Etiqueta: tribunales

  • Detienen a dos personas por la muerte de un trabajador en una finca de Lucena

    Detienen a dos personas por la muerte de un trabajador en una finca de Lucena

    Un juzgado de Moguer investiga a un propietario por un presunto homicidio imprudente y a otro por no facilitar las medidas de protección

    La Guardia Civil de Huelva ha detenido a dos hombres por la muerte de un trabajador que tuvo lugar en una finca de Lucena del Puerto el pasado 7 de junio, cuando el empleado perdió la vida tras caer a un pozo.

    Desde el Instituto Armado han explicado que los dos detenidos son los propietarios de la finca en la que se produjo el suceso, de cuya investigación se encarga el juzgado de instrucción número 2 de Moguer.

    Las mismas fuentes han señalado que uno de los propietarios ha sido detenido por los presuntos delitos de homicidio imprudente y no facilitar las medidas de protección, mientras que el segundo solo ha sido detenido por este segundo delito.

  • Decretan el ingreso en prisión del presunto autor del crimen de Alicia Rodríguez

    Decretan el ingreso en prisión del presunto autor del crimen de Alicia Rodríguez

    El detenido, que era pareja de la víctima, será investigado será investigado por un presunto delito de homicidio doloso o asesinato

    El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Andújar ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de Manuel Q.S. como presento autor de la muerte de su pareja, la reportera gráfica onubense Alicia Rodríguez, que falleció atropellada en la madrugada del pasado sábado en Marmolejo (Jaén).

    Según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el detenido ha prestado declaración ante el titular del juzgado competente en Violencia sobre la Mujer y será investigado por un presunto delito de homicidio doloso o asesinato, de acuerdo con la calificación judicial de los hechos realizada por el ministerio fiscal, tras lo que a lo largo de la investigación se determinará el delito por el que se llevará a cabo la instrucción judicial.

    Asimismo, las mismas fuentes han informado de que el referido juzgado de Andújar se inhibirá en favor de los órganos judiciales de Huelva, dado que es en esta capital donde tenía su residencia la víctima, que tenía 36 años y trabajaba como reportera gráfica en la televisión local Teleonuba. 

    El acuerdo dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Andújar se ha producido después de que el detenido, de 35 años, fuese puesto este lunes este a disposición judicial tras haber permanecido en las dependencias de la Guardia Civil de Jaén desde la madrugada del pasado sábado, cuando solicitó una ambulancia para una mujer y contar a la Benemérita que había sido atropellada por un vehículo.

    Los hechos sucedieron en un camino rural situado a unos 200 metros del cementerio municipal alrededor de las 3.30 horas del sábado, momento en el que el detenido pidió una ambulancia para la mujer porque según dijo había sufrido un accidente, tras lo que los servicios sanitarios encontraron a Alicia Rodríguez ya fallecida y con signos de haber sido atropellada.

  • Pasa a disposición judicial el detenido por la muerte de Alicia Rodríguez

    Pasa a disposición judicial el detenido por la muerte de Alicia Rodríguez

    El hombre de 35 años que avisó del presunto accidente de la reportera gráfica de Teleonuba es trasladado a un juzgado de Andújar

    El detenido el pasado sábado en Marmolejo (Jaén) por la muerte de onubense Alicia Rodríguez, un hombre de 35 años y pareja sentimental de ésta, pasa este lunes a disposición de un juzgado de instrucción de la localidad jienense de Andújar, que será el encargado de investigar este posible caso de violencia de género que acabó con la vida de la reportera gráfica de Teleonuba.

    El detenido, que ha permanecido en las dependencias de la Guardia Civil de Jaén desde la madrugada del pasado sábado, cuando solicitó una ambulancia para una mujer y contar a la Benemérita que había sido atropellada por un vehículo, ha sido trasladado hasta Andújar para prestar declaración ante el juez, que deberá decidir sobre su situación tras escuchar su declaración y recibir el informe de la autopsia y las diligencias de la Guardia Civil, como han informado desde EFE.

    Los hechos sucedieron en un camino rural situado a unos 200 metros del cementerio municipal alrededor de las 3.30 horas del sábado, momento en el que el detenido pidió una ambulancia para la mujer porque según dijo había sufrido un accidente, tras lo que los servicios sanitarios encontraron a Alicia Rodríguez, de 36 años, ya fallecida y con signos de haber sido atropellada.

