Fueron interceptados en una embarcación con 1.800 kilos de droga
Cuatro de los 15 acusados que se enfrentan a más de 164 años de condena por los delitos de tráfico de drogas y de pertenencia a grupo criminal en el juicio que ha comenzado este miércoles en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva han llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía por el que tres de ellos aceptan la pena de prisión de tres años y siete meses –se enfrentaban a cinco años y diez meses y a 18 meses por los presuntos delitos– y el cuarto ha aceptado una pena inferior a cinco años.
De este modo, durante la sesión, la defensa de los acusados que han llegado al acuerdo de conformidad han informado de su intención de solicitar la suspensión de la pena al considerar que actuaban «bajo los efectos de sustancias estupefacientes» y cambiar la misma por la realización de un tratamiento de desintoxicación en un organismo autorizado.
En concreto, tres de los acusados que han llegado a este acuerdo de conformidad –de tres años y siete meses– fueron interceptados en la embarcación semirrígida transportando un alijo de 60 fardos de hachís, que arrojó un total de 1.800 kilos de esta droga.
Asimismo, en esta jornada se han matizado las conformidades y no se han producido declaraciones testificales ni periciales, así como se ha acordado reducir el número de estas comparecencias eliminando las de testigos que se consideran «no necesarios».
Igualmente, estos cuatro acusados se enfrentaban también a dos multas de diez millones de euros cada una, que han sido suspendidas al declararse insolventes, por lo que cumplirán 15 días más de cárcel por cada una –un mes más–, lo que ha elevado la pena a los tres años y siete meses.
Por otra parte, el juicio continúa este jueves para el resto de acusados –once– y, aunque en principio solo estaban previstas dos sesiones, se ha ampliado a una más, que previsiblemente se celebrará el próximo día 3 de noviembre.
La acusación
Estas personas fueron detenidas en 2019 durante una operación en la que se llevaron a cabo registros en domicilios y lugares empleados por la red para mantener su infraestructura en las provincias de Huelva –Bollullos, Palos de la Frontera, San Juan del Puerto y Gibraleón–, Cádiz –Algeciras– y Sevilla –Huévar del Aljarafe–.
Asimismo, el Ministerio Fiscal señalaba como un hecho en su escrito que «desde al menos el mes de marzo de 2019, los acusados, de manera estable y continuada en el tiempo desarrollaron tareas ilícitas conjuntas con la finalidad de lograr la introducción de sustancias estupefacientes, concretamente hachís, por vía marítima en las costas españolas».
De la misma manera, detalla que los acusados se estructuraban «de una manera clara», y «con un reparto de funciones que permitía lograr su propósito delictivo común, vinculado al tráfico de drogas» y destaca a cuatro de ellos como los responsables principales de la rama operativa, de la logística marítima, y de la logística terrestre.
Igualmente, la Fiscalía considera que los acusados no se ponían de acuerdo «únicamente» para «la comisión puntual de un hecho delictivo vinculado al tráfico de drogas», sino que «esta organización dedicada a la introducción de sustancias estupefacientes por las costas españolas suponía una ilegal y lucrativa fuente de ingresos, y a su vez les permitía disponer de un entramado logístico que facilitó el éxito de sus propósitos criminales».
La Fiscalía considera que dicho entramado «permitía a los acusados obtener la infraestructura necesaria para preparar las embarcaciones adecuadas para la introducción vía marítima de la sustancia estupefaciente».
Finalmente, los días 10 de julio, 26 de julio, 30 de julio y 31 de julio de 2019 se realizaron alijos con la una embarcación que transportaba la droga entre Cádiz y Huelva y que fue avistada por las fuerzas y cuerpos de seguridad, con la huida de sus tripulantes e intervención final de un alijo de 1.800 kilos de hachís, compuesto por 60 fardos con un valor en el mercado ilícito de más de 2,8 millones de euros.
