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Etiqueta: Prisión

  • A prisión por el incendio de una vivienda habitada en Lepe

    A prisión por el incendio de una vivienda habitada en Lepe

    El fuego se inició mientras dos personas dormían en su interior

    Dos personas han ingresado en prisión comunicada y sin fianza como supuestas autoras de un delito de incendio en una vivienda de Lepe mientras dormían dos personas en su interior, una de ellas, de 85 años, por lo que pueden enfrentarse a una pena de diez a 20 años de prisión.

    Los hechos se produjeron en la madrugada del 27 de marzo sobre las 04,10 horas, cuando la patrulla del Puesto de la Guardia Civil de Lepe recibió un aviso en el que un ciudadano informaba que le estaban intentando quemar la casa.

    Una vez la patrulla en servicio llegó al lugar, observaron en la puerta de dicha vivienda algunas llamas. Al abrir la persona que vivía dentro de la casa, los agentes vieron un charco de agua en la entrada del suelo, resultado de haber intentado apagar las llamas que estaban quemando la puerta de entrada.

    Dentro de la casa había bastante humo y olor a gasolina, haciendo el ambiente irrespirable, por lo que los agentes, en colaboración de Policía Local de Lepe, procedieron a inspeccionar, airear la vivienda y evacuar a las dos personas que se encontraban en esos momentos en su interior, una mujer de 85 años de edad con capacidad limitada de movimiento y su nieto de 22 años de edad.

    También se activó el servicio de bomberos a fin de realizar la extracción de humos de la vivienda con una maquinaria específica para ello y asegurar la zona incendiada.

    Una vez fuera de peligro, el joven relató a los agentes que se encontraba durmiendo cuando escuchó una explosión en la puerta de su casa que lo despertó, dándose cuenta que estaba ardiendo y estaba entrando mucho humo en el interior de la vivienda. Rápidamente cogió varios cubos de agua para intentar sofocar las llamas, avisando posteriormente a la Guardia Civil.

    Realizada la inspección ocular en el lugar, además de comprobar que la puerta se encontraba parcialmente quemada, los agentes observaron en la acera de enfrente una bolsa calcinada, con un fuerte olor a gasolina.

    Tras las gestiones oportunas realizadas, se identificó a una persona, la cual había contratado a un tercero para que prendiera fuego a la vivienda, en venganza hacia el padre del joven auxiliado, que también vivía en el mismo domicilio, pero que en ese momento se encontraba ausente.

    La investigación finalizó con la detención de estas dos personas, las cuales, al pasar a disposición de la Autoridad Judicial, ha determinado su ingreso en prisión comunicada y sin fianza, por «dos circunstancias especialmente gravosas», por un lado, «la hora a la que se producen los hechos, puesto que se encuentran durmiendo y con mayor probabilidad de que estuvieran dentro de la casa» y «disminuyendo su capacidad de reacción,» y, por otro lado una de las personas que se encontraba en el interior de la vivienda incendiada tiene 85 años de edad y «graves dificultades para desplazarse, teniendo que valerse de un andador para moverse».

  • Heridos varios funcionarios de la prisión de Huelva por una nueva agresión

    Heridos varios funcionarios de la prisión de Huelva por una nueva agresión

    CSIF demanda una «contundente» aplicación de las normas y una mejor clasificación de internos

    La sección sindical del Centro Penitenciario de Huelva de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las Mesas de Negociación de Instituciones Penitenciarias (IIPP) y de Función Pública, demanda mayor contundencia en la aplicación de las normas a raíz de la agresión a varios funcionarios el pasado sábado por parte de internos de la cárcel onubense.

    Ante la gravedad de los hechos, CSIF también exige una correcta clasificación interior de los presos. “Se debe evitar que internos con un largo historial de sanciones permanezcan en departamentos de régimen ordinario, ya que afecta a la convivencia con el resto de internos y funcionarios”, solicita CSIF.

    El sindicato mayoritario de las administraciones públicas, por otra parte, destaca el gran trabajo llevado a cabo por los funcionarios implicados en el incidente para la rápida resolución del mismo. “CSIF desea la pronta recuperación de los funcionarios agredidos, que presentan heridas de diversa consideración”, apuntan fuentes de la sección sindical del centro.

    El ataque se produjo después de un cacheo a un interno sobre el cual existían sospechas de que pudiese portar sustancias u objetos prohibidos. Este preso amenazó de muerte a los funcionarios y los agredió propinándoles puñetazos y patadas. Posteriormente, alentó a otros internos para que le secundaran en la revuelta, siendo necesario proceder a su aislamiento. Algunos de ellos amenazaron a los funcionarios con acabar con sus vidas. “Sacar los pinchos, que vamos a acabar con estos hijos de puta”, se llegó a escuchar mientras intentaban abrir las puertas para acceder a la zona en que se encontraban los funcionarios, quienes realizan su labor cada día con menos garantías.