    A continuación, tal y como ya informó este periódico, la Guardia Civil procedió a la detención del hombre hasta que se realizase la autopsia y se dilucide cómo se produjeron los hechos, ya que trabajó tanto con la hipótesis de que fuera un accidente como de que se trate de un caso de violencia de género.

  • Seis años de internamiento para el menor que mató a su madre en La Antilla

    Seis años de internamiento para el menor que mató a su madre en La Antilla

    La agarró por el cuello hasta causarle la muerte por asfixia

    El Juzgado de Menores de Huelva ha condenado por «homicidio doloso con agravante de parentesco» al menor acusado de matar a su madre en julio de 2020 en el núcleo lepero de La Antilla. Así, se le impone al joven seis años de internamiento en régimen cerrado con tratamiento ambulatorio de salud mental, complementada con tres años de libertad vigilada con asistencia educativa.

    Según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, y que no es firme, por lo que cabe interponer recurso de apelación contra la misma, a la condena se le computará el tiempo que el menor ha pasado en internamiento como medida cautelar.

    De este modo, el Juzgado de Menores considera probado que el 19 de julio de 2020 se inició una discusión entre el joven y la madre por la negativa de esta ante las pretensiones del menor de marcharse al domicilio en el que vivían el resto del año, durante la cual «le arrebató el teléfono móvil y lo lanzó por la ventana» y, a continuación, «agarró a su madre por el cuello sabiendo que con esa conducta causaría el fallecimiento de la misma, presionando hasta causarle la muerte por asfixia».

    Así, según reza la sentencia, «a continuación, el joven expedientado trasladó el cuerpo de la fallecida a la habitación de esta para que el perro no la viera, y tras preparar unos cubos con agua y comida para el perro, se fue a la habitación con el referido animal, donde transcurrió un tiempo» y prosigue que «a las 16,26 horas fue cuando realizó una llamada para manifestar que había matado a su madre».

    En este punto, según la sentencia, una vez personados los efectivos de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial en la vivienda «el joven comunicó a los agentes que había matado a su madre y ,si bien en dependencias policiales se negó a declarar, en la Fiscalía reconoció que la había matado».

    Por otra parte, en la sentencia se explica que «no queda acreditado que en el momento de los hechos el menor tuviera sus facultades cognitivas y volitivas afectadas parcial o totalmente y que la autopsia constató como la causa de la muerte la asfixia por estrangulación».

    Asimismo, se recoge que de la prueba practicada en la Audiencia «queda acreditado que los hechos ocurrieron tal y como se describen en los declarados como probados», destacando como «prueba principal incriminatoria» la propia confesión del acusado, «que desde un inicio reconoce los hechos cometidos», que son «corroborados» por otras pruebas como el informe de la autopsia, las testificales desarrolladas en la Audiencia y las periciales ratificadas en el plenario.

    Según la sentencia, «la mecánica del estrangulamiento excluye cualquier consideración de comisión imprudente, toda vez que se trata de un modo de obtención del resultado de muerte en el que es necesario un comportamiento mantenido en el tiempo».

    Cabe recordar que por auto del 20 de junio de 2020 se acordó la medida cautelar de internamiento en régimen cerrado con valoración en salud mental, medida que fue prorrogada el 15 de enero de 2021.

  • En libertad con cargos cuatro policías locales de Lepe por corrupción

    En libertad con cargos cuatro policías locales de Lepe por corrupción

    Por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, infidelidad en la custodia de documentos públicos y falsificación de documento oficial

    El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ayamonte ha acordado la puesta en libertad provisional para cinco personas, cuatro de ellos policías locales de Lepe, que han comparecido este martes en calidad de investigados dentro de la investigación iniciada el pasado mes de febrero en el que fueron detenidos dos agentes de la Policía Local del municipio, uno de ellos el exjefe del cuerpo policial.

    Así, según ha indicado el TSJA, la otra persona investigada no tiene nada que ver con el cuerpo policial y los cuatro agentes han declarado en calidad de investigados y detenidos, decretando el juzgado la libertad provisional, así como se les ha impuesto como medida cautelar la comparecencia en el órgano judicial los días 1 y 15 de cada mes, la retirada de pasaporte y la prohibición de salida de territorio nacional.

