Tendrá lugar el miércoles a las 16 horas en la puerta del ayuntamiento
Agricultores de frutos rojos de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado (Huelva) se concentran este miércoles en Rociana del Condado para mostrar su apoyo a la Proposición de Ley (PDL) del Plan de regadíos de la Corona Norte de Doñana registrada por PP y Vox en el Parlamento andaluz para la regulación de las zonas de regadío de la Corona Norte de Doñana que atañe a los municipios de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado.
Según la plataforma, esta PDL «busca hacer justicia y reparar el daño causado a sus familias» y esperan conseguir el apoyo del resto de grupos», según ha explicaba el portavoz de la plataforma, Julio Díaz.
La concentración tendrá lugar a las 18.00 horas en la plaza de la Constitución, junto al Ayuntamiento de Rociana del Condado, y a ella «está previsto que asistan agricultores del Condado con sus familias, representantes del sector de los frutos rojos, proveedores de los negocios de frutos rojos -embalaje, etiquetado, maquinaria agrícola y talleres-, negocios de los cinco pueblos.
Los agricultores van a solicitar públicamente «justicia para el Condado» y aseguran que «se sienten ilusionados con un texto que ha sido consensuado» con ellos, y al que «arropa todo el sector de frutos rojos», del que reciben «apoyo expreso», así como «la sociedad civil».
Asimismo, señalan que la PDL «es una herramienta para resarcir, solucionar y revertir el daño causado cientos de familias de agricultores» con un texto en el que «no se toca el espacio natural, ni es ampliación de regadíos; no se toca el acuífero, ni significa amnistía».
La Asociación Interprofesional de la Fresa Andaluza, Interfresa, ha indicado que acudirá a esta concentración para mostrar su «apoyo» a la Proposición de Ley y al sector de los frutos rojos de la comarca del Condado, de los municipios de Moguer, Lucena del Puerto, Rociana del Condado, Bonares y Almonte, «porque suponen el 80% del sector en la provincia de Huelva» y, además, «son ejemplo de buenas prácticas y buen hacer en un entorno privilegiado».
Con esta PDL PP y Vox señalaron que pretenden impulsar que terrenos que eran de regadío antes del Plan de Ordenación de 2014 sean considerados como tales dentro de las zonas B y C, zonas de una menor protección ambiental y que en 2014 se describieron, respectivamente, como «los espacios agrícolas intersticiales de la zona A» y «los terrenos no incluidos en las zonas anteriores».
La precisión que ahora hacen con respecto a la impulsada en enero de 2022 es apuntar que «estos terrenos podrán obtener derechos de aguas, que procederán de aguas superficiales, salvo que la administración hidráulica de la Demarcación Hidrográfica donde se encuentren estos terrenos establezca un origen de recursos diferente».
Se invoca en el texto la previsión contenida en la Ley 10/2018 sobre la transferencia de 19,99 hectómetros cúbicos desde la Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, que prevé ese trasvase para «garantizar el abastecimiento de los municipios del Condado de Huelva, mejorar la garantía del riego, la recuperación de los acuíferos de la zona y el equilibrio hídrico del entorno y especialmente del Parque de Nacional de Doñana».
Los argumentos de la propuesta
En la exposición de motivos del texto se apunta que «en un ejercicio de honestidad, es sano recordar que no se trata de nuevos suelos agrícolas en modo alguno, son suelos agrícolas que lo eran antes de la entrada en vigor del Plan Especial, no se aumenta en modo alguno la superficie real y se busca dar una solución de legalidad y justicia material a ciudadanos y empresas».
La novedad de esta Proposición de Ley conjunta de PP y Vox en comparación con el texto de enero de 2022 es la inclusión de cultivos forestales de turno corto dentro de la zona de mayor protección de Doñana, descrita como Zona A en el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana (PEOCFD), aprobado en diciembre de 2014 con el Decreto 178/2014.
Ese Plan de 2014 incluye en esa zona A, que reproduce los criterios establecidos en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTAD), terrenos como los Espacios Naturales Protegidos, «los terrenos no grafiados como tales en la cartografía del Plan, que hayan transformado el uso forestal sin autorización de la Administración forestal competente».
El matiz que introducen PP y Vox en su Proposición de Ley es una excepción a ese precepto para «las superficies en las que se hubieren implantado cultivos forestales de turno corto, según lo previsto en la Ley Forestal de Andalucía».
Ambos grupos proponen modificar el artículo 23.4.a) del Plan de Ordenación de 2014, relativo a terrenos con un expediente sancionador por cambio de uso sin autorización de terreno forestal a agrícola, para precisar que «no se aplicará esta exclusión a aquellas superficies que tengan la consideración de agrícola, según la normativa vigente».
Quieren cambiar el artículo 23.5 del Plan de 2014, que define como suelos agrícolas los que legalmente tienen derecho de agua para regadío como aquellos terrenos agrícolas que pudieran ser regularizados, «siempre y cuando cumplan los requisitos del apartado 3. a) o c) y no estén incursos en las circunstancias excluyentes del apartado 4».
Buscan modificar también la regulación de la Comunidad de Regantes para establecer que «para dicha constitución se requerirá estar incluidos en los suelos agrícolas regables, así como la documentación acreditativa de la existencia de la explotación en regadío de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.3 de este Plan Especial y de los derechos de agua correspondientes».
Y a esto añaden como nuevo artículo 39.1.c) del Plan de Ordenación de 2014 que «los solicitantes deberán aportar documentación acreditativa de que su explotación cumple los requisitos para ser calificada como suelo agrícola regable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.3 de este Plan Especial».
Proponen también la modificación de la Ley Forestal de Andalucía y del Reglamento Forestal de Andalucía, así como crear una Oficina de Seguimiento del Plan.
La negativa de Europa
Por su parte, la Comisión Europea ha enviado un ultimátum a España para que ponga en marcha las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que obliga a proteger el humedal de Doñana, antes de denunciar de nuevo el caso ante el TJUE para pedir una multa por su incumplimiento reiterado.
En una carta, la directora de Medio Ambiente de la Comisión alude a la proposición de ley de la Junta de Andalucía para la regularización de cultivos de regadío ilegales en Doñana y da un plazo de un mes a las autoridades españolas para explicar «cómo se han cerciorado de que el plan de mejora del regadío no producirá efectos perjudiciales para la integridad de los espacios protegidos».
Este aviso llega ocho meses después de que Bruselas iniciara el procedimiento de infracción tras constatar que no se está poniendo remedio para proteger el humedal de Doñana, según lo dictado por el TJUE en primer fallo, y advierte del «riesgo» que implica la nueva proposición de ley que se presentó ante el Parlamento de Andalucía el pasado 3 de marzo para poder cumplir la sentencia.