    Tras proceder a su identificación, fueron aislados para evitar que el suceso fuese a más dado el estado de alteración en que se encontraban.

    CSIF IIPP Huelva reitera su reivindicación para que los funcionarios de prisiones sean considerados agentes de la autoridad, se actualicen los medios coercitivos con la dotación de pistolas ‘táser’ y que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ofrezca una formación adecuada y continua para poder abordar estas situaciones con menos riesgos y más seguridad. En este sentido, CSIF insiste en la urgencia de modificar la Ley Orgánica General Penitenciaria para el reconocimiento del carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de cuerpos penitenciarios en el ejercicio de sus funciones, iniciativa planteada en el Congreso de los Diputados el pasado noviembre.

    El último caso de agresión en la presión de La Ribera vuelve a evidenciar las precarias condiciones laborales con las que convive el colectivo penitenciario, que debe desempeñar su labor en un entorno hostil y de riesgo permanente, con recursos limitados y una presión creciente.

  • Prisión provisional sin fianza para el detenido por el tiroteo mortal de El Torrejón

    Prisión provisional sin fianza para el detenido por el tiroteo mortal de El Torrejón

    El juez considera que podría ser el presunto autor de un delito de asesinato y otro de tentativa de asesinato

    El Juzgado número 3 de Gijón ha decretado la prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido este sábado en la localidad asturiana por el tiroteo que acabó con la vida de una persona el pasado 10 de septiembre en el barrio de El Torrejón, en Huelva capital, y que se saldó con otras dos personas heridas de diferente consideración.

    Así lo ha confirmado a Europa Press el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que ha indicado que esta persona pasó a disposición judicial el mismo sábado y que el juez considera que este hombre, conocido como ‘El Baba’, podría ser el presunto autor de un delito de asesinato y otro de tentativa de asesinato.

    Asimismo, este juzgado asturiano se ha inhibido en favor del Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva, que es el que ha llevado la investigación de los hechos, y el que continuará con la causa.

    Agentes de la Policía Nacional detuvieron este viernes en Gijón (Asturias) al hombre al que se estaba buscando por presuntamente matar a tiros a una persona en el Barrio de El Torrejón de Huelva capital y que, tras los hechos, se dio a la fuga. El arresto, en el marco de un amplio operativo, ha tenido lugar en el barrio de El Cerillero de esta ciudad asturiana.

    Al hombre se le buscaba por los disparos que terminaron con la vida de un hombre y con dos heridos que tuvieron que ser trasladado al hospital. En concreto, 112 recibió sobre las 14,10 horas una docena de llamadas de vecinos del barrio alertando de lo que parecía ser un tiroteo en la plaza Violeta de El Torrejón.

    Por ello, hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Huelva, la Policía Nacional, así como los servicios sanitarios. De este modo, la Policía Nacional informó de la muerte de una persona y confirmó posteriormente que otras dos habían resultado heridas.

    Los vecinos de la barriada de El Torrejón alertaron también en la madrugada del 15 de septiembre que habían escuchado un nuevo «tiroteo», después de la reyerta. El teléfono del 112 recibió varias llamadas de vecinos que aseguraban «haber escuchado un ruido que parecían disparos que provenía de la calle Gladiolo».

  • Brutal agresión en el Centro Penitenciario de Huelva

    Brutal agresión en el Centro Penitenciario de Huelva

    Un interno agrede a un funcionario con una lata rota

    Un interno de 27 años del Centro Penitenciario de la Ribera de Huelva agredió este lunes brutalmente a un funcionario la prisión utilizando una lata de refresco rota como arma. El ataque, que ha dejado al funcionario con heridas en la cara y las manos, se produjo de manera sorpresiva cuando el preso regresó a su celda después de entregar una bolsa de lavandería para cumplir una sanción de privación de paseo por su mal comportamiento.

    Según fuentes del sindicato CSIF, el incidente ocurrió cuando el interno llamó la atención del funcionario para que entrara en su celda, momento en el que sin mediar palabra lanzó un golpe dirigido al cuello del trabajador, alcanzándole a la altura de la nariz, “con una intención clara y manifiesta de querer acabar con su vida”, según testigos. En un intento de protegerse, el funcionario también resultó herido en las manos y antebrazos.

    El ataque no terminó ahí, ya que el interno persiguió al funcionario, quien intentaba huir por unas escaleras, lanzándole múltiples golpes y cuchilladas. Una compañera del agredido, también funcionaria, intentó intervenir, pero recibió varios golpes por parte del agresor, tras lo que finalmente pudieron reducirle.