    La investigación se centra en el esclarecimiento de la comisión continuada de presuntos delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, infidelidad en la custodia de documentos públicos y falsificación de documento oficial. La causa se encuentra bajo secreto de sumario.

    Cabe recordar que el 1 de febrero dos agentes de la Policía Local de Lepe fueron detenidos después de que efectivos de la Policía Judicial de la Guardia Civil acudieran a las dependencias del cuerpo policial en el municipio donde se intervino diverso material.

    Tras ello, el Ayuntamiento lepero abrió expediente disciplinario «por falta grave» a los dos agentes, lo que implicaba la suspensión de sus actuales funciones, aplicándose «con efecto inmediato» y hasta la resolución judicial.

     
  • La Justicia rechaza el recurso de Ecologistas contra la mina de Riotinto

    La Justicia rechaza el recurso de Ecologistas contra la mina de Riotinto

    Desestiman el recurso contra la modificación de la AAU, en el que se pedía la suspensión cautelar de las obras de recrecimiento y operaciones en las presas de estériles

    La Justicia ha dicho ‘no’ al recurso de Ecologistas en Acción contra la Autorización Ambiental Unificada (AAU) de la mina de Riotinto, de forma que la compañía encargada de la explotación del yacimiento, Atalaya Riotinto, podrá seguir adelante con las obras de recrecimiento y las operaciones de descarga en las presas mineras, conocidas también como depósitos de estériles.

    En concreto, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Huelva ha emitido una sentencia en la que desestima el recurso de la organización conservacionista, que pedía la suspensión cautelar de las actuaciones citadas mientras se resolvía su recurso contra la resolución de la Junta de Andalucía que modificó la AAU del Proyecto ‘Riotinto’ para las mejoras operativas y de seguridad en el recrecimiento de las presas.

    La sentencia, contra la que cabe recurso, señala que la solicitud de Ecologistas no cumple los requisitos exigidos en la nueva Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA), ya que esta permite cualquier medida que sea adecuada para evitar o paliar los perjuicios que pueda provocar la medida cautelar, por lo que «la suspensión no afecta al interés general», añade la sentencia, tal y como han informado desde Europa Press.

    La sentencia también recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ya denegó el recurso de Ecologistas en Acción en el que se pedía, también como medida cautelar, la suspensión de la antes referida actuación administrativa, una denegación que se basa en que «la medida cautelar de suspensión no recae sobre la resolución impugnada, sino sobre actos posteriores de ejecución o supuesto incumplimiento de la resolución impugnada, que no son objeto del presente recurso».

    «No se pretende con esta medida cautelar preservar la finalidad legítima del recurso sino controlar la correcta explotación de la actividad minera respecto del vertido de lodos», indicaron desde el TSJA, que añadió que «corresponde a la administración la vigilancia y control de la correcta explotación».

  • La Fiscalía pide ocho años de internamiento para el menor acusado de matar a su madre en La Antilla

    La Fiscalía pide ocho años de internamiento para el menor acusado de matar a su madre en La Antilla

    La investigación apunta a que la estranguló con las manos causándole fallecimiento por asfixia

    La Fiscalía de Menores de Huelva ha solicitado la medida de ocho años de internamiento en régimen cerrado con tratamiento ambulatorio de salud mental seguida de una medida cinco años de libertad vigilada con asistencia educativa para el menor acusado de matar a su madre el pasado mes de julio en el núcleo lepero de La Antilla.

    Según detalla el escrito de alegaciones del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, el joven de 17 años pasaba el verano en la localidad costera con su madre cuando sobre las 15,00 horas del día 19 de julio de 2020 se inició una discusión verbal entre ambos en el domicilio, «hasta que llegó un momento en el que él, con ánimo de acabar con la vida de su madre, y sin que conste si actuó solo o en compañía de otras personas, procedió a dar muerte a la misma, estrangulándola con las manos, causándole fallecimiento por asfixia».

    Asimismo, el escrito señala que, tras el suceso se intervino un teléfono móvil, que fue, apunta, «objeto de la discusión previa» y un cojín, del que creen que «se habría servido el expedientado en el hecho».

