TINTO NOTICIAS

Etiqueta: Tribunal Supremo

  • El Ayuntamiento recurre la sentencia que revoca la expropiación del Recre

    El Ayuntamiento recurre la sentencia que revoca la expropiación del Recre

    El Consistorio agotará «todas las vías a nuestro alcanza para garantizar el futuro del club»

    El Ayuntamiento de Huelva a través de sus servicios jurídicos ha presentado dos recursos contra la sentencia del TSJA que revoca la expropiación municipal de las acciones del Recreativo de Huelva a Gildoy España realizada en 2016. Así lo ha anunciado el segundo teniente de alcalde y concejal de Economía, Francisco Muñoz. Éste ha estado acompañado por la concejal de Deportes y presidenta de la empresa municipal Huelva Deporte, María de la o Rubio.

    De los dos recursos, el primero de ello se plantea por una infracción de normas del derecho estatal, por lo que deberá resolver el Tribunal Supremo mientras que el segundo se eleva al TSJA con sede en Granada. Muñoz ha explicado que “nuestros servicios jurídicos consideran que se han podido infringir al menos dos artículos por parte del TSJA”. En cuanto al segundo, “nuestros servicios jurídicos defienden que la declaración como BIC de carácter etnológico debe incluir también su actividad, estando la actividad garantizada a través de las acciones de la SAD ya que sin ésta no hay actividad”.

    La defensa del Recre es “una prioridad para este equipo de Gobierno. Nuestro compromiso es absoluto, firme e inquebrantable. Nuestra alcaldesa Pilar Miranda está volcada en la defensa e implicada en cada uno de los pasos que estamos dando. Por ello, agotaremos todas las vías dentro de la legalidad para garantizar su futuro en las manos adecuadas. Y es por ello que trabajamos en diferentes escenarios con respuestas para todos ellos. Vamos a agotar todas las vías a nuestro alcance para garantizar el futuro del Recre”.

    Los recursos presentados son fruto “un gran trabajo a cargo de nuestros servicios jurídicos, a los que quiero felicitar”. Desde que se recibió el fallo “nos pusimos a trabajar sin descanso. Han sido semanas de muchísimo esfuerzo. Una labor en la que además hemos contado con el asesoramiento externo de los mejores expertos en la materia. El resultado de ello es un análisis de la sentencia en el que consideramos que existe base suficiente para recurrir con garantías”.

    Antes del anuncio y como prueba de la unidad que impera en la defensa del Recreativo fueron informados todos los partidos de la oposición de los recursos así como la hoja de ruta trazada por el equipo de Gobierno.“El Recre es una de las grandes señas de identidad de ciudad, un bien de interés general cuya defensa debe implicar la unidad de todos. En la defensa del Recre estamos todos unidos”, ha destacado Muñoz.

    En la comparecencia ante los medios, el concejal de Economía ha explicado además los diferentes escenarios posibles. Ha asegurado que “el Ayuntamiento tiene respuestas jurídicas y judiciales previstas en todos los casos”. Ha recalcado que “vamos a agotar todas las vías a nuestro alcance para garantizar el futuro del Recre”. Cuestionado por la posibilidad de una ejecución de la sentencia, ha insistido en que “Gildoy deberá explicarle al Ayuntamiento cómo va a devolverle los más de 28.000.000,00 euros que lleva puestos desde su expropiación en 2016 por el anterior equipo de gobierno hasta la fecha”.

    Por ello, “el Ayuntamiento trabaja en todos los escenarios posibles dentro de la legalidad. Uno de ellos es la venta de las acciones por parte de Gildoy. Queremos un futuro del club en manos solventes en todos los aspectos. Cualquier futuro comprador sabe que debe ir de la mano del Ayuntamiento por muchos factores. Uno de ellos es porque deberá resolver cómo tiene previsto pagar los 28 millones de euros que debe el club al Ayuntamiento y porque el Ayuntamiento como propietario del 22% de las acciones a través de Huelva Deporte va a formar parte de la propiedad siempre”. Este Ayuntamiento ya se ha dirigido a grupos serios y rigurosos que estarían dispuestos a afrontar la operación pero Gildoy debe facilitarla. Una operación en la que el futuro propietario del Recre debe explicar cómo va a afrontar la deuda de 28 millones del club con el Ayuntamiento.