    El funcionario herido fue atendido inicialmente por el enfermero de guardia debido a la ausencia de un médico en el centro, por lo que tuvo que ser trasladado posteriormente a un hospital. La prisión no contaba con un médico presencial, hecho «habitual» en las últimas fechas, lo que «condiciona el trabajo diario», subrayan desde el sindicato.

    El interno, que acumula veinte sanciones activas, ha sido descrito por CSIF Prisiones como un «prototipo» del actual recluso que debería estar en un régimen de vida más restrictivo, destacando un fallo en su clasificación penitenciaria que, según el sindicato, pone en riesgo la seguridad de los trabajadores.

    En el marco de la festividad de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, el sector de prisiones de CSIF en Huelva ha anunciado que no participará en los actos conmemorativos que tendrán lugar el día 26 en Isla Cristina “en una puesta en escena que poco tiene que ver con el panorama diario de la cárcel”, según CSIF Prisiones, que ha tomado esta medida en señal de protesta por la situación que atraviesa el colectivo. «No estamos para fiestas», han subrayado en un comunicado.

  • Nueva agresión a cuatro funcionarios del Centro Penitenciario de Huelva

    Nueva agresión a cuatro funcionarios del Centro Penitenciario de Huelva

    CSIF advierte de que la prisión onubense es la cuarta de España en número de agresiones

    El sindicato CSIF ha denunciado la agresión sufrida a cuatro funcionarios del Centro Penitenciario de La Ribera (Huelva) durante la tarde del sábado. Los trabajadores resultaron con lesiones de diversa consideración tras ser atacados por un interno con una larga trayectoria delictiva.

    Los hechos ocurrieron cuando el interno regresó a su módulo residencial después de cumplir una sanción de aislamiento en celda. El recluso, disconforme con algunas medidas adoptadas, comenzó a increpar a los funcionarios. A pesar de los esfuerzos de los trabajadores por calmar la situación, el interno se mostró extremadamente agresivo, lanzando amenazas e insultos, y agrediendo físicamente a los funcionarios con puñetazos, patadas y mordiscos.

    Gracias a la presencia de una de las dos doctoras en activo, el interno pudo ser trasladado nuevamente al departamento de aislamiento. El procedimiento requiere un reconocimiento médico previo, sin el cual la medida no puede aplicarse. Por este motivo, CSIF ha recalcado la importancia del personal sanitario en estos centros.

    Los cuatro trabajadores recibieron atención inicial en las dependencias sanitarias del centro y posteriormente fueron trasladados al hospital para una evaluación más exhaustiva de sus lesiones.

    CSIF ha reiterado que estas agresiones no son casos aislados, así ha señalado que en 2023 el centro fue el cuarto en número de agresiones a nivel nacional. Según el sindicato, una de las causas principales de estos incidentes es una incorrecta clasificación interna de los reclusos, con internos que deberían estar en primer grado, el más restrictivo, ubicados en módulos de segundo grado, lo que genera conflictos con funcionarios y otros presos.

    La organización sindical también ha destacado la labor diaria de los trabajadores penitenciarios, que operan en condiciones cada vez más precarias. En el área sanitaria del centro, solo dos de las nueve plazas de facultativos están cubiertas, una situación que se agrava durante el periodo vacacional. Aunque recientemente se ha contratado a un médico, esta medida es insuficiente.

    Durante una reciente visita de la Subdelegada del Gobierno de Huelva, María José Rico, a la enfermería del centro, CSIF expuso esta problemática, aunque la falta de tiempo impidió una reunión detallada con los representantes de los trabajadores para discutir posibles soluciones.

    Desde CSIF desean una pronta recuperación para los compañeros agredidos y exigen que los responsables de estos actos violentos sean castigados con la severidad que requieren.

  • Prisión para el acusado de apuñalar a un hombre durante una reyerta en Isla Cristina

    Prisión para el acusado de apuñalar a un hombre durante una reyerta en Isla Cristina

    Un juzgado de Ayamonte ordena su ingreso por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa

    El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ayamonte (Huelva) ha ordenado el ingreso en prisión del detenido el pasado jueves por apuñalar presuntamente a otra persona durante una reyerta en Isla Cristina, tal y como han indicado a Europa Press desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ha explicado que este domingo el acusado pasó a disposición judicial y que se le acusa, presuntamente, de un delito de homicidio en grado de tentativa.

    Los hechos ocurrieron durante la tarde del pasado jueves, cuando, durante una reyerta en una plazoleta de la localidad Isla Cristina entre varias personas, uno de los detenidos intentó apuñalar a un individuo, pero en ese momento llega una cuarta persona que, tras un forcejeo, cae al suelo, momento en el que el autor, supuestamente, le propinó varias puñaladas por la espalda.