    Tras ello, el juez de Menores de Huelva acordó la medida cautelar de internamiento en régimen cerrado como se determinó en un auto del Juzgado de Menores de Huelva de fecha 20 de julio de 2020.

    De este modo, el escrito de acusación sostiene que los hechos relatados son constitutivos de un delito de homicidio, por lo que solicita las medidas de ocho años de internamiento en régimen cerrado con tratamiento ambulatorio de salud mental seguida de una medida cinco años de libertad vigilada con asistencia educativa.

    De imponerse esta pena una vez celebrado el juicio, la misma se computará al tiempo transcurrido con carácter cautelar a la orden de internamiento cerrado decretado para el joven el pasado 20 de julio.

  • Casto Pino elude el banquillo por el desfalco del colegio de Ingenieros al llegar a un acuerdo

    Casto Pino elude el banquillo por el desfalco del colegio de Ingenieros al llegar a un acuerdo

    El junto a su mujer reconocen los delitos y serán coautores de delitos de apropiación indebida

    La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva tenía previsto el comienzo del juicio contra el gerente del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva (Coiti), Casto Pino, y su esposa, que fue secretaria del mismo, acusados de los presuntos delitos de apropiación indebida y falsedad documental en el órgano colegial. Dicho juicio comenzaba este lunes pero se ha alcanzado un acuerdo entre las partes para que se dicte una sentencia de conformidad y se imponga la pena de 14 meses de prisión para Casto Pino por ambos delitos y a su mujer, tres meses por el delito de apropiación indebida.

    De este modo, se ha alcanzado un acuerdo en el que se tiene en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas y la atenuante analógica de reconocimiento tardío. En concreto, se destaca que el procedimiento ha sufrido «numerosas paralizaciones no imputables a los acusados», tanto durante la fase de instrucción de la causa como durante la fase intermedia, lo que ha dado lugar que se dilate la tramitación durante casi ocho años.

    En concreto, como recoge el acuerdo, la Fiscalía interesa el dictado de una sentencia de conformidad y señala que los hechos son constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida, con especial gravedad, dado «el valor de la defraudación, la entidad del perjuicio y la situación económica en la que quedó la entidad perjudicada», y de un delito continuado de falsedad de documentos mercantiles.

    Así, se determina que Casto Pino y su mujer son «coautores del delito de apropiación indebida» y él es responsable, «en concepto de autor, del delito de falsedad». Por ello, considera que procede imponer al que fuera concejal popular de Urbanismo en Aljaraque la penas de ocho meses de prisión por el delito de apropiación indebida, así como seis meses de prisión por el delito de falsedad documental. Por su parte, señala que para su esposa se imponga la pena de tres meses de prisión por el delito de apropiación indebida.

    De otro lado, los efectos y el dinero intervenidos serán decomisados y aplicados al abono de la indemnización que corresponde al perjudicado, así como se establece que procede el decomiso de una finca.

    Respecto a la responsabilidad civil, ambos acusados, conjunta y solidariamente, y el tercero partícipe a título lucrativo, –una sociedad–, indemnizarán a Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva en la cantidad de 1.094.338 euros, misma cantidad con la que ambos supuestamente se enriquecieron hasta el año 2013.

    El fiscal para el abono de las responsabilidades civiles interesa se proceda al embargo definitivo de cuantos bienes, derechos y participaciones de los acusados Casto Pino y su esposa, de su sociedad, obren provisionalmente embargados en la causa.

  • Los tribunales abren diligencias contra el ex alcalde de Cartaya por construcciones en una finca de su propiedad

    Los tribunales abren diligencias contra el ex alcalde de Cartaya por construcciones en una finca de su propiedad

    Se investiga un delito urbanístico al haberlas levantado supuestamente en suelo no urbanizable

    La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva ha ordenado transformar las actuaciones en procedimiento abreviado de la causa contra el exalcalde de Cartaya, el independiente Juan Miguel Polo, en relación a dos construcciones supuestamente en suelo no urbanizable en una finca de su propiedad.

    De este modo, la Audiencia ha estimado parcialmente el recurso de apelación presentado por el exalcalde de Cartaya, el independiente Juan Miguel Polo, contra el auto del Juzgado de Ayamonte de mayo de 2019 que acordaba continuar con la causa en relación a dos construcciones supuestamente en suelo no urbanizable en una finca de su propiedad. Así, estima que deben seguir descartados los presuntos delitos contra la ordenación del territorio, contra el medio ambiente y el tráfico de influencias, pero sí considera aplicable el relativo a la prevaricación.

    En dicho auto, al que ha tenido acceso Europa Press, pese a que inicialmente el recurso de reforma de Polo fue estimado para el sobreseimiento de la causa, finalmente fue desestimado por el juzgado ayamontino, por lo que presentó recurso de apelación en la Audiencia Provincial.

    Por tanto, el auto recoge que «se ha de dar la razón» a Polo en que los presuntos delitos contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente «fueron descartados por autos anteriores» en 2015, así como en 2017 se inadmitió la ampliación de la querella por tráfico de influencias.

    De este modo, Polo apelaba, respecto al presunto delito de prevaricación, que los hechos no son constitutivos de infracción penal alguna y procede el sobreseimiento y archivo. No obstante, el auto señala que, aunque el recurrente pueda hacer alusión «al juego político desleal» como sustento o motivación de la querella, ello «no permite descartar otras posibilidades más honestas en el ejercicio de la acción penal cuando están implicados responsables políticos cuyo objetivo es servir al bien general».

    Por ello, el auto argumenta que «la conducta en la que viene a concretarse la posible actuación delictiva es principalmente omisiva», por lo que «mal puede venir de la mano de una resolución cuando lo que se viene a reprochar provisionalmente es la falta de la actuación debida a través de los mecanismos administrativos exigibles de paralización, sanción o restauración, por ser el acusado al mismo tiempo responsable público y persona que tenía interés particular en el mantenimiento de situaciones contrarias a la legalidad».

    Tras señalar que «existe material suficiente para afirmar en este momento actual la existencia de indicios que permiten continuar el procedimiento», el auto hace referencia a jurisprudencia del Tribunal Supremo en la que el Alto Tribunal ha admitido la posibilidad de cometer delito de prevaricación por omisión. De este modo, considera que procede dictar auto de transformación de las actuaciones a procedimiento abreviado por un presunto delito de prevaricación y señala que esto se notifique a la Fiscalía y demás partes.

    Finalmente, el exalcalde de Cartaya Juan Polo ha remarcado a Europa Press que esta causa «no tiene sentido» porque ya no es ni alcalde, así como ha afirmado que responde a «una cacería política«. De este modo, ha recordado que este auto es de finales de noviembre y que en esta causa «no hay perjudicados» y en dos ocasiones anteriores la Fiscalía se pronunció favorable el sobreseimiento, por lo que considera que esto «no tiene sentido».

     
  • Decretan el ingreso en prisión de la presunta autora del apuñalamiento en Nerva

    Decretan el ingreso en prisión de la presunta autora del apuñalamiento en Nerva

    El juzgado de Valverde deja en libertad a la segunda persona que fue detenida

    El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Valverde del Camino ha decretado el ingreso en prisión de la presunta autora de la agresión con arma blanca a una joven de 18 años que tuvo lugar el pasado domingo en Nerva.

    Así lo han comunicado a TINTO NOTICIAS -El periódico de la Cuenca Minera de Riotinto- desde la Guardia Civil de Huelva, una vez que el juzgado ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de la presunta agresora, la joven de 21 años que fue detenida el pasado domingo por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa.

    Asimismo, las mismas fuentes han informado a este periódico que el segundo detenido por este caso ha quedado «en libertad provisional con medidas cautelares», concretamente con una orden de alejamiento y la prohibición de comunicación con la víctima y sus familiares.

    Tal y como ya informó este periódico, esta segunda persona fue detenida como presunto cooperador necesario en la agresión, si bien no participó directamente en la misma, pues supuestamente habría llevado a la presunta agresora en su vehículo al lugar del suceso.

    Por su parte, la joven agredida continúa ingresada de gravedad en el Hospital de Minas de Riotinto, al que fue trasladada el domingo tras sufrir varias puñaladas en el pecho con un cuchillo casero, tal y como informaron fuentes de la investigación, de la que se encarga el equipo de la Policía Judicial de Valverde del Camino.

    Los hechos tuvieron lugar en la zona del eucalipto centenario situado a la salida Nerva por el barrio del Pozo Bebé en dirección a Peña de Hierro.