreas devastadas por el fuego.
Así, desde el Gobierno han señalado que una vez que disponga de una memoria con la estimación de los daños producidos, que realizará en colaboración con el resto de administraciones autonómicas y locales competentes, este acuerdo podrá incorporar otras medidas complementarias a las adoptadas por las administraciones territoriales, a las que corresponde la competencia en materia de protección civil. Así, se estudiará la posible adopción de medidas fiscales relativas al IBI, IAE, IVA para compensar las perdidas ocasionadas.