    A continuación, según explicaron desde la Benemérita, el presunto autor de las puñaladas se atrincheró en su vivienda. La zona fue acordonada por agentes de la Guardia Civil junto con agentes de la Policía Local de la localidad, ya que «un gran tumulto de personas» intentó acceder a la vivienda, teniendo que ser protegido por los agentes para evitar su agresión, y procediendo a su detención y traslado a dependencias oficiales.

    Asimismo, durante la operación, los agentes detuvieron a una segunda persona, acusada presuntamente de ocultación de pruebas –encubrimiento–. No obstante, quedó en libertad con cargos. Por su parte, la víctima fue trasladada al Hospital Virgen de la Bella de Lepe para recuperarse de las heridas.

  • Más de 20 años de prisión para la enfermera de la cárcel de Huelva que intoxicó a siete compañeros

    Más de 20 años de prisión para la enfermera de la cárcel de Huelva que intoxicó a siete compañeros

    El TSJA confirma la condena de la Audiencia Provincial de Huelva

    La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva que condenó a un total de 21 años de cárcel a una funcionaria del Cuerpo de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias que trabajaba en la cárcel de Huelva por intoxicar con metadona y otros fármacos a siete compañeros del área sanitaria de la prisión entre los meses de julio y noviembre del año 2018.

    En la sentencia, el TSJA desestima el recurso de apelación presentado por la defensa de la acusada contra la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva que la condenó por cuatro delitos de lesiones cometidos sobre un mismo compañero y le impuso dos años y tres meses de prisión por cada uno de ellos, lo que hace un total de nueve años de cárcel en relación a esta víctima.

    Asimismo, la Audiencia de Huelva condenó a la acusada por seis delitos de lesiones cometidos sobre los seis afectados restantes y le impuso dos años de cárcel por cada uno de ellos, lo que suman otros doce años de prisión. No obstante, la propia Audiencia Provincial fijó que el máximo de cumplimiento efectivo de la condena no podrá exceder de seis años y nueve meses de cárcel.

    De igual modo, la Audiencia Provincial de Huelva impuso a esta enfermera la inhabilitación para el ejercicio de dicha profesión durante el tiempo de duración de la condena, así como la prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 300 metros de las víctimas durante un plazo de once años y nueve meses. También deberá indemnizar a los afectados con un total de 61.840 euros, declarando la responsabilidad civil subsidiaria del Ministerio de Interior -Secretaría General de Instituciones Penitenciarias- respecto de la indemnización establecida.

    En la sentencia, fechada el día 2 de abril y contra la que cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, el TSJA mantiene los hechos probados recogidos en la sentencia de la Audiencia, según los cuales la acusada ejerció como funcionaria del Cuerpo de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias en la cárcel de Huelva entre los meses de julio y noviembre de 2018, encontrándose entre las funciones del citado puesto, y como responsable de la metadona, el control de las dosis que se administraban en la prisión onubense.

    En un armario cerrado con llave

    Las dosis de metadona se guardaban en la farmacia del centro penitenciario en un armario cerrado con llave, durante las horas del día, mientras que algunas dosis de metadona diluidas con agua, destinadas al consumo de determinados internos y etiquetadas con los nombres de éstos, se conservaban a lo largo de la jornada hasta que no fueran consumidas en otro armario que no estaba cerrado con llave en un cajetín ubicado en la misma farmacia. Estas últimas eran desechadas si al final del día no habían sido consumidas por los correspondientes internos.

    La sentencia considera probado que, entre los meses de julio y noviembre de 2018, la acusada tomó unas cantidades indeterminadas de metadona, diazepam y pregabalina de la mencionada farmacia «con la intención de mezclar tales sustancias con los alimentos que, para consumo propio, guardaban sus compañeros en una nevera de uso común que estaba ubicada en la sala de descanso localizada en dichas dependencias del área de farmacia y enfermería», tras lo que enumera cada una de las actuaciones delictivas llevadas a cabo por la condenada y las distintas intoxicaciones sufridas por los siete compañeros afectados.

    La defensa de la acusada recurrió la sentencia en apelación alegando vulneración del principio constitucional de presunción de inocencia; error en la valoración de la prueba; ruptura de la cadena de custodia, y vulneración del principio ‘in dubio pro reo’, solicitando el dictado de una sentencia absolutoria, mientras que la acusación particular también recurrió mostrando su disconformidad con las indemnizaciones fijadas en la sentencia, todo lo cual es rechazado por el TSJA.