  • El Supremo da la razón a la Diputación de Huelva y obliga a la Junta a consensuar la ayuda a domicilio

    El Supremo da la razón a la Diputación de Huelva y obliga a la Junta a consensuar la ayuda a domicilio

    Resuelve favorablemente la demanda presentada por la institución provincial

    La justicia ha dado la razón a la Diputación de Huelva al resolver favorablemente la demanda presentada por la institución provincial en la que se entendía que la Junta de Andalucía no había cumplido la legislación vigente a la hora de regular la prestación de la ayuda a domicilio, dejando fuera de la actualización del convenio de colaboración a las entidades locales como diputaciones y ayuntamientos, que prestan el servicio a la ciudadanía.

    Desde la Diputación de Huelva han mostrado su satisfacción por la resolución favorable de esta demanda que a su juicio tendrá un impacto positivo en toda Andalucía, puesto que la Junta tendrá que elaborar un nuevo modelo de convenio de colaboración negociado en el que se respete la autonomía local y se articulen las relaciones con las entidades locales de acuerdo a la normativa vigente.

    Asimismo, han destacado que se trata de una excelente noticia, especialmente, para las personas dependientes, puesto que va a permitir que las aportaciones de los ayuntamientos y diputaciones mejoren y enriquezcan la gestión de este servicio. De esta forma, «se garantiza que la Junta de Andalucía no ignore a las entidades locales que prestan este importante servicio cada día y conocen como nadie la situación y necesidades del mismo», añaden.

    Los servicios jurídicos de la Diputación solicitaron la nulidad de la Orden de 7 de octubre de 2019 de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación por la que se aprobaba el modelo actualizado de convenio de colaboración para la prestación del mencionado servicio en todo el ámbito regional y que en el caso de la provincia de Huelva se canaliza a través del ente provincial.

    Para ello, los servicios jurídicos de la Diputación interpusieron un Recurso Contencioso-Administrativo en fecha 13/10/2020, al considerar que se omitía de manera flagrante el procedimiento legal y por ausencia de bilateralidad del convenio que aprobaba la Orden, vulnerando la autonomía local de la institución, e incumpliendo, además, el artículo 49 de la ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, referido a los convenios administrativos.

    La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, dictó sentencia, en fecha de 11 de junio de 2021, estimando el recurso interpuesto por la Diputación y declarando la nulidad de pleno derecho de la Orden, con imposición de las costas a la Junta de Andalucía.

    Esta sentencia fue recurrida por la Junta de Andalucía ante el Tribunal Supremo, acordando este, finalmente, su inadmisión mediante Providencia en fecha del 15 de diciembre de 2022, con imposición de nuevas costas a la Junta de Andalucía y sin dar lugar a recurso alguno por parte de la administración regional.

  • El Supremo tumba la segregación de Tharsis

    El Supremo tumba la segregación de Tharsis

    La Sala III del Alto Tribunal inadmite los recursos contra la sentencia que anulaba la creación del municipio

    La Sala III del Tribunal Supremo (TS) ha inadmitido a trámite el recurso de casación preparado por las representaciones de la Entidad Local Autónoma de Tharsis y del Ayuntamiento de Alosno y por el letrado de la Junta de Andalucía contra la sentencia de 20 de octubre de 2020, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que anuló el Decreto por el que se aprobaba la creación del municipio de Tharsis, en Huelva, por segregación del término municipal de Alosno, al estimar un recurso de la Asociación por Alosno.

    En un auto, el Supremo destaca que los recurrentes, en sus respectivos escritos, no han fundamentado suficientemente, con singular referencia al caso concreto, la concurrencia de los supuestos de interés casacional y la conveniencia de un pronunciamiento del Tribunal Supremo, destacando que existe reiterada doctrina de la Sala respecto de la cuestión concernida relativa a la aplicación retroactiva de las normas, pretendiéndose un pronunciamiento sobre el caso concreto incompatible con el vigente sistema casacional.

    El auto del Supremo recuerda que la sentencia del TSJ andaluz anuló el Decreto por el que se aprobaba la creación del municipio de Tharsis “al considerar que éste no cuenta con una población mínima de 5.000 habitantes -requisito exigido por en el artículo 13.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, según redacción dada por la Ley 27/13-, entendiendo que el referido precepto resulta de aplicación, al ser la norma vigente al momento de dictar la resolución, sin que contenga precepto de derecho transitorio alguno que excluya su aplicación a procedimientos de segregación de municipios iniciados antes de su entrada en vigor”.

    La Asociación por Alosno ha mostrado su satisfacción por la decisión del Tribunal Supremo, expresando una vez más su confianza en el Estado de Derecho y haciendo un llamamiento a la convivencia. Además, también ha llamado a los responsables políticos de Alosno y Tharsis cuyas tesis han sido derrotadas que, «en coherencia, asuman sus responsabilidades políticas y económicas».