    Así, el TSJA señala que la alegación sobre la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia «nos exige, como tribunal de segundo grado, un juicio de verificación de que la condena pronunciada por el órgano jurisdiccional a quo viene fundada en elementos probatorios con fuerza incriminatoria suficiente para tener por acreditados, más allá de toda duda razonable, los hechos nucleares realizadores del tipo penal objeto de acusación, así como también la intervención en ellos de la condenada; que dichas pruebas han sido recogidas válidamente y llevadas a la presencia del tribunal con las garantías formales inherentes a un juicio justo y equitativo; y que la valoración de esos elementos probatorios por el tribunal de primer grado ha sido racional, adecuada a las reglas de la lógica y conforme indica la experiencia proyectada sobre ese tipo de evidencias».

    Prueba de cargo de naturaleza indiciaria

    «Esta última comprobación (que ha de permitirnos responder también a la denuncia explícita sobre error en la valoración de las pruebas, objeto también del presente examen) nos remite directa y obligadamente a los razonamientos contenidos en la sentencia recurrida como fundamentos probatorios de la decisión», explica el TSJA, que argumenta que, en la sentencia de la Audiencia, y frente a la versión exculpatoria de la condenada, «se asevera de forma nítida y expresa que la base de la prueba de cargo fundamental que se ha tomado en consideración, junto al múltiple, elaborado e ilustrativo elenco de particulares de naturaleza facultativa acreditativos de los efectos de las sustancias y fármacos y su incidencia en la salud de los afectados, es de naturaleza indiciaria».

    En este punto, recuerda que la jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo «han establecido que, en ausencia de prueba directa, es posible recurrir a la prueba circunstancial, indirecta o indiciaria, cuya validez para enervar la presunción de inocencia ha sido admitida reiteradamente por ambos tribunales, de modo que a través de ésta clase de prueba es posible declarar probado un hecho principal mediante un razonamiento construido sobre la base de otros hechos, los indicios, que deben reunir una serie de condiciones o requisitos» que se cumplen en el caso analizado.

    Al hilo, recuerda que la Audiencia reflejó como hechos plenamente probados la disponibilidad de acceso de la acusada a la metadona y al resto de fármacos cuya ingesta determinó las intoxicaciones sufridas por los afectados; la accesibilidad al frigorífico del grupo de desayuno ubicado en el área de descanso por parte de la recurrente, «para lo cual le era fácil aprovechar la franja horaria intermedia entre la salida de su turno y la entrada del posterior para introducir la metadona y las otras sustancias en los alimentos alojados en la glosada nevera o en armarios anexos»; o el hecho de que «existía por parte de la acusada un patente antagonismo y una competitividad con sesgos de naturaleza tóxica con relación» a uno de los lesionados, que ejercía de supervisor de enfermería de la prisión y que «fue de lejos el más afectado» por la administración de metadona y benzodiacepinas, «en su empeño por lograr» esta plaza.

    La Audiencia también tuvo en cuenta la coincidencia cronológica entre las intoxicaciones y los turnos y la ausencia de una explicación alternativa razonable para lo acontecido, ya que, según el TSJA, «resulta descartable tanto una autointoxicación por parte de los lesionados afectados por la ingesta de la metadona y demás fármacos como el logro de la implementación de una suerte de sospechas por parte de los integrantes de la investigación policial a los anteriores que les indujese a declarar en un sentido desfavorable a la acusada».

    «No se ha apreciado razón objetiva de signo alguno para que éste tribunal de alzada se aparte de la valoración de la prueba reflejada por el tribunal de instancia en su sentencia», y además se ha «constatado que la prueba de cargo sobre la que se asienta la convicción judicial ha sido correctamente valorada, es válida en Derecho, lícitamente obtenida, aportada al plenario con despliegue de los principios de publicidad, oralidad, inmediación y contradicción interpartes, no contrarrestada por la prueba de descargo presentada y de significado inequívocamente incriminatorio», por lo que «puede colegirse sin asomo de duda posible que reúne cuantas garantías demanda la protección constitucional del derecho fundamental a la presunción de inocencia de la acusada para desvirtuarla en las condiciones de certeza exigibles».

  • El centro penitenciario de Huelva, a la cabeza de España en agresiones a funcionarios

    El centro penitenciario de Huelva, a la cabeza de España en agresiones a funcionarios

    El CSIF da a conocer los datos del Ministerio del Interior

    La central sindical CSIF ha dado a conocer los datos del pasado año sobre la situación de los funcionarios en las prisiones españolas, en cuanto al número de agresiones registradas hacia ellos por parte de la población reclusa, en los que se analiza la provincia de Huelva. Según el Ministerio de Interior, en 2023, en el centro penitenciario de La Ribera (Huelva) se produjeron 19 agresiones a funcionarios, de las cuales 10 fueron de carácter leve y 9 agresiones sin lesiones.

    CSIF denuncia que los trabajadores de prisiones en la cárceles Españolas sufren una agresión cada 17 horas, 508 en el año 2023. Se ha producido un aumento del 12% con respecto a las agresiones del año 2022 en todo el territorio nacional. Para el sector de Instituciones Penitenciarias de CSIF Huelva, las cifras oficiales son «inasumibles en un estado de derecho» y que “deberían hacer recapacitar a la Administración, aumentando el personal y tomando una serie de medidas que llevamos años reivindicando”.

    Además, a juicio de CSIF, son cifras que “están maquilladas por la Secretaría de Instituciones Penitenciarias, pues no se recogen las agresiones verbales, la coacciones o las amenazas, y tampoco los escupitajos o tocamientos, ya que no están contempladas en el Protocolo Específico de Actuación Frente a las Agresiones”. Si se tuvieran en cuenta estos episodios, “la cifra sería más escandalosa”. Por ello, CSIF también ha reclamado que se actualice dicho protocolo, que, a día de hoy “enmascara y distorsiona la lacra de las agresiones a funcionarios en las prisiones”.

    Hace aproximadamente dos años, se llevó a cabo una extensa remodelación en el centro penitenciario de Huelva, con un enfoque primordial en mejoras de seguridad, según lo informado por CSIF. Este proceso incluyó la instalación de cámaras de última generación destinadas a salvaguardar tanto a los trabajadores penitenciarios como a los internos. Sin embargo, a pesar de estas medidas, según declaraciones de representantes sindicales, parece que la puesta en marcha de las cámaras no ha tenido el impacto esperado en la reducción de incidentes y agresiones dentro de la institución. Algunos trabajadores sostienen que estas cámaras simplemente han aumentado la vigilancia sobre ellos, sin contribuir efectivamente a la disminución de los problemas de seguridad.

    Además, las críticas se centran en la gestión de los incidentes, donde se señala que personas con escasa experiencia en el ámbito penitenciario son responsables de evaluar las acciones tomadas durante estos sucesos, a menudo desde una posición desconectada de la realidad dentro de la prisión. Se plantea una preocupación adicional respecto a la limitación en la investigación de las causas de las agresiones, ya que el servicio de prevención de riesgos laborales no tiene acceso para indagar en estos incidentes, dejando esta responsabilidad exclusivamente en manos de los Subdirectores de Seguridad

    Los incidentes en el centro penitenciario están relacionados con diversos factores interrelacionados, según indican fuentes cercanas al ámbito carcelario. Estos incluyen la entrada clandestina de drogas, el uso inapropiado de medicamentos y la falta de adherencia a los tratamientos médicos, así como los problemas de salud mental entre la población reclusa. Sin embargo, una crítica importante se dirige hacia las políticas administrativas “buenistas” que favorecen una clasificación laxa de los internos, con el propósito de reducir el número de reclusos en el nivel de tratamiento más restrictivo, conocido como primer grado, generando tensiones dentro del centro penitenciario.

    Esta situación repercute negativamente en la convivencia interna y en la labor diaria de los trabajadores penitenciarios, que se enfrentan al desafío de rehabilitar a individuos que han sido marginados de la sociedad debido a su comportamiento delictivo, con la esperanza de reintegrarlos en condiciones mejores a las que ingresaron.

    Agresiones en Semana Santa de 2024

    Durante la reciente Semana Santa, el centro de Huelva experimentó una serie de incidentes desencadenados por el proceso de distribución de medicamentos para un periodo de cinco días. El miércoles santo, 27 de marzo, se llevó a cabo la entrega de medicamentos para el resto de la semana. Esta medida, atribuida a la escasez de personal y una gestión deficiente del servicio -ya que anteriormente se distribuía la medicación diariamente-, se señala como un factor probable detrás de los graves altercados ocurridos en los días siguientes.

    CSIF añade que es “crucial que los profesionales penitenciarios sean considerados agentes de la autoridad en el ejercicio de su cargo, ya que, sin este reconocimiento, el trabajador no dispone de un respaldo jurídico ante incidentes graves y lesivos”. “Agredir a un funcionario, en la actualidad, sale muy barato a los reclusos violentos”, apostillan desde la central sindical.

    Recientemente, CSIF ha llevado a cabo negociaciones con el objetivo de reactivar el proceso parlamentario para otorgar la condición de agentes de autoridad al personal del centro. Sin embargo, existen dudas y preocupaciones sobre la efectividad de estas gestiones, dado que experiencias pasadas, como la iniciativa del 28 de julio de 2022, no lograron incluir dicha condición en la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP). La dilación en el proceso de enmiendas y el fin de la legislatura anterior fueron factores determinantes que frustraron la inclusión de esta medida en la legislación vigente. Ante este panorama, CSIF permanece en una posición de expectativa, esperando que esta vez se logre avanzar con éxito en la protección y reconocimiento del personal del centro.

    El sindicato CSIF hace hincapié además en la escasez de facultativos para atender a una población con graves trastornos psiquiátricos. Esta denuncia se suma a una serie de reclamaciones previas realizadas por el sindicato en múltiples ocasiones.

    Para CSIF, hay que tener en cuenta que falta personal en todas las categorías, pero hay casos sangrantes como el tema médico, con un déficit de personal facultativo que impide el correcto seguimiento y tratamiento de numerosos internos que padecen trastornos y enfermedades mentales. Es obvio que estas patologías, cuando no son atendidas adecuadamente, la agresividad aumenta.

    Al mismo tiempo, CSIF considera que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias «debe ofrecer una formación continua y actualizada en materias relacionadas con las funciones que desempeñan los trabajadores, con el objetivo de evitar, o al menos minimizar, riesgos ante las agresiones».

    El reciente asesinato de Nuria, una compañera de los trabajadores penitenciarios en la prisión de Tarragona, ha sido el desencadenante de las movilizaciones llevadas a cabo por el gremio en Cataluña. La trágica muerte a manos de un interno asignado a la cocina de dicho centro ha generado un profundo pesar y consternación entre sus colegas.

    Este suceso ha puesto de manifiesto las precarias condiciones en las que labora el colectivo penitenciario, quienes se desenvuelven en un entorno hostil y con un alto riesgo constante. La pérdida de Nuria, lamentablemente, no es un caso aislado, sino que representa una dolorosa evidencia de los peligros a los que se enfrentan diariamente los trabajadores en el ejercicio de sus funciones dentro de las prisiones.

    La Central Sindical espera que la Administración penitenciaria «corrija esta situación y cuide de su personal, pues nadie, en su puesto de trabajo, debe correr riesgos hacia su integridad por falta de medios».

    Por último, CSIF denuncia que el pasado 2 de abril, la Subdelegada del Gobierno en Huelva llevó a cabo una visita a diversas instalaciones del Centro Penitenciario. Sin embargo, la Dirección del centro decidió no involucrar a los representantes de los trabajadores en esta visita, privándoles así de la oportunidad de proporcionar una perspectiva más completa sobre las diversas problemáticas que tienen y que obstaculizan su labor diaria.

  • Más de 20 años de prisión por abusar sexualmente de los nietos de su pareja

    Más de 20 años de prisión por abusar sexualmente de los nietos de su pareja

    El TSJA desestima el recurso del hombre condenado por la Audiencia Provincial de Huelva

    El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso interpuesto por un hombre condenado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva a 22 años de prisión por dos delitos de abuso sexual hacia los nietos de su pareja, un niño y una niña, menores de edad en los momentos en los que se produjeron los abusos -diez y nueve años respectivamente- y de los que abusó durante años -al menos entre 2013 y 2017-.

    En su sentencia, el TSJA acepta el relato de hechos probados de la sentencia recurrida y no estima la alegación de la defensa, que consideraba que se había producido una vulneración del principio de presunción de inocencia «fruto de un error en la valoración de las pruebas», así como señalaba que «las supuestas víctimas de los delitos incurrieron en graves contradicciones», y que «no se había practicado prueba pericial sobre la veracidad de sus testimonios».

    Según la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial, se considera probado que el condenado usó su circunstancia de integración en la familia para hacerlos víctimas de agresiones y abusos sexuales, durante, al menos, ese período de 2013 a 2017 y que llegó incluso a convivir dos años con la menor.

    Así, señala que el menor contaba con diez años cuando comenzaron estos abusos, que se produjeron entre 2013 y 2015 en las ocasiones en las que el mismo visitaba a su abuela al domicilio, algo que se daba «casi todos los fines de semana», obligando al menor a desnudarse para realizarle tocamientos e incluso penetraciones. Esto, según recoge la sentencia, se producía en la mayoría de las ocasiones cuando la abuela se encontraba fuera trabajando, así como apunta que la situación se prolongó «durante al menos dos años».

    Por su parte, en el caso de la menor la sentencia señala que contaba con nueve años cuando comenzaron los abusos, así como que los mismos se realizaron tanto en la vivienda como en el coche del condenado cuando iba a recogerla al salir del colegio. En el caso de la niña los hechos se prolongaron durante unos tres años -de 2015 a 2017-.

    En ambos casos ninguno contó nada ya que el acusado les alertó de que si lo hacían podían «meterse en problemas», por lo que tenían miedo y dieron a conocer los hechos una vez que, más mayores, acudieron al psicólogo al influirles esta situación en su día a día normal, señalando que este fue el momento en el que fueron conscientes de la situación de abuso.

    El tribunal consideró que la declaraciones de las víctimas tienen «los debidos visos de veracidad, coherentes» y sin que se aprecie «ninguna variación significativa en el relato de los hechos, haciéndolo de modo claro y minucioso».