  • El TS rechaza el recurso contra la anulación de la AAU a la mina de Riotinto

    El TS rechaza el recurso contra la anulación de la AAU a la mina de Riotinto

    La empresa espera que la Junta resuelva pronto la concesión de la nueva autorización para que queden subsanados los defectos de forma

    El Tribunal Supremo (TS) no ha admitido a trámite el recurso de casación presentado por Atalaya Riotinto Minera contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anulaba la autorización ambiental unificada (AAU) concedida a la mina de Riotinto, si bien tal anulación se debía a defectos formales administrativos y no ponía en cuestión la continuidad de la actividad minera, según indicaron tanto la Junta de Andalucía como la propia empresa.

    Desde Atalaya Riotinto esperan que la administración autonómica resuelva «pronto» el trámite para la concesión de la nueva AAU, que se inició el pasado mes de julio, con lo que se subsanarían los defectos «meramente formales» que afectaron al procedimiento, han añadido desde la compañía.

    Tal y como ya informó TINTO NOTICIAS -El periódico de la Cuenca Minera de Riotinto-, la Junta abrió el pasado mes de julio el procedimiento para otorgar una nueva AAU a la explotación de la mina de Riotinto, para lo que puso en información pública los documentos que no sometió a ese trámite en el procedimiento anterior.

    En ese momento, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, Bella Verano, explicó que, con este procedimiento, se ejecuta la sentencia judicial que fue dictada tras el recurso interpuesto por la Federación de Ecologistas en Acción de Andalucía. El objetivo es “subsanar el error que se produjo en la tramitación ambiental”, destacó, al tiempo que insistió en que la sentencia solo señalaba que la autorización es “anulable” por un “defecto de forma”, por lo que “en el fondo no hay ninguna ilegalidad”, zanjó.

    Por su parte, desde Atalaya Riotinto Minera destacaron que la sentencia judicial no ponía en cuestión la continuidad de la actividad minera, al tiempo que insistieron en que es la Administración autonómica la que debe solucionar los defectos administrativos que según la sentencia se produjeron en su momento, que consisten en que no se sometieron a información pública algunos documentos que la Junta entendía que no debían pasar ese trámite.

    Desde Atalaya ya manifestaron, cuando el mismo TSJA anuló el permiso de la actividad minera el pasado mes de abril, que con esa sentencia, que se basaba en la previa anulación de la AAU, se despejaban “las dudas generadas en los accionistas, empleados y en general en el ámbito de influencia de la operación que hoy en día representa un importante flujo económico en la provincia, soportando más de 800 empleos, y que, tras años de abandono, ha llevado a la mina de Riotinto a cumplir con todos los estándares de excelencia en materia ambiental actuales”.

    La empresa explicó que la nueva sentencia resolvía un Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto también por la organización Ecologistas en Acción, que, “en su búsqueda de un pronunciamiento judicial de paralización completa de la mina, ha estado alegando múltiples deficiencias en el procedimiento administrativo”, continuaron desde Atalaya.

    No obstante, la compañía señaló que estas alegaciones no fueron tenidas en cuenta por la Sala, pues el Alto Tribunal anuló la resolución de reinicio “exclusivamente por la existencia de un pronunciamiento de ese mismo Tribunal que declaraba la anulabilidad de la AAU por un defecto de forma en el procedimiento de información pública, defecto que según el TSJA afectaba al derecho de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones ambientales”, recordaron desde Atalaya.

    Ante esta situación, la empresas y sus asesores legales consideraron que “queda claro que ha de ser la Administración andaluza quien, a la luz de las diferentes opciones que ofrece la legislación, cumpla los pronunciamientos judiciales y subsane el defecto administrativo que originó la situación jurídica actual”, tras lo que indicaron que “la pronta resolución de esta cuestión redundará sin duda en beneficio de Andalucía y su imagen como destino atractivo para la inversión por su seguridad jurídica y conformarse como un entorno favorable a la industria responsable y excelente, como es en particular la de la minería metálica andaluza”.

    Atalaya también consideró que la sentencia “ni pone en cuestión la continuidad del proyecto ni afecta a los planes que ya conoce la Administración de invertir más de 80 millones de euros en la modernización necesaria para ampliar la actividad productiva”, por lo que sigue estando “a disposición de todas las partes interesadas, incluyendo Administración, organizaciones ecologistas, sindicatos, empleados y ciudadanía en general para seguir colaborando con transparencia por una minería excelente en los planos ambiental y de seguridad y seguir así aportando empleo y riqueza a la región de manera sostenible”, concluyeron desde la compañía.