    De este modo, la Audiencia lo considera responsable de dos delitos continuados de abuso sexual, por los que le impone dos penas de once años y un día de prisión -por cada delito- y la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros y a comunicarse con ninguna de los víctimas durante doce años y un día; cumpliéndose la pena de prisión y las prohibiciones antes citadas por el condenado de forma simultánea.

    Asimismo, por cada una de las penas, se le impone la medida de libertad vigilada durante cinco años; también por cada uno de los delitos se le inhabilita para el ejercicio de cualquier profesión o comercio en el que tenga relación con menores, por tiempo de tres; todo ello una vez cumplida la pena privativa de libertad. Además, en concepto de responsabilidad civil, indemnizará a las víctimas en 3.000 euros, a cada uno de ellos, por daños morales.

    Así las cosas, el TSJA señala en el fallo que la defensa alega que la condena se basó fundamentalmente en la declaración de las víctimas, explicando el Alto Tribunal andaluz que estas declaraciones «pueden ser prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia de que goza todo acusado, aunque sea la única prueba que concurra -lo que es frecuente en los delitos contra la libertad sexual-» y apunta que las declaraciones «resultaron idóneas para alcanzar la plena certeza sobre la realidad de los hechos que se declaran probados, al concurrir las condiciones necesarias para ello».

  • Nueve años de prisión por agredir a una pareja en una disputa por un mechero

    Nueve años de prisión por agredir a una pareja en una disputa por un mechero

    Los hechos ocurrieron en un descampado de la calle Pérez Galdós de Huelva

    El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva en la que condena a dos personas a nueve y un año de cárcel, respectivamente, por agredir a una pareja de Huelva en 2021 durante una disputa por un mechero. De este modo, se condena a M.C.J a ocho años de prisión como autor responsable de un delito de homicidio en grado de tentativa, así como a un año más por un delito de lesiones, y a F.J.M.N por un delito de lesiones.

    Así lo recoge la sentencia del TSJA, consultada por Europa Press, en la que explica que en mayo de 2021 los dos acusados se encontraban junto a otros amigos en el interior de dos vehículos en un descampado de la calle Pérez Galdos de Huelva. En el mismo sitio se encontraba la pareja víctima de la agresión, los cuales «fueron a pedir papel para un cigarro al grupo donde se encontraban los procesados y estos les pidieron un mechero».

    Así, indica que «tras pedirle uno de los agredidos en reiteradas ocasiones al procesado F.J.M.N. que le devolviese el mechero, este reaccionó tirando el mechero, saliendo del coche y empezando a golpearle con puñetazos». Continúa el texto señalando que, durante la agresión, apareció el otro procesado (M.C.J) «el cual se encontraba en el vehículo contiguo, y sacando una navaja apuñaló con ella en el costado al agredido haciéndolo caer al suelo», así como que ambos procesados «siguieron golpeándolo con puñetazos y patadas y apuñalando, además, hasta en cuatro ocasiones más en la espalda, a la vez que le decía a él y a su pareja ‘os voy a matar, os lo juro’».

    Asimismo, en el transcurso de dicha agresión, la otra persona afectada «intentó defender a su pareja» y «recibió golpes en la cara por parte de F.J.M.N. y forcejeó con M.C.J.», toda vez que «fue amenazada de muerte por este con la navaja». A consecuencia de la agresión recibida, el principal agredido sufrió «múltiples heridas por arma blanca».

    Por todo ello, la Audiencia Provincia del Huelva condena a M.C.J. como autor responsable de un delito de homicidio en grado de tentativa a ocho años de cárcel y a otro año de prisión por un delito de lesiones. Además, prohibición de aproximarse a J.J.V.M. como a comunicarse con él por cualquier medio o procedimiento a una distancia no inferior a cien metros durante cinco años. Por otro lado, se le impone la medida de libertad vigilada que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad por un periodo de nueve años.

    Por otro lado, el tribunal condenó a F.J.M.N. como autor responsable de un delito de lesiones y un delito leve de lesiones, a un año de prisión y a la prohibición de aproximarse R.C.R., a una distancia no inferior a cien metros durante cinco años. Además, se le impone una multa de dos meses con cuota diaria de tres euros.

    Asimismo, a ambos se les impone una indemnización conjunta y solidaria a ambos agredidos de 9.083 euros por las lesiones y secuelas provocadas. Además, el acusado M.C.J. debe indemnizar al primer agredido a cantidad de 6.686 euros por las lesiones y 25.000 euros por las secuelas. Esta sentencia ha sido confirmada por el Alto Tribunal andaluz, que desestima así el recurso interpuesto por la defensa de ambos procesados